Versiòn Infobae.
Un juez especializado de Antioquia condenó en primera instancia a 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes en cinco departamentos de Colombia.
El caso reúne hechos registrados en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Las víctimas tenían entre 8 y 17 años y pertenecían a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
El material expuesto durante el juicio indicó que los niños, niñas y adolescentes debían prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, recoger leña y realizar trabajos pesados. Algunos asumieron funciones de radiooperadores, mientras que otros participaron en combates, cobros extorsivos e instalación de explosivos.
La Fiscalía precisó que tres víctimas murieron mientras permanecían en las filas del ELN. El comunicado no especificó las circunstancias de esas muertes ni las identidades de los menores.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las pruebas en juicio oral. Según la entidad, los elementos reunidos permitieron acreditar “castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual” contra las víctimas.
Los hechos analizados por el juzgado abarcan un período de 14 años. La investigación estableció que las víctimas fueron llevadas a estructuras armadas en distintas regiones del país, donde quedaron bajo control de integrantes del ELN.
Cuatro integrantes del Coce recibieron las penas más altas
Además de los miembros del Coce, el juez sentenció a Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y dos meses de prisión. Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, recibió una pena de 12 años y ocho meses.
La sentencia también alcanzó a Darío de Jesús Castro; Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón. Los cuatro recibieron condenas de 11 años y ocho meses de prisión como jefes del Frente de Guerra.
Aunque el fallo impuso las penas, la decisión todavía no quedó ejecutoriada. La Fiscalía informó que la defensa apeló la sentencia de primera instancia, por lo que el caso deberá ser revisado por una instancia superior antes de que las condenas queden en firme.
Las medidas dispuestas por el despacho judicial buscan hacer efectivas las penas si la condena es confirmada y adquiere firmeza tras la apelación.