La firma Litigium Abogados, encargada de la defensa de Sonia Dilma Segura Moreno, conductora de la camioneta tipo ‘Monster Truck’ que arrolló a decenas de personas durante una exhibición en Popayán, se pronunció este viernes a través de un comunicado en el que afirmó que su representada “no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la actuación penal”.
Según el documento, conocido por medios nacionales, los abogados señalaron que Segura no tiene restricciones de libertad impuestas por autoridad competente y que hasta el momento no ha sido formalmente requerida dentro del proceso judicial. No obstante, aseguraron que la mujer y su familia han sido víctimas de amenazas tras el accidente, situación que les genera temor por su integridad.
“Litigium Abogados informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que ha asumido la defensa técnica de Sonia Dilma Segura Moreno, dentro de la investigación relacionada con los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2026 en Popayán, durante una exhibición de ‘Monster Truck’. Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada por esta tragedia”, expresó la firma en el comunicado.
El accidente ocurrió el pasado domingo 3 de mayo, cuando el vehículo conocido como ‘Dragona’ participaba en una exhibición y, según videos difundidos en redes sociales, terminó avanzando a gran velocidad hacia el público, presuntamente luego de que la conductora perdiera el control. El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas y alrededor de 50 heridas, mientras las autoridades investigan si hubo una posible falla mecánica o alguna otra circunstancia que provocó la tragedia.
La defensa reiteró que actuará con respeto frente a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, y que su clienta comparecerá cuando sea requerida. Además, afirmó que Sonia Segura se encuentra afectada emocionalmente por lo ocurrido y rechazó cualquier acto de violencia o amenazas en su contra.
“La legítima exigencia de verdad y justicia debe hacerse con respeto por las víctimas, por la Fiscalía General de la Nación encargada de adelantar la investigación y por las garantías constitucionales propias de toda actuación penal, incluida la presunción de inocencia”, concluyó el comunicado.