Una comisión de familiares de las víctimas de la masacre de El Nilo, ocurrida en el municipio de Caloto, llegó hasta el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia para realizar una reclamación administrativa y legal, argumentando que los fallos y compromisos relacionados con ese caso no se estarían cumpliendo de manera efectiva.
La defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán acompaña a los familiares de las víctimas, quienes aseguran que no han sido reconocidos ni por la Policía ni por el Ministerio de Defensa dentro de los procesos de reparación y atención derivados de la masacre.
Durante la reclamación, Perafán denunció presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados para las víctimas, señalando que parte de esos dineros habrían sido desviados para favorecer a dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca que, según afirmó, no tendrían relación directa con los hechos ocurridos en la masacre.
Asimismo, advirtió que algunos de esos recursos estarían siendo utilizados en actividades relacionadas con la campaña política de Iván Cepeda y Aída Quilcué. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales por parte de las entidades señaladas frente a estas denuncias.