Por decisión de los gremios de la producción en el Cauca, se inicia una lucha política, administrativa y talvez jurídica en contra del decreto 0526 de 2026 del gobierno nacional, sancionado en mayo de este año, el cual modifica el fondo de energía social. Se indica que el decreto es lesivo, porque desmonta los recursos con los cuales se subsidia el pago del servicio de energía eléctrica en estratos más bajos y golpea además a los operadores.
Los gremios, acompañados por la Cámara de Comercio del Cauca y la propia Compañía Energética de Occidente hicieron un primer pronunciamiento, esperando que esto tenga eco en el Congreso de la República y en el gobierno nacional entrante para que del decreto sea derogado. Según fuentes consultadas por este medio, si el gobierno no deroga dicho decreto, la operación del sistema eléctrico se vería en riesgo, habría inviabilidad para el operador y hasta decisiones extremas como el racionamiento de energía se podrían registrar. Se conoció que esta advertencia fue dada a conocer a las comisiones de empalme del gobierno saliente y entrante.
Así como los gremios de la producción del Cauca se declararon en estado de máxima alerta ante el desmonte de los subsidios para el pago de servicio de energía eléctrica de familias de estratos bajos, con la modificación por decreto del Fondo de Energía Social, a nivel de Empresas Sociales del Estado, también se registra una situación de máxima alerta a raíz de un decreto que deja firmando el gobierno Petro. Se tata del decreto 661 de 2026, cuyo objeto, según el texto, es reglamentar el uso del contrato sindical para prevenir y establecer controles frente a la intermediación laboral ilegal, garantizar los mínimos fundamentales de las relaciones de trabajo, proteger el mandato del trabajo decente y el ejercicio de los derechos sindicales. Sobre el motivo de la alerta máxima en hospitales públicos y privados.
Se consultó a expertos en el tema, quienes señalan que algunos gerentes de empresas Sociales del Estado, como el hospital San José de Popayán quieren darle otra interpretación a la norma, para acabar con los contratos sindicales e implementar al parecer otras formas de contratación, que pondrían en riesgo la estabilidad administrativa, financiera y asistencial del centro hospitalario. Lo que explica los expertos es que en casos como el Hospital San José NO existe intermediación laboral como al parecer se pretende hacer ver, toda vez que los contratos sindicales que se han venido suscribiendo, gozan de toda la legalidad, incluso, a la luz de este nuevo decreto y normas anteriores. En otras empresas sociales del Estado la situación es similar.
En síntesis, lo que se indica es que el decreto en ninguno de sus apartes prohíbe el contrato sindical, lo que sí entra a controlar y combatir es la intermediación laboral ilegal.