Roma (EFE).- El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha aprobado un paquete de medidas migratorias que incluye la potestad de aplicar bloqueos navales temporales y un procedimiento acelerado para el retorno inmediato de migrantes desde las fronteras.
El Consejo de Ministros de Italia dio luz verde el miércoles a un proyecto de ley que integra el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), pero que también introduce reformas de seguridad nacional para blindar las fronteras italianas.
Tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, Meloni publicó un vídeo durante la noche donde aplaudía la aprobación del bloqueo naval ya que cumplía así «uno de los compromisos de su programa de Gobierno».
La iniciativa pasará ahora al Parlamento para su aprobación.
Retorno en la frontera
Entre las medidas más destacadas se incluye la posibilidad de prohibir el cruce de las aguas territoriales a naves «ante la presencia de amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional», por un período de 30 días, prorrogable por un máximo de seis meses.
Esta disposición busca «afrontar situaciones de afluencia masiva e instrumentalizada de migrantes» por vía marítima.
Asimismo, se establece un sistema de vigilancia que permite actuar «preventivamente» sobre las rutas migratorias y reforzar la cooperación con las agencias europeas (Frontex) para el control de las fronteras marítimas y terrestres.
Además, el texto introduce un «procedimiento acelerado de retorno en frontera» que se llevará a cabo directamente en los pasos fronterizos o zonas de tránsito.
Este mecanismo permitirá el «alejamiento inmediato» de personas provenientes de países seguros o de aquellos cuyas solicitudes de asilo sean consideradas «manifiestamente infundadas».
También «se amplían las circunstancias en las que un juez, tras una condena, puede ordenar la expulsión o el retorno de un extranjero, y se establece un procedimiento acelerado para la expulsión de extranjeros detenidos», indica la nota del Gobierno.
Nuevos requisitos para la reagrupación familiar y la acogida
En el ámbito penal, se amplía el catálogo de delitos que conllevan la expulsión automática, incluyendo ahora la resistencia a funcionarios públicos y la participación en disturbios dentro de los centros de detención (CPR).
También conlleva una multa de entre 10.000 y 50.000 euros para las embarcaciones que incumplan el bloqueo y, en caso de reincidencia, el buque podrá ser confiscado.
Por otra parte, las nuevas normas afectan al acceso a la protección complementaria, estatus para extranjeros que no califican como refugiados pero tienen arraigo o riesgos en su país, y las reagrupaciones familiares.
En concreto, el Gobierno italiano señala que para evitar «el uso instrumental de las normas sobre vínculos familiares», el proyecto de ley introduce criterios de «mayor rigor».
Para obtener la protección complementaria, se exigirán ahora requisitos que demuestren «la existencia efectiva de vínculos familiares y de integración social», tales como duración de la estancia en el territorio nacional, y quedarán excluidos aquellas personas con condenas por delitos que conlleven «peligrosidad» del solicitante.
Sobre las reagrupaciones familiares, el texto destaca que el objetivo es «limitar el abuso del instrumento» y «garantizar el acceso a los beneficios» a quien se encuentre en condiciones de «vulnerabilidad objetiva y carezca de apoyo adecuado en el país de origen».
En cuanto a la acogida, el documento es tajante: las prestaciones se revocarán de forma inmediata si el solicitante abandona el centro asignado o si se demuestra que dispone de «medios económicos suficientes», obligando en este último caso a la devolución de los costes sufragados por el Estado.
Críticas de las ONG: «Es repugnante»
Las ONG que se ocupan del rescate de migrantes en el Mediterráneo central criticaron duramente el nuevo proyecto de ley del Gobierno, especialmente en lo que se refiere al bloqueo naval temporal.
«Es repugnante tratar a hombres, mujeres y niños que huyen de la pobreza y la persecución como un peligro para el Estado. Es cobarde devolver a las personas a países que les persiguen. Esto no es seguridad, es inhumanidad. Redoblaremos nuestros esfuerzos para salvar a quienes arriesgan su vida en el mar», escribió Sea Watch Italia en sus redes sociales.
Desde Emergency, Francesca Bocchini también expresó su preocupación por «una mayor restricción y reducción del espacio operativo de las organizaciones no gubernamentales que operan en el mar y la protección del derecho a la vida de los migrantes en el Mediterráneo Central».