Versiòn Infobae.
El inicio del proceso judicial contra Wadith Manzur y varios congresistas de la República ha revelado un presunto esquema de presión política y pactos ilícitos relacionados con contratos financiados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Chats, testimonios y documentos institucionales constituyen el núcleo de las pruebas, suscitando un amplio debate político a pocas semanas de la nueva legislatura.
“De verdad, si no, no va a funcionar nada Mariale. Solo te dejo la constancia por acá (…). Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático (…)”, señala uno de los chats del congresista Manzur a Benavides, según la acusación de la corte obtenida por El Tiempo.
Benavides declaró que otros congresistas, como Liliana Bitar, recurrieron a tácticas similares para obtener respuestas rápidas sobre proyectos de interés.
“Mariale, porfa déjame hablar con el ministro. De verdad estoy muy inconforme. Estoy pendiente Mariale”, quedó consignado en otra comunicación de Manzur a la exasesora del Ministerio de Hacienda.
El 17 de octubre de 2023, el congresista conservador volvió insistir en conversar con Ricardo Bonilla, por entonces ministro de Hacienda, dirigiéndose a él en momentos distintos durante una sesión parlamentaria.
Las grabaciones oficiales documentan cómo Manzur buscó diálogo privado con el ministro, manifestando su inconformidad ante la ausencia de resultados. El 31 de octubre, tuvo lugar una reunión decisiva a la que asistieron Bitar, Manzur y Julián Peinado Ramírez, junto al ministro Bonilla.
“Manzur indagó por la fecha de regreso del ministro y subraya la necesidad de hablar con él ‘antes de que haya ponencia’, en alusión al trámite presupuestal de esos días del proyecto de ley de presupuesto general. Sin embargo, de manera inmediata enlaza esa urgencia con la inminencia de la sesión del miércoles, al señalar: ‘yo necesito hablar con él’; ‘si no, no va a funcionar nada’; y al dejar constancia preventiva: ‘cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático’; ‘es más feo que yo no te diga nada y que solo te notifique en la sesión’”, señala la acusación de la Corte Suprema.
De acuerdo con la testigo, en ese encuentro se otorgó una autorización explícita para gestionar y entregar proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, estableciéndose el reparto de quince cupos entre los implicados.
Asimismo, la Corte Suprema resaltó dos aspectos esenciales: la opacidad de las comunicaciones, debido al uso de aplicaciones cifradas y sobres sellados, y la falta de memoria de los funcionarios interrogados sobre detalles de las interacciones. Para el alto tribunal, estos factores reflejan una relación de mutuo beneficio entre ciertos miembros del Legislativo y el Ejecutivo.
Involucrados y vínculos políticos revelados por la investigación
Los principales encausados incluyen a Karen Manrique, actualmente detenida, así como Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz. Todos enfrentarán juicio por su participación en el esquema.
Las presiones y maniobras detectadas evidenciarían cómo los debates y votos en el Congreso de Colombia se condicionaban a la entrega de contratos públicos, en especial en regiones como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar. Los mensajes obtenidos muestran la insistencia en conseguir resultados previos a sesiones presupuestarias clave.
La estrategia pasaba por canalizar proyectos de interés hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de intermediarios políticos, eludiendo los canales formales. Declaraciones de la testigo estrella, María Alejandra Benavides, indican que en las reuniones se pactaron repartos explícitos de cupos para financiar proyectos en territorios donde los implicados tenían influencia política.
La Corte Suprema identificó una secuencia de negociaciones en las que la intervención de ministros resultó determinante para habilitar recursos solicitados por los legisladores investigados.
El caso ha producido consecuencias inmediatas: tanto Manzur como Manrique permanecen privados de libertad y el futuro político de varios involucrados está en duda. Si estos legisladores siguen detenidos al iniciar la nueva legislatura el 20 de julio, se aplicará la figura de “silla vacía”, dejando sin remplazo sus escaños como sanción establecida en la normativa vigente.
El escándalo también afecta la imagen de funcionarios del Gobierno, especialmente por las imprecisiones en los testimonios de los exministros indagados.
Manzur, hijo del político condenado Julio Manzur, incrementó su respaldo electoral al lograr 134.000 votos en los últimos comicios, un aumento de 24.000 sufragios respecto a la elección anterior. Manrique, por su parte, recibió unos 5.640 votos al postularse de nuevo por la curul de paz de Arauca.