Lisboa, (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Portugal volvió a declarar inconstitucionales varios puntos de la propuesta impulsada en el Parlamento por la derecha gobernante y la extrema derecha para modificar el código penal con el objetivo incluir nuevas condiciones para la retirada de la nacionalidad lusa.
El TC explicó en un comunicado que esta decisión ha sido tomada «por unanimidad», ya que los magistrados consideran que algunos puntos de este proyecto no respetan los principios de igualdad y proporcionalidad recogidos en la Carta Magna.
Esta es la segunda ocasión en la que el TC se pronuncia en contra de esta reforma: El 15 de diciembre pasado, también por unanimidad, había declarado inconstitucional la primera versión del documento, aprobado también por la derecha y extrema derecha.
Retirada del pasaporte portugués
En concreto, esta nueva versión incluía la posibilidad de que se pudiera retirar el pasaporte portugués a aquellas personas que, siendo nacionales de otro Estado, sean condenados a penas de prisión de cinco o más años por delitos contra la vida, la integridad física o infracciones terroristas, entre otros, cometidos en los 15 años posteriores a la naturalización.
En la anterior versión contemplaban la pérdida del pasaporte portugués para los condenados a penas de prisión igual o superiores a cuatro años por este tipo de delitos cometidos en los 10 años posteriores a la obtención de la nacionalidad.
El nuevo documento fue aprobado en el Parlamento portugués el 1 de abril con el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el ultraderechista Chega, entre otros partidos del espectro.
Ley de Nacionalidad
Tras su aprobación, el Partido Socialista (tercera fuerza política en el Parlamento) había anunciado que iba a remitir este documento al Tribunal Constitucional para que lo revisara.
En esa ocasión, el Parlamento luso aprobó también un borrador para alterar la Ley de Nacionalidad presentado por el Gobierno de centroderecha y que busca dificultar la obtención del pasaporte, después también de varias idas y venidas con rechazo del Tribunal Constitucional incluido, que fue finalmente promulgado por el presidente de Portugal, António José Seguro, la semana pasada.