En la ciudad de Popayán, el presidente Gustavo Petro sancionó la nueva ley que fortalece la financiación de las universidades públicas del país, considerada el avance más importante en décadas para superar los problemas estructurales que afectaban a las instituciones de educación superior. La reforma impacta tanto a universidades como a instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU), estableciendo un nuevo modelo de asignación de recursos.
Durante más de 30 años, la Ley 30 de 1992 determinó que el presupuesto de las universidades creciera con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que no reflejaba los costos reales de la educación superior, como investigación, infraestructura, laboratorios, tecnología o salarios docentes. Esta diferencia acumulada generó un déficit progresivo, pese al aumento de la matrícula y la creciente demanda académica. La nueva norma reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas y avanzar en formalización laboral, y proyecta el crecimiento de la inversión en función del Producto Interno Bruto (PIB).
La meta de largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1 % del PIB en educación superior pública, acercando al país a los estándares regionales. La iniciativa, que contó con concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y fue producto de un proceso de diálogo con estudiantes, docentes, rectores y distintos actores del sistema. Con esta firma en Popayán, el Gobierno Nacional afirma que no solo se modifica una fórmula presupuestal, sino que se da un paso estructural hacia una educación superior pública más sólida, sostenible y acorde con las necesidades del país.