Versiòn Infobae.
El Sistema de Medios Públicos ha sido blanco de polémicas en los últimos días por su manejo durante el Gobierno de Gustavo Petro en su cuatrienio, así como por las primeras decisiones de la administración de Abelardo de la Espriella para cambiar la programación de sus emisoras y canales de televisión.
Sin embargo, el Gobierno de De la Espriella también se encuentra en el ojo del huracán por la programación en las emisoras de paz y descentralizadas de la Radio Nacional de Colombia, ya que no se volvió a producir contenido y prendió las alarmas porque se estaría violando uno de los puntos del Acuerdo de Paz con las Farc.
La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, informó que una revisión a la contratación del Sistema de Medios Públicos detectó que cerca de $7.255 millones de dos convenios públicos se destinaron a servicios de pauta, plan y contenido digital en meses clave de la campaña a la Presidencia de la República en 2026.
Según la cartera, uno con el Ministerio de Educación por $10.000 millones y otro con el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, por $1.500 millones. De esos convenios, $6.362.619.652 y $892.845.137, respectivamente, se usaron para pagos de servicios digitales.
La información fue divulgada por la propia ministra y por la gerente Ángela Mora, como parte de una investigación sobre la contratación de Inravisión y los recursos fueron ejecutados entre marzo, con el Dapre, y en junio, julio y agosto de 2026 con el Ministerio de Educación, en la época de las elecciones al Congreso y a la Presidencia.
El documento identifica además a las empresas contratistas que recibieron recursos del contrato con el Ministerio de Educación. 3D MOBILE 3DM SAS obtuvo $1.364.619.653 y PROWESS SAS recibió $4.997.999.999.
La conclusión central del reporte indica que alrededor de $7.255 millones de contratos firmados con el Ministerio de Educación y con el Dapre, en este último caso para programas asociados a la Vicepresidencia de la República, terminaron en pagos por servicios digitales durante meses considerados clave para la campaña presidencial.
La revisión sobre la contratación de Inravisión no se limita a esos dos convenios. El balance oficial señala que durante 2026 ya se habían detectado más de 1.051 contratos, por un valor superior a $100.000 millones.
Dentro de ese universo, el reporte subraya una concentración particular de firmas entre el 6 y el 7 de agosto. En esas dos fechas se suscribieron 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.La ministra y la gerente sostienen que estos hallazgos muestran que recursos destinados a educación y a programas de la Vicepresidencia fueron orientados a asuntos digitales por encima de otras necesidades, aunque falta que entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República definan si dichos recursos se desviaron de su razón inicial.
La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la suspensión temporal de la programación informativa en 20 emisoras de paz durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, al advertir que la decisión frena un modelo de radio descentralizada creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 y reduce la circulación de información local en territorios marcados por el conflicto armado.
La instrucción se conoció a través de un mensaje de WhatsApp enviado a periodistas de las emisoras de paz en municipios como Florida, Bojayá, Arauquita, Puerto Leguízamo, Algeciras, El Tambo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca y San Jacinto. En ese texto se informó que, por instrucción de la nueva gerente de Inravisión, Ángela María Mora, se aplicaban nuevos lineamientos.
El cambio ordenó que las franjas pasaran a ser “exclusivamente musical”. También dispuso la centralización de las emisiones desde Bogotá. El mensaje fue explícito: “Se suspende temporalmente la emisión de noticias, boletines, programas informativos y espacios de locución, hasta nueva instrucción”.
Las emisoras habían dado cumplimiento del 100% al numeral 6.5 del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC, que dispuso que a más tardar en 2026 debían quedar listas estas frecuencias con una parrilla administrada para asignar espacios de forma equitativa a víctimas, movimientos sociales, cooperativas de las extintas FARC y el Gobierno.