Desde la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar – PROCAÑA, expresamos nuestra preocupación frente a la compleja coyuntura social que impacta al sector de la caña de azúcar. Factores como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y la reducción en los niveles de productividad a causa de las lluvias, configuran un escenario de alta presión para los productores, micro, pequeños, medianos y grandes, trabajadores y sus familias, proveedores de insumos, bienes y servicios, y municipios que dependen en gran medida de los impuestos provenientes de la producción de la caña de azúcar.
La presencia de estructuras delincuenciales, sumada al incremento de secuestros, actos terroristas, extorsiones y afectaciones en más de 5.000 hectáreas por invasiones —especialmente en el norte del Cauca— profundizan el riesgo operativo y humano en el territorio.
Como gremio, comprometido con el bienestar de las comunidades, advertimos sobre las implicaciones sociales que esta situación conlleva, debido a que ponen en riesgo la estabilidad del empleo formal, con 280.000 puestos de trabajo que beneficia a más de 1,2 millones de personas.
La agroindustria de la caña es motor de crecimiento regional, dinamizando inversión social, infraestructura comunitaria, programas de educación, salud, seguridad alimentaria, desarrollo comunitario, protección del medio ambiente y otros que promueven el bienestar en el Valle geográfico del río Cauca, con aportes voluntarios de productores de caña e ingenios, los cuales a pesar del entorno desafiante continúan impulsando y ratificando su compromiso histórico con las comunidades y el territorio.
Esta coyuntura pone en riesgo programas como los que adelanta la Fundación Corazón de Caña que en 2025 benefició a más de 12.000 niñas, niños y jóvenes con una inversión superior a 11.000 millones de pesos, 80 escuelas públicas intervenidas en infraestructura y calidad educativa y alianzas que promueven la producción de alimentos en huertas familiares donde participan más de 4.600 personas, entre otros.
Ante este panorama, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad rural y garantizar los derechos humanos de los trabajadores, sus familias y cultivadores de caña, así como a la implementación de medidas integrales que protejan la sostenibilidad del sector y la estabilidad social regional. Igualmente, reiteramos la necesidad de priorizar la compra de etanol de origen nacional, medida que fortalece la soberanía energética, protege el empleo formal y los ingresos de miles de personas vinculadas a la cadena agroindustrial.