La política de drogas será uno de los temas más complejos que deberá afrontar el próximo gobierno. Con cultivos de coca en niveles históricamente altos, una creciente profesionalización de la producción de cocaína y organizaciones criminales cada vez más fuertes, las decisiones que se tomen en el siguiente cuatrienio tendrán efectos directos sobre la seguridad, el desarrollo rural y la gobernabilidad de amplias regiones del país.
Con el fin de aportar elementos al debate público, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó las propuestas de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en materia de drogas, identificando sus principales diferencias, fortalezas, limitaciones y desafíos. Además, la FIP plantea 10 temas que el próximo presidente, sea quien sea, debe considerar para reducir la coca sin repetir errores.
¿Qué proponen los candidatos?
Cepeda: transformación territorial para reducir la dependencia de las economías ilícitas
La propuesta de Iván Cepeda parte de la idea de que el narcotráfico es, ante todo, una consecuencia de problemas estructurales como la desigualdad, la exclusión social y la ausencia del Estado en los territorios.
Desde esta perspectiva, la política de drogas no debe limitarse a la reducción de cultivos o al combate de organizaciones criminales, sino que debe integrarse a una estrategia más amplia de transformación territorial. Su programa plantea fortalecer el desarrollo rural, promover la sustitución de economías ilícitas, avanzar en la regulación de mercados como el cannabis y explorar nuevos usos para la hoja de coca.
El análisis de la FIP destaca que esta visión reconoce la complejidad del fenómeno y busca articular la política de drogas con objetivos más amplios de construcción de paz y desarrollo. Sin embargo, también identifica interrogantes sobre la manera en que se enfrentarían los grupos criminales que controlan territorios con presencia de cultivos ilícitos, así como sobre la viabilidad política, institucional y financiera de varias de sus propuestas.
De la Espriella: recuperar la autoridad y reducir la oferta de drogas
La propuesta de Abelardo de la Espriella se concentra en la seguridad y el control territorial como mecanismos para enfrentar el narcotráfico. Su diagnóstico parte de que la expansión de los cultivos y de las economías ilícitas es consecuencia de la pérdida de autoridad estatal y del fortalecimiento de estructuras criminales.
Por ello, plantea una estrategia basada en la erradicación de cultivos, la fumigación aérea, el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales, la persecución de capitales ilícitos y el combate frontal contra las organizaciones criminales.
La FIP señala que esta aproximación prioriza instrumentos tradicionales de reducción de la oferta y recuperación del control territorial. No obstante, persisten dudas sobre la viabilidad de algunas metas planteadas, particularmente aquellas relacionadas con la erradicación masiva de cultivos. También se identifican vacíos en aspectos como el desarrollo territorial, la atención al consumo de drogas, el abordaje del microtráfico y la afectación de las finanzas criminales.
Los desafíos que heredará el próximo gobierno
Aunque las propuestas de ambos candidatos reflejan visiones profundamente distintas sobre las causas del narcotráfico y las respuestas necesarias para enfrentarlo, el análisis concluye que ninguna presenta una estrategia integral que articule de manera equilibrada las dimensiones de seguridad, desarrollo, salud pública y fortalecimiento institucional que exige el problema de las drogas en Colombia.
Por esta razón, el documento plantea 10 apuestas estratégicas que deberían orientar la política de drogas del próximo gobierno.
Entre ellas se destacan la necesidad de crear condiciones básicas para el desarrollo en los territorios afectados por economías ilícitas; articular la estrategia de seguridad con las intervenciones sociales y productivas; adoptar enfoques territoriales diferenciados; focalizar los esfuerzos estatales en zonas con condiciones para obtener resultados sostenibles; innovar en las acciones de control para aumentar los riesgos asociados a la producción y el tráfico de drogas; y fortalecer la lucha contra las finanzas de las organizaciones criminales.
Asimismo, la FIP enfatiza la importancia de construir una visión de largo plazo, garantizar liderazgo político desde el más alto nivel del Gobierno, involucrar al sector privado y a la sociedad civil, y consolidar a las comunidades como protagonistas de los procesos de transformación territorial.
El documento también recuerda que el próximo gobierno deberá responder a compromisos pendientes con miles de familias vinculadas a programas de sustitución de cultivos (como el PNIS y RenHacemos) y atender territorios donde confluyen pobreza, economías ilícitas, conflictividad armada y debilidad institucional.
En un contexto tan complejo, el desafío no consiste en escoger entre seguridad o desarrollo. La experiencia acumulada muestra que ninguna de estas dimensiones, por sí sola, produce resultados sostenibles. El reto será construir una política de drogas capaz de combinar ambas, adaptarse a las realidades de cada territorio y generar transformaciones duraderas que reduzcan la dependencia de las economías ilícitas y fortalezcan la presencia legítima del Estado.