Almaguer, Jambaló y Suárez fueron escenario de nuevos hechos de violencia que generaron temor entre las comunidades. Entre los lesionados se encuentra una menor de edad.
Nuevos hechos que alteraron el orden público se registraron durante las últimas horas en diferentes municipios del Cauca, en medio de acciones atribuidas preliminarmente a estructuras residuales de las disidencias de las FARC y al ELN. Los ataques dejaron un saldo de seis civiles heridos, entre ellos varios menores de edad, según los primeros reportes conocidos.
La jornada comenzó en la cabecera municipal de Almaguer, en el Macizo Colombiano, donde se registró un ataque con drones contra la estación de Policía. El hostigamiento se prolongó durante más de una hora y generó momentos de pánico entre los habitantes.
De acuerdo con la información preliminar, no se registraron novedades entre los uniformados que se encontraban en la estación.
Posteriormente, en el municipio de Jambaló, en el oriente del departamento, integrantes de una estructura de las disidencias de las FARC habrían atacado el sector urbano mientras se desarrollaba una asamblea de la comunidad indígena en el polideportivo.
La situación provocó momentos de angustia y zozobra entre los asistentes. Sin embargo, la acción no pasó a mayores debido a la llegada de unidades de apoyo del Ejército Nacional, que hicieron presencia en el sector.
Horas más tarde se presentó otro hecho violento en zona rural de Suárez, en el norte del Cauca. Allí, una estructura armada habría utilizado un dron acondicionado con explosivos, que impactó en un sector donde se encontraba población civil.
Como consecuencia de este ataque, se reportan preliminarmente seis personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Organismos de socorro y unidades de la Fuerza Pública acudieron al lugar para atender la emergencia y apoyar la evacuación de los heridos hacia centros asistenciales de Cali.
Las autoridades mantienen presencia militar en las zonas donde se registraron los hechos con el propósito de garantizar la seguridad de las comunidades y evitar nuevas acciones de los grupos armados ilegales.
Los organismos competentes avanzan en la verificación de las circunstancias en las que ocurrieron los ataques y en la evaluación de las afectaciones ocasionadas a la población civil.