El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Colombia 2050 presentaron el segundo informe de la Veeduría Entorno Electoral 2026, en el que concluyen que, aunque Colombia cuenta con un sistema electoral técnicamente sólido, en amplias zonas del país no existen condiciones reales para garantizar el ejercicio libre del voto. El documento sostiene que la legitimidad de una elección no depende únicamente del acto de sufragar, sino de que los ciudadanos puedan participar sin miedo, sin presiones y en igualdad de condiciones. En departamentos como Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, la libertad política continúa condicionada por el control territorial de grupos armados ilegales.
El informe señala que la observación electoral tradicional resulta insuficiente porque se concentra en la jornada de votación y deja de lado las circunstancias que influyen en la decisión del elector antes de acudir a las urnas. La veeduría recuerda que, durante las elecciones al Congreso de marzo de 2026, documentó hechos como presencia de actores armados cerca de puestos de votación, restricciones a las campañas políticas, exigencia del certificado electoral bajo amenazas, acompañamiento indebido a los votantes y presiones sobre comunidades indígenas para sufragar en bloque. En esa primera fase también se detectaron 1.019 puestos de votación con patrones estadísticos atípicos, la mayoría ubicados en municipios con presencia de organizaciones armadas.
Para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, la investigación amplió su cobertura con 204 veedores desplegados en 120 municipios, el análisis de 13.465 puestos de votación en todo el país y el procesamiento de cerca de 30.000 publicaciones en plataformas digitales mediante herramientas de inteligencia artificial. Los investigadores encontraron que en 37 municipios persistieron situaciones de intimidación, control armado y restricciones informales a la participación política. Según el informe, expresiones como «aquí mandan otros» o «toca pedir permiso» evidencian un clima de autocensura y temor que limita la competencia democrática, especialmente en departamentos como Cauca, Caquetá, Arauca y Huila.
El análisis cuantitativo identificó 1.543 puestos de votación, equivalentes al 11,5 % del total nacional, con señales de anomalías electorales relacionadas con participaciones inusualmente altas o bajas y votaciones extraordinariamente concentradas en un solo candidato. De ellos, 584 puestos, que reúnen cerca de 496.511 votos efectivos, fueron considerados por la veeduría como casos que deberían ser revisados por las autoridades, al coincidir con municipios clasificados en riesgo por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo. El informe concluye que las principales alertas se concentran en el litoral Pacífico, la Orinoquía-Amazonía, el Catatumbo y Putumayo, territorios donde el control de grupos armados sigue afectando las garantías para el ejercicio pleno de la democracia.