La Unidad de Restitución de Tierras (URT) destina $17.000 millones para la implementación de proyectos productivos que benefician a 3.403 familias del Resguardo Indígena de Huellas, en Caloto (Cauca), como parte del cumplimiento de una medida cautelar emitida por la Sala Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Esta acción implica el inicio del restablecimiento de los derechos territoriales a esta comunidad, afectada por el conflicto armado en el norte del departamento. Por ello, el mayor Giovani Yule, director general de la URT, participó en una jornada de concertación con autoridades, mayores y lideres del territorio para la implementación efectiva de la orden, que incluye iniciativas de seguridad y soberanía alimentaria, en compañía de la Agencia de Desarrollo Rural, el ICA y el SENA.
“Seguimos caminando al lado de los pueblos, porque así se devuelve la dignidad, se fortalece la autonomía y se protegen los alimentos propios, que nacen de la tierra y de la sabiduría de las comunidades”, recalcó.
Por su parte, el gobernador del resguardo, Edwin Dagua, afirmó que dichas acciones representan un avance significativo para la comunidad: “estas iniciativas van a fortalecer el territorio y son una muestra de que el Gobierno del Cambio sí nos cumplió, especialmente en un territorio que ha sido golpeado por el conflicto y la violencia.”
Entretanto, Rafael Zúñiga, director territorial de la URT en Cauca, enfatizó en la importancia del trabajo articulado del Estado: “es fundamental contar con otras entidades, para que se lleve a cabo un fortalecimiento real en la zona, como el SENA y la Agencia de Renovación del Territorio, entre otras llamadas en el Auto 013 del 22 de enero de 2026”.
La implementación de estas iniciativas, junto con la adecuada ejecución de la medida cautelar, contribuye a prevenir y mitigar los riesgos inminentes identificados en el proceso que adelanta el Resguardo de Huellas, actualmente en etapa judicial. La efectividad de dicha medida dependerá, en gran parte, del compromiso de las entidades convocadas por la autoridad judicial, lo que permitirá consolidar la restitución de tierras como un verdadero camino hacia la dignidad, la autonomía y la soberanía alimentaria de las comunidades étnicas.