Nueva Delhi (EFE).- La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina defiende su inocencia frente a la masacre de 1.400 personas en las protestas de 2024, a solo 48 horas de unas elecciones generales que buscan sellar el fin definitivo de su régimen.
En un cuestionario de EFE respondido desde la clandestinidad y una ubicación no revelada, la mujer que gobernó Bangladés con puño de hierro durante los últimos 15 años y es hoy una de las fugitivas más buscadas del subcontinente, calificó al actual Gobierno interino del Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, como un régimen «ilegal» aliado con «terroristas».
Hasina, hija del padre de la patria (Sheikh Mujibur Rahman) y sobre la que pesa una sentencia de muerte y una orden de extradición, describe y atribuye su caída a una conspiración para destruir el legado secular y económico de su mandato.
Pregunta: Usted lideró Bangladés durante muchos años y sigue siendo una figura central en la historia reciente del país. ¿Cuál considera que es el principal malentendido sobre su liderazgo hoy en día?
Respuesta: Solo hace falta observar las mentiras difundidas por el Gobierno interino para entender lo incomprendido que fue nuestro tiempo en el gobierno. El Bangladés de hoy es la prueba más clara de aquello contra lo que protegíamos al país.
Durante nuestros años en el Gobierno, Bangladés se transformó. Supervisamos un periodo de notable crecimiento económico, sacamos a millones de personas de la pobreza, cuadruplicamos la producción de alimentos, empoderamos a millones de mujeres y garantizamos que personas de todas las religiones pudieran convivir pacíficamente. Reprimimos el terrorismo interno y protegimos la Constitución laica por la que nuestros antepasados dieron su vida en 1971. Estos logros no fueron solo míos, sino del pueblo bangladesí, que nos confió repetidamente su voto.
Hoy en día, todos esos avances están al borde de la ruina. La economía se ha estancado, las minorías religiosas son perseguidas, los periodistas son acosados por decir la verdad, las personas son encarceladas por sus creencias políticas y los extremistas de organizaciones terroristas proscritas ocupan puestos en el gabinete. No hay prueba más clara de que las acusaciones contra mí son políticas, no basadas en hechos.
P: En los últimos años, ha habido críticas sobre la reducción del espacio democrático en Bangladés. ¿Cómo aborda estas preocupaciones?
R: Ningún gobierno está exento de fallos, y nunca he afirmado lo contrario. La democracia requiere atención constante, humildad y una disposición a escuchar, y puedo reconocer que la cultura política de Bangladés no siempre fue tan sana como debería haber sido.
En ocasiones, los principales partidos optaron por boicotear las elecciones en lugar de participar, y como resultado muchos bangladesíes se vieron privados de una opción real y significativa en las urnas.
Pero existe una diferencia fundamental entre una democracia imperfecta y la eliminación total de la elección política.
Durante nuestro tiempo en el gobierno, equilibramos la preservación de la libertad de expresión con la protección de nuestras minorías. Nunca prohibimos a los partidos de la oposición, nunca detuvimos a cientos de miles de ciudadanos por sus creencias políticas y nunca rompimos la Constitución para excluir a quienes no estaban de acuerdo con nosotros.
Puedo entender la frustración con nuestro gobierno, pero no puedo aceptar que se utilice a la Liga Awami (elpartido de Hasina ahora próscrito) como chivo expiatorio. La narrativa de que nuestro régimen estable y próspero fue completamente responsable de la crisis actual de Bangladés es particularmente indignante, dado que los mismos problemas de los que se nos acusa no han hecho sino agravarse bajo el gobierno interino.
P: El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés la declaró culpable en ausencia de crímenes contra la humanidad y la condenó a muerte el 17 de noviembre de 2025. ¿Cómo recibió el veredicto y cuál es su respuesta a los cargos presentados contra usted?
R: Rechazo este veredicto por completo. Este juicio nunca tuvo como objetivo impartir justicia, sino que se organizó con la única intención de eliminar a un oponente político.
Este tribunal fue presidido por un gobierno no electo que lo dotó de jueces inexpertos y una fiscalía parcial. Las pruebas utilizadas fueron parciales, sacadas de contexto y extraídas de testigos bajo presión para complacer a la administración actual. Se me negó el derecho a una defensa legal de mi elección, mientras que las pruebas que podrían haberme exonerado fueron convenientemente ignoradas. Organismos jurídicos y de derechos humanos han condenado unánimemente el proceso.
Para ser absolutamente clara: nunca he matado y nunca ordené matar a nadie. Fue una situación frenética y febril, pero caracterizar lo sucedido como un intento de los líderes del país de atacar a su propio pueblo es totalmente erróneo. De hecho, inicié una investigación sobre las causas de las muertes e invité a la ONU a observar los acontecimientos sobre el terreno para ayudarnos a comprender qué había causado la terrible violencia que presenciamos.
