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Inició la construcción de la primera colonia agrícola exclusiva para población indígena en Silvia (Cauca)

En el municipio de Silvia, al oriente del Cauca, se dio inicio a la construcción de la primera colonia agrícola indígena de América Latina, un proyecto considerado innovador por integrar infraestructura penitenciaria, producción agropecuaria y un enfoque diferencial étnico, en coherencia con la cosmovisión y los sistemas de justicia propia de los pueblos indígenas. Tiene una inversiòn superior a los $58 mil millones, segùn la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC.

La iniciativa se desarrolla en el predio “El Tablazo”, un terreno de aproximadamente 4,62 hectáreas, cedido mediante escritura pública por la administración municipal de Silvia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con destinación específica para la construcción de un establecimiento de reclusión de mediana seguridad. La inversiòn

De acuerdo con las autoridades, esta colonia agrícola permitirá habilitar 500 nuevos cupos carcelarios destinados exclusivamente a población indígena privada de la libertad en el departamento del Cauca, convirtiéndose en un referente regional dentro de la política penitenciaria nacional con enfoque diferencial.

Uno de los aspectos más representativos del proyecto, conocido también como la Cárcel La Tulpa, es la incorporación de la “Tulpa”, el fogón sagrado tradicional, como eje simbólico y espiritual de armonización dentro del establecimiento. Este elemento busca garantizar que el proceso de resocialización se realice bajo principios culturales propios, priorizando la conexión comunitaria y espiritual sobre el enfoque punitivo convencional.

El modelo contempla además espacios para la producción agropecuaria, promoviendo actividades agrícolas y productivas acordes con las prácticas ancestrales, con el propósito de fortalecer procesos de reintegración y sostenibilidad dentro del recinto.

La construcción de esta colonia agrícola indígena se consolida como un hito en América Latina, al articular la jurisdicción indígena con el sistema penitenciario nacional, permitiendo que las autoridades tradicionales tengan un papel clave en los procesos de armonización y justicia dentro de un entorno respetuoso de su identidad cultural.

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