Nuevos hechos de inseguridad alteran el orden público en el oriente del Cauca, en límites con el Huila. Una abogada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dos escoltas fueron retenidos durante cerca de 40 minutos por hombres armados en zona rural de Itaibe, municipio de Páez.
La situación se registró cuando la abogada Sandra Mónica Herrera, quien trabaja en representación de exintegrantes de las Farc, se desplazaba junto con dos integrantes de su esquema de protección desde el municipio de Hobo hacia La Plata, en el Huila.
De acuerdo con la información conocida, el vehículo en el que se movilizaban fue interceptado por hombres armados que portaban fusiles, vestían prendas negras y utilizaban botas de caucho. Los sujetos obligaron a los ocupantes a descender del automotor y posteriormente les hurtaron las armas de dotación de los escoltas.
Según la JEP, los responsables aparentemente tenían conocimiento de que la camioneta pertenecía a la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que habría facilitado la identificación del vehículo.
La abogada y los dos escoltas fueron retenidos y posteriormente abandonados en una carretera destapada, cerca de un puente, en la vía que conduce hacia Páez. Los tres fueron encontrados en buen estado de salud.
La JEP pide garantías para sus funcionarios
Ante lo ocurrido, la JEP exigió al Gobierno Nacional adoptar medidas que permitan garantizar la seguridad de sus funcionarios y equipos de trabajo que se desplazan por los territorios.
“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales y la magistratura”, señaló el tribunal.
La JEP calificó lo sucedido como un secuestro, al considerar que las tres personas fueron retenidas mediante coacción, pese a que posteriormente fueron liberadas.
Una cadena de amenazas contra la abogada
El caso de Sandra Herrera se suma, según la JEP, a una serie de amenazas e intimidaciones que la abogada había denunciado previamente debido a su labor jurídica con exintegrantes de las Farc.
La litigante trabaja mediante un convenio con la organización FUPAD y, ante los riesgos advertidos para su seguridad, la UNP le asignó un esquema de protección el pasado 6 de mayo.
El hecho vuelve a generar preocupación por las condiciones de seguridad en esta zona del oriente del Cauca, especialmente en corredores que conectan con municipios del sur del Huila, donde continúan presentándose situaciones que afectan la movilidad y la seguridad de quienes transitan por el territorio.
Las autoridades deberán establecer quiénes fueron los responsables de la retención, el hurto del vehículo y de las armas de los escoltas, así como determinar las circunstancias que rodearon este nuevo episodio de alteración del orden público.