Versiòn Infobae.
El 20 de julio, durante la instalación del nuevo periodo legislativo, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció ante el Congreso una afirmación que generó controversia inmediata.
La declaración buscó destacar supuestos avances en derechos humanos bajo su administración, pero provocó un rechazo frontal en sectores de la oposición y, especialmente, en la familia de Miguel Uribe Turbay, senador asesinado en 2025.
La respuesta más contundente llegó de María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, quien utilizó la red social X para calificar las palabras de Petro como falsas y ofensivas.
Tarazona escribió: “¿Qué tal? Gustavo Petro acaba de decir en su discurso falso y mentiroso, que no murió nadie de la oposición. Como es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia. Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”. Estas declaraciones se viralizaron en redes y reavivaron el debate sobre la violencia política en el país.
“Yo creo que todo el tiempo Gustavo Petro trató de desviar la atención de la investigación (…) Nunca ha mostrado un interés por esclarecer el crimen de Miguel; tampoco ha hecho nada decente frente a la muerte de Miguel. Creo que es parte de lo que él es y de lo que su Gobierno representa”, afirmó la viuda en su momento.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El asesinato del entonces precandidato a la Presidencia marcó un quiebre en la política colombiana. El 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto público sobre porte de armas, un adolescente de 15 años se acercó y disparó contra el senador.
La investigación identificó a alias Chipi como coordinador del crimen. La familia de Uribe Turbay criticó la reducción de la pena otorgada a este responsable y solicitó que Gustavo Petro comparezca ante la justicia para explicar lo que conoce del caso.
Familia pide que Petro declare tras dejar la presidencia
El padre del senador asesinado, Miguel Uribe Londoño, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación la citación formal del presidente una vez que pierda el fuero presidencial, el 7 de agosto.
La familia argumenta que Petro realizó declaraciones públicas sobre el crimen, atribuyéndolo a organizaciones narcotraficantes y esmeralderos, y considera que el mandatario posee información relevante que debe ser esclarecida ante la justicia ordinaria.
“Él sabe mucho, él conoce todo ese entramado, él sabe quiénes son los de la Segunda Marquetalia”, declaró Uribe Londoño a Semana, aludiendo a la presunta vinculación de grupos armados y la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para ejecutar circulares rojas de Interpol contra cabecillas refugiados en Venezuela.
El pedido de la familia incluye una advertencia: no aprobar una posible extradición de Petro —propuesta por el presidente electo, Abelardo de la Espriella— hasta que el exmandatario rinda declaración ante la justicia colombiana sobre el asesinato.
A casi un año del magnicidio, la familia de Miguel Uribe Turbay mantiene su exigencia de justicia y transparencia. El nuevo pronunciamiento de María Claudia Tarazona reactivó el debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de la oposición y la obligación del presidente saliente de colaborar plenamente con la investigación.