Versiòn UNIDAD INVESTIGATIVA diario El Tiempo.
Desde el pasado 31 de mayo, luego de la primera vuelta presidencial, el mapa de riesgo electoral del país se ha teñido de rojo en seis departamentos más, prendiendo las alarmas de autoridades civiles y militares y hasta de observadores internacionales.
A mitad de semana, los mandatarios de Tolima, Antioquia, Guaviare y Caquetá salieron a denunciar que grupos criminales están calcando milimétricamente la estrategia de presión e intimidación para obligar a pobladores a salir a sufragar.
La novedad es que ahora les están exigiendo fotos de los tarjetones para verificar la instrucción, so pena de represalias.
La salida del general
En la primera vuelta, el departamento del Meta levantó la mano para advertir el constreñimiento al elector.
Sin embargo, el gobierno Petro aún no ha salido a explicar por qué se llamó a calificar servicios al general del Ejército Erik Rodríguez, subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares y encargado del plan democracia, la estrategia para garantizar el orden público en asocio con la Registraduría.
El oficial, con 35 años de carrera, fue quien denunció durante un consejo de seguridad que grupos armados en el Meta estaban carnetizando a pobladores y que la coacción se extendía a otras zonas: “Hay una disputa por el territorio, por parte de dos grupos armados, al sur del departamento, principalmente en Guaviare, que son las Farc de ‘Calarcá’ y de ‘Mordisco (…) En el contexto de esta disputa, que no es solo por el territorio, es la población, y se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la salida del general no obedecía a represalias. Y de paso, reiteró que el dispositivo para garantizar la segunda vuelta presidencial ya está desplegado.
Sin embargo, en Antioquia, la advertencia de las bandas criminales llegó con una masacre.
En efecto, el pasado 11 de junio, en la vereda Las Camelias, jurisdicción del municipio de Remedios, cuatro campesinos fueron asesinados a manos del frente 4 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá. Se trata del mismo delincuente que está intimidando en el Meta, que está llamado a imputación y que sigue con una mesa de negociación activa con el gobierno Petro.
Después del sepelio de los campesinos, dos de los cuales estuvieron desaparecidos durante 48 horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alertó sobre presiones a pobladores en varios municipios.
“Información ciudadana da cuenta de que en Campamento, Angostura y Remedios hay presiones de la guerrilla de alias Calarcá para votar en favor del candidato de izquierda al que han definido como su afín”, aseguró Rendón. Y en ese mismo departamento, también hay alertas por carnetización en Ituango.
Al respecto, mientras el candidato Abelardo de la Espriella le pidió al Gobierno de Estados Unidos retirarles las visas a al menos 29 políticos y empresarios, a los que señaló de estar comprando votos a favor de su opositor; el candidato Iván Cepeda ha sido enfático en salir a condenar cualquier tipo de presión armada para favorecer sus aspiraciones políticas.
Los chats y las amenazas
Aun así, EL TIEMPO conoció en primicia una serie de chats e incluso un audio en los que líderes en Cesar, Chocó, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo vienen siendo citados a reuniones para entregarles instrucciones y plata, para obligar a los votantes a sufragar.
“Hagan la estrategia en sus municipios de meter a votar hasta al que no camina. Mañana entregan 10 millones para el evento, cada líder debe llevar a su gente y tiene un presupuesto de 10, porque yo meto 800 personas”, se lee en uno de los chats.
Y en otro mensaje, enviado a líderes en Chocó, se asegura: “Que la orden es meter los votos así sea a las malas en los lugares apartados, aprovechando que solo hay jurados y testigos nuestros”. Y se advierte que el hermano de un político que está preso se va a encargar de la operación ilegal.
En el departamento del Cesar, por su parte, se le advirtió a los pobladores que se va a revisar la votación con fusil, municipio por municipio.
Las denuncias están siendo recogidas por una ONG que tiene cerca de 4.000 personas en terreno y cuyo vocero le dijo a EL TIEMPO que le entregará la información a la Misión de Observación Electoral (MOE).
Y en el departamento del Tolima, las denuncias de constreñimiento ilegal y carnetización llevaron a su gobernadora, Adriana Magali Matiz, a pronunciarse.
Las alertas vienen desde municipios del sur y oriente del Tolima, donde hay presencia de grupos al margen de la ley, como las disidencias de alias Iván Mordisco. Según la gobernadora, allí la violencia ha mutado y ahora los grupos armados realizan citaciones a las personas de la comunidad de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
El nivel de presión ejercido a pobladores ha sido tanto que incluso líderes de las zonas afectadas por estos grupos armados han pedido que no se instalen mesas de votación para no sufragar y evitar represalias por las amenazas que han recibido. Sin embargo, según la misma gobernación, más de 5.800 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados por aire y tierra en todo el departamento el próximo domingo para contrarrestar las amenazas de los grupos armados.
Certificados de visitantes
Por los lados del Guaviare, el tema parece ser aún más complejo. En esa zona hay denuncias sobre la expedición de certificados de permanencia temporal para ‘visitantes’ en varias veredas del departamento, por parte de las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’.
Los documentos incluyen el nombre y la cédula del visitante, el tiempo y el lugar en el que permanecerán, y la identidad de la persona que lo recibe.
El candidato a la presidencia Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ya había advertido que denunciaría constreñimiento al elector: “Estaremos radicando ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo escrito en el que yo denuncio que hemos recibido información y documentos en los que se señala que un grupo armado, al parecer una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado en el departamento de Guaviare”.
Por Caquetá, se conocieron denuncias del propio gobernador, Luis Francisco Ruiz, quien aseguró que hay presión sobre las comunidades para que depositen su voto por un candidato a la presidencia específico: “La situación está desbordada de manera descarada, en especial por los actores que están sentados en la mesa de diálogo”.
Las alertas en ciudades
Pero las alarmas no están prendidas únicamente en las zonas donde hay algún tipo de control territorial de organizaciones criminales. En al menos tres capitales del país también hay alertas por posibles desmanes e influencia de estructuras narcoterroristas en movilizaciones dentro y fuera de universidades.
Uno de los casos que más preocupa es el de Cali, donde los disturbios ya han comenzado a registrarse en los alrededores de la Universidad del Valle, afectando a civiles.
En la tarde del pasado miércoles, encapuchados impactaron con una bomba molotov un carro particular en el que iban una niña de tres años y su abuela, una adulta mayor.
El vehículo quedó semidestruido y tuvo que ser abandonado por la intensidad de los enfrentamientos entre encapuchados y la UNDMO.
En Medellín están en alerta luego de que quedara en libertad Diego Manuel Guzmán, alias Cuervo, capturado con un arma traumática y a quien le encontraron banderas del Eln después de movilizaciones en la Universidad de Antioquia, que el alcalde de Medellín calificó como un acto terrorista.
En Bogotá, mientras tanto, los disturbios en la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica se han intensificado después de mensajes del propio Presidente en donde advirtió que si gana De La Espriella convocará a las calles.
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