Versiòn Infobae.
La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, por presunto constreñimiento electoral, participación indebida en política e intervención en procesos electorales.
Chats y registros aportados como evidencia
De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, entre los elementos mencionados en la denuncia figuran conversaciones de WhatsApp que habrían circulado entre integrantes de los Equipos Básicos de Salud del programa de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend de Santa Marta.
Posteriormente, en el mismo intercambio aparece un enlace acompañado de instrucciones para el registro de personas: “Buenas tardes, espero te encuentres bien el día de hoy. A continuación les paso el link, usuario y clave para que compartas con tu grupo y poder iniciar el registro para lograr el objetivo”. El mensaje incluye un acceso a una plataforma identificada como “votaciones.xyz”, la cual, según la denuncia, sería utilizada para recopilar información relacionada con potenciales votantes.
Otro de los chats conocidos por la emisora contiene instrucciones sobre metas de registros asignadas a quienes participaban en la actividad. Allí se lee: “Recuerden que el compromiso quedó en 20 registros por cada uno y que los registros sean de Santa Marta”.
El mismo mensaje agrega orientaciones sobre la verificación de lugares y mesas de votación, así como una fecha límite para completar el cargue de información: “Compartan con TODOS en sus listas este mensaje (sin excepción) hoy debemos iniciar el cargue para que nos dé tiempo de análisis y verificación”. Asimismo, se establece como plazo final el 13 de junio de 2026 a las 11:59 p. m.
Denuncia anónima advierte sobre presiones a contratistas
Entre los documentos divulgados también figura un correo electrónico enviado de manera anónima, en el que se describen presuntas presiones al interior de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
El remitente aseguró que contratistas de distintas dependencias estarían siendo obligados a participar en actividades de promoción política vinculadas a un posible candidato presidencial. Según el texto, dichas actividades incluirían ocupaciones de semáforos, presencia en espacios públicos, una jornada en la Avenida Quinta y una caravana programada en la ciudad.
“Lo más preocupante es que la asistencia a dichas jornadas no estaría siendo solicitada de manera voluntaria, sino bajo presiones y amenazas relacionadas con la continuidad contractual de los trabajadores”, indica el correo.
El denunciante también afirmó que algunos contratistas habrían recibido advertencias sobre eventuales consecuencias laborales en caso de no participar en las actividades convocadas. De acuerdo con el mensaje, las convocatorias presuntamente estarían acompañadas de controles de asistencia y listas de verificación.
Solicitud de investigación a las autoridades
Durante su pronunciamiento, la superintendente Navarro pidió a los organismos de control avanzar en las verificaciones correspondientes y determinar la eventual existencia de conductas sancionables. “De comprobarse, esto sería no solamente participación en política de funcionarios públicos, sino que además sería constreñimiento al sufragante, intervención indebida en política y corrupción electoral”, sostuvo.
La funcionaria también hizo un llamado para que las autoridades actúen con rapidez frente a las denuncias conocidas. “Le pido a la Fiscalía y a la Procuraduría actuar con máxima celeridad. Los samarios merecen votar en libertad, sin miedo, sin presiones y sin que el poder contractual de una alcaldía sea usado para favorecer una campaña política, la campaña del señor Abelardo de la Espriella”, expresó.
Finalmente, agregó que los hechos denunciados apuntan a la presunta utilización de estructuras institucionales para influir en procesos electorales. “Lo que denunciamos es una presunta maquinaria institucional que estaría usando la necesidad laboral de contratistas y trabajadores como instrumento electoral. Esto debe ser investigado antes de que sea demasiado tarde”, concluyó la superintendente.