El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Colombia 2050 presentaron el segundo informe de la Veeduría Entorno Electoral 2026, en el que concluyen que persisten presiones sobre el ejercicio del voto en territorios con presencia, interferencia o control de grupos armados ilegales. El estudio señala que durante la primera vuelta presidencial se identificaron 361.313 votos efectivos concentrados en 504 puestos de votación de mayor criticidad, ubicados fuera de Bogotá, donde coincidieron señales de anomalías electorales, un importante volumen de sufragios y factores de riesgo territorial advertidos previamente por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el informe, las alertas formuladas tras las elecciones legislativas de marzo no solo persistieron sino que se hicieron evidentes durante la jornada presidencial del 31 de mayo. La veeduría documentó situaciones relacionadas con miedo, autocensura, restricciones a la movilidad, control territorial, exigencia del certificado electoral como mecanismo de presión y limitaciones a la participación política. En municipios como Cartagena del Chairá, El Tambo, Anorí y Barranquilla se reportó el uso del certificado electoral como prueba de cumplimiento o respaldo político, mientras que en distintas regiones se denunciaron permisos informales para movilizarse, fronteras invisibles, control de rutas y amenazas que condicionaron el desarrollo de las campañas y el ejercicio del voto.
El análisis cualitativo también advierte que el temor continúa siendo una de las principales formas de interferencia electoral. Mediante la plataforma de inteligencia artificial Nikka, la veeduría procesó 29.749 publicaciones relacionadas con riesgo territorial y control armado, que alcanzaron 36,8 millones de visualizaciones. El estudio identificó un «diccionario del miedo», conformado por expresiones como «eso está caliente», «toca pedir permiso», «aquí mandan otros» o «mejor no hablar», reflejando un ambiente de autocensura en varias regiones del país. Durante la jornada electoral se registraron además 42 hechos en 34 municipios de 18 departamentos, concentrándose las principales alertas en el Catatumbo, Caquetá, Arauca, Guaviare, Cauca andino y el litoral Pacífico, donde las disidencias de las FARC y el ELN fueron señaladas como los principales actores de interferencia.
En el componente cuantitativo, la Veeduría identificó 1.543 puestos de votación con señales de atipicidad, equivalentes a 603.703 votos efectivos; de ellos, 584 puestos, con 496.511 votos, cumplen los criterios para ser remitidos a las autoridades por coincidir con municipios clasificados en riesgo electoral. El informe aclara que estos hallazgos no constituyen una prueba judicial de fraude ni permiten atribuir responsabilidades a campañas o candidatos, pero sí evidencian patrones que ameritan investigaciones institucionales. Los investigadores concluyen que la mayor concentración de anomalías se encuentra en el litoral Pacífico, especialmente en Cauca, Nariño y Chocó, así como en Putumayo, Catatumbo y la región Orinoquía-Amazonía, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa representando un serio desafío para la libertad y la transparencia del proceso democrático.