Versiòn Infobae.
En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio a conocer la información que conocen hasta ahora las autoridades y el Gobierno nacional sobre los incendios que se han registrado en el departamento de Tolima. De acuerdo con el jefe de la cartera, hay indicios que permiten concluir que los incendios estarían siendo provocados por criminales presuntamente vinculados a las disidencias de las Farc o a grupos criminales que están detrás del negocio de la minería ilegal.
El ministro aseguró que esas personas llegan a esos puntos con único objetivo: crear una narrativa de que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, y las autoridades departamentales y municipales no están haciendo nada para hacer frente a la grave situación que se está presentando por los incendios.
El jefe de la cartera aseguró que con la atención de la emergencia derivada del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia el 10 de agosto también se están presentando situaciones de ese tipo. Al parecer, algunos grupos de personas han hecho presencia en puntos de intervención de las autoridades y han insultado a rescatistas, voluntarios y uniformados.
“Algo muy parecido hemos observado, por ejemplo, en los puntos de atención del desastre del terremoto en ciudades como Cali. Están los rescatistas, los bomberos, la fuerza pública intentando salvar vidas, levantando escombros, y allá llegan extrañamente grupúsculos de personas que se presentan como voluntarios, pero realmente llegan a insultar a los bomberos, insultar a la fuerza pública o después la emprenden contra los israelíes”, explicó Lara.
Rodrigo Lara aseguró que la población ya sabe que ese tipo de episodios pueden presentarse. Además, indicó que el Gobierno nacional y las autoridades no permitirán que queden impunes los actos que pongan en riesgo la vida de los rescatistas o que perturben la labor de la fuerza pública.
“Nosotros respetamos todas las expresiones políticas, respetamos el derecho pleno y total, porque así lo garantiza la Constitución, de ejercer la oposición, pero en los cauces democráticos. No nos gustan y no son compatibles con la Constitución ni con el Estado de derecho, frentes de lucha que pongan en peligro la vida de los colombianos y que perturben la acción legítima de la fuerza pública para garantizar la aplicación de la ley en todo el territorio nacional”, indicó.