Versiòn Infobae.
La Fiscalía General de la Nación concedió un principio de oportunidad parcial a María Yaneth Rúa, exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), dentro de la investigación por la presunta desviación de recursos públicos a través de contratos suscritos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
La decisión, que aún debe ser avalada por un juez de control de garantías, abre la puerta para que Rúa se convierta en testigo clave del proceso y entregue información contra otros presuntos implicados en un expediente que investiga contratos por más de 17.656 millones de pesos.
Según información conocida por el medio El Tiempo, el beneficio fue otorgado por la fiscal Magda Sofía Ramírez y contempla inmunidad frente al delito de peculado por apropiación.
A cambio, la exfuncionaria deberá colaborar con la justicia y aportar elementos que permitan esclarecer la presunta red de irregularidades detectada en la contratación entre el AMVA y el organismo de socorro.
La relevancia de su eventual testimonio radica en el cargo que desempeñó dentro del Área Metropolitana.
De acuerdo con la investigación, Rúa ejercía como supervisora de los contratos cuestionados, una función que le permitía participar en el seguimiento, validación y control de la ejecución de los convenios que hoy están bajo la lupa de las autoridades.
Para los investigadores, su posición dentro de la estructura contractual la convierte en una fuente relevante de información sobre la forma en que se tramitaron, ejecutaron y justificaron los pagos efectuados en el marco de los contratos suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Uno de los elementos probatorios que ha llamado la atención de la Fiscalía es un audio incorporado al expediente.
Según la acusación, en ese registro se escucha a Rúa dando instrucciones relacionadas con la presentación de gastos por valores superiores a los realmente ejecutados.
Entre los ejemplos mencionados aparecen refrigerios y otros elementos que habrían sido adquiridos a menor costo, pero reportados con cifras más altas dentro de la documentación contractual.
La Fiscalía sostiene que estas prácticas habrían facilitado el desvío de recursos públicos destinados originalmente a programas de gestión del riesgo y atención de emergencias en los municipios del Valle de Aburrá.
Las investigaciones apuntan a que las irregularidades se habrían presentado entre 2020 y 2021, durante la dirección de Juan David Palacio Cardona al frente del Área Metropolitana.
Según el ente acusador, varios contratos fueron tramitados mediante contratación directa bajo la figura de apoyo a la gestión, pese a que incluían actividades y suministros que, presuntamente, no correspondían a esa modalidad contractual.
El caso también ha cobrado relevancia por la cantidad de personas vinculadas. De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, al menos 55 personas han sido relacionadas con investigaciones por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la pasada administración distrital de Medellín en diferentes procesos judiciales.
Además, la colaboración de Rúa se suma a una tendencia que ya se observa dentro del expediente. Actualmente, cinco implicados avanzan en mecanismos de cooperación con la justicia mediante principios de oportunidad o preacuerdos.
Entre ellos figura Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien obtuvo una suspensión de la persecución penal que le permitió recuperar su libertad a finales del año pasado.
También aparece Laura María Mejía Higuita, exfuncionaria del Área Metropolitana e imputada en otro proceso relacionado, cuya información ya habría sido utilizada por la Fiscalía durante las audiencias del caso.
Otro de los investigados es Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, quien buscaría alcanzar un preacuerdo para obtener una sentencia anticipada.
Dentro del expediente igualmente aparecen mencionados el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio Cardona, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exfuncionarias que ocuparon cargos directivos relacionados con la gestión ambiental y la ordenación del gasto dentro de la entidad.
La investigación también ha generado controversia por las referencias realizadas por la Fiscalía a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Aunque los investigadores lo señalan como uno de los presuntos coordinadores de las actuaciones que son materia de investigación, hasta el momento no se conoce una vinculación formal en este proceso penal.