La determinación fue adoptada en el marco de una demanda de nulidad simple presentada contra ese acto administrativo. En la providencia, la alta corporación concedió una medida cautelar de urgencia tras concluir, en un análisis preliminar, que las disposiciones demandadas podrían contrariar el ordenamiento jurídico al permitir modificaciones presupuestales que corresponden exclusivamente al Congreso de la República.