Versiòn tomada de Proclama del Pacìfico.
La posible liquidación de Asmet Salud ha encendido las alarmas en varias regiones del país, especialmente en departamentos como Cauca y Caquetá, donde miles de usuarios dependen de esta EPS para tratamientos médicos continuos, muchos de ellos de alta complejidad.
Lejos de interpretarse como un simple procedimiento administrativo, la medida es vista por los afiliados como una amenaza directa a su vida. Pacientes denuncian que el traslado a otras EPS —varias de ellas también bajo intervención estatal— no solo carece de lógica técnica, sino que podría generar una ruptura crítica en la continuidad de sus tratamientos.
“Es un camino a la muerte”, advierten algunos usuarios, al explicar que cambiar de entidad implicaría reiniciar procesos médicos desde cero: nuevas autorizaciones, pérdida de cirugías programadas y retrasos en tratamientos vitales. Para pacientes crónicos, esta situación representa un riesgo inminente.
Durante más de 30 años, Asmet Salud ha construido una red de atención con fuerte arraigo territorial, especialmente en zonas rurales. Este vínculo, según los usuarios, no puede reemplazarse con decisiones administrativas que desconocen las realidades locales.
El temor colectivo es quedar atrapados en un sistema colapsado, donde cambiar de EPS signifique entrar en un laberinto burocrático sin garantías de atención oportuna. La incertidumbre se agrava ante la posibilidad de ser trasladados a entidades que enfrentan problemas similares.
Frente a este panorama, el llamado al Gobierno Nacional va más allá de lo financiero: es un reclamo humanitario. Los pacientes exigen estabilidad, continuidad en sus tratamientos y decisiones responsables que no pongan en riesgo la vida de los más vulnerables.