Versiòn Infobae.
Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde una volqueta tuvo como objetivo la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 en el municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander, durante la madrugada del sábado 13 de junio de 2026.
Un nuevo episodio de violencia armada en San José del Guaviare puso en alerta a las autoridades colombianas a pocos días de las pasadas elecciones presidenciales del 31 de mayo. En una operación de seguridad, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2 fueron blanco de un atentado con explosivos y disparos, en hechos atribuidos por las Fuerzas Armadas a integrantes del GAO-r estructura Jhon Linares, vinculados al Bloque Jorge Suárez Briceño.
La acción se produjo en la vereda Peña Roja, cuando los soldados realizaban tareas de reconocimiento y verificación de un puente, en el marco del denominado Plan Democracia 2026. Según el comunicado oficial, la reacción inmediata de los uniformados y la aplicación de protocolos de seguridad permitieron que ninguno resultara herido durante el ataque.
Las autoridades informaron que el objetivo central de estas operaciones es proteger a la población y los puestos de votación frente a amenazas de grupos armados, en un contexto de máxima tensión preelectoral. La Fuerza de Tarea Omega detalló que el atentado ocurrió en un sector donde se despliegan dispositivos para garantizar la seguridad de las comunidades.
Riesgos para la población civil y patrones de intimidación
El comunicado de la Fuerza de Tarea Omega alertó sobre la presencia de artefactos explosivos improvisados en zonas rurales del Meta y Guaviare, especialmente en puentes, carreteras y caminos utilizados por la comunidad. Según la información de inteligencia militar, estos dispositivos estarían siendo instalados por grupos armados ilegales para obstaculizar la movilidad y sembrar temor en la región.
La denuncia adquiere mayor gravedad al señalar que, cerca del lugar del ataque, se encuentra una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad. Este dato expone el alto nivel de riesgo que enfrentan los pobladores, sometidos a acciones que, según la institución, evidencian el desprecio de los violentos por la vida y la integridad de las comunidades campesinas.
En el comunicado, el Ejército aseguró que el propósito de estas acciones es “poner en riesgo a campesinos, menores de edad, animales y miembros de la fuerza pública, con la intención de afectar el normal desarrollo de la jornada electoral”. Así, la estrategia de intimidación va más allá del ataque directo a las fuerzas estatales y busca impactar la cotidianidad rural.
La Fuerza de Tarea Omega condenó categóricamente el uso de métodos indiscriminados por parte de los grupos ilegales, señalando que constituyen una violación grave a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario