El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentó precisiones jurídicas clave que garantizan la continuidad de las convocatorias de ciencia, tecnología e innovación financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), brindando tranquilidad al ecosistema científico del país.
La entidad aclaró que los conceptos emitidos por su Oficina Asesora Jurídica tienen carácter orientador y no son de obligatorio cumplimiento, por lo que no suspenden, bloquean ni modifican las convocatorias en curso. Esta interpretación permite mantener el normal desarrollo de los procesos y asegurar la ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento del sector.
En ese sentido, el DNP reiteró que las funciones de operación, evaluación y administración de las convocatorias recaen en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, mientras que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) es el encargado de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos que serán financiados.
Uno de los principales avances destacados es la incorporación de $2,9 billones no ejecutados del bienio 2023–2024 al presupuesto 2025–2026, lo que eleva a $4,3 billones los recursos disponibles para inversión en ciencia, tecnología e innovación en el país.
Adicionalmente, Planeación Nacional propuso una ruta técnico-jurídica para fortalecer el sistema, que incluye la posibilidad de ajustar el Plan Bienal de Convocatorias 2025–2026 y abrir nuevos procesos que permitan dar continuidad a proyectos que se encontraban en distintas etapas, preservando el trabajo de investigadores, universidades y entidades territoriales.
Estas medidas buscan garantizar la coherencia con las demandas territoriales, fortalecer el ecosistema científico y asegurar que los recursos públicos se traduzcan en desarrollo productivo, social y regional.
El Gobierno nacional reafirmó que la ciencia, la tecnología y la innovación son pilares estratégicos para el desarrollo del país, y ratificó su compromiso con la transparencia, el rigor técnico y el diálogo con todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Con estas acciones, se consolida una hoja de ruta que brinda seguridad jurídica, impulsa la inversión en conocimiento y fortalece las capacidades científicas de Colombia.