En una mesa de trabajo relacionada con el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, la Procuraduría General de la Nación revisó con la Gobernación de Caldas y las alcaldías de Chinchiná, Manizales y Villamaría los avances y los desafíos pendientes en materia de gestión del riesgo, el Registro Único de Daños (RUD) y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
En el encuentro, organizado por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y la Procuraduría Regional de Caldas, también se verificó la expedición y ejecución de los decretos de calamidad pública, la formulación de los Planes de Acción Específicos para la Recuperación, y la modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para la construcción de vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP).
Asimismo, en el marco de la actuación preventiva, se analizó la gestión del riesgo sísmico, la seguridad de la infraestructura esencial, la calidad en la prestación de los servicios públicos, y la protección y atención a la población damnificada.