Yunus disolvió esta investigación a los pocos días de asumir el cargo, sin duda porque sabe que expondría su propia participación. El Gobierno interino no tiene ningún interés en establecer la verdad. Si lo tuviera, habría publicado un recuento oficial de fallecidos, en lugar de basarse en la cifra no verificada de 1.400 presentada por la ONU en su informe incompleto, que no proporciona los nombres ni la identidad de quienes perdieron la vida trágicamente. Mientras tanto, decenas de policías, activistas, abogados y periodistas han sido asesinados o han desaparecido, sin que se tenga información sobre ellos.
He instado repetidamente al gobierno interino a remitir estos asuntos a la Corte Penal Internacional de La Haya, el único tribunal auténticamente internacional capaz de juzgar cargos de esta naturaleza. Se niegan porque saben que la CPI me absolvería de la culpa que Yunus me ha atribuido y examinaría su propio historial de abusos contra los derechos humanos.
P: Usted ha dicho que el levantamiento que provocó su caída fue el resultado de una conspiración en la que participaron fuerzas extranjeras. ¿Qué pruebas tiene de que los sucesos que llevaron a su partida fueron impulsados por potencias externas y no por el propio descontento de su país?
R: Las protestas estudiantiles comenzaron como una expresión legítima de frustración por las cuotas de empleo en la administración pública, unas frustraciones que escuchamos y atendimos. Al principio, permitimos que los estudiantes protestaran libremente, aceptamos sus demandas y respondimos constructivamente.
Lo que siguió no fue una continuación de la expresión ciudadana. Fue una transformación coordinada hacia una violencia que atacó infraestructuras estatales con una precisión que sugiere una planificación previa. Se incendiaron comisarías de forma sistemática en todo el país, se destruyeron infraestructuras de comunicaciones y se linchó a agentes de policía.
No sabemos si hubo fuerzas extranjeras involucradas, pero lo que podemos observar directamente son las consecuencias: terroristas condenados liberados de prisión, extremistas ascendidos a cargos en el gabinete e inmunidad total otorgada a los responsables de la destrucción y la violencia. Estas no son las acciones de un gobierno que tomó el poder por accidente. Son las acciones de un gobierno que recompensa a quienes lo ayudaron a tomar el poder.
El propio Yunus ha admitido públicamente que se trataba de un «plan meticulosamente diseñado», razón sin duda por la cual disolvió la investigación judicial que inicié para investigar el origen de la violencia. Una investigación imparcial habría establecido quiénes fueron los responsables, quiénes coordinaron los ataques y si hubo actores externos involucrados.
Al cancelarla, Yunus se aseguró de que esas preguntas nunca se resolvieran mediante una investigación adecuada.
P: El pasado 23 de enero usted difundió un mensaje desde Nueva Delhi en el que pidió que el gobierno interino debía ser derrocado «a cualquier precio». ¿Llamaba a la movilización callejera o se refería a la acción política por otros medios?
R: Bangladés no puede continuar en esta trayectoria. Sin una acción inmediata, la anarquía y el desorden que han consumido a nuestro país durante los últimos dieciocho meses se volverán permanentes.
El Estado de derecho sólo puede ser restaurado por quienes lo respetan, por lo que siempre animaré a mis partidarios a actuar con dignidad y dentro del marco de la ley mediante protestas pacíficas, la defensa legal y la presión internacional. Debemos rescatar nuestras instituciones democráticas de quienes las han degradado, y pido a la comunidad internacional que me ayude a hacerlo.
Primero, debemos derrocar al gobierno interino ilegal y restaurar la democracia.
Segundo, debemos detener la violencia política y restablecer el estado de derecho en Bangladés.
Después debemos garantizar la seguridad de las minorías y las mujeres. Debemos establecer garantías sólidas para proteger a las comunidades minoritarias y a las mujeres que enfrentan persecución e inseguridad.
En cuarto lugar, debemos poner fin a las acciones legales con motivación política. Deben retirarse las denuncias contra miembros de la Liga Awami, periodistas y activistas, y deben restablecerse plenamente los derechos democráticos, incluida la libertad de prensa.
Por último, debemos iniciar una investigación internacional independiente. Solicito una investigación dirigida por las Naciones Unidas sobre los sucesos y las muertes ocurridas en Bangladés durante el último año para que prevalezcan la verdad, la rendición de cuentas y la justicia.
P: Con la Liga Awami actualmente suspendida de toda actividad política y excluida de participar en las próximas elecciones, ¿qué responsabilidad siente usted hacia los miembros de su partido que permanecen en Bangladés y que pueden enfrentar presiones legales y políticas?
R: Más de 152.000 de nuestros miembros y simpatizantes se encuentran actualmente detenidos por cargos políticos falsos, incluyendo a más de 120 parlamentarios. Sufren condiciones brutales y se les niega sistemáticamente alimentación, espacio y atención médica adecuados.
De hecho, más de 100 miembros de la Liga Awami han muerto bajo custodia con signos reveladores de tortura.
Se trata de personas cuyo único delito es su ideología política. En una sociedad democrática, la afiliación política nunca debería ser castigada con prisión. Sin embargo, en Bangladés se ha convertido en eso.
La Liga Awami nunca ha abandonado a sus miembros. Agradezco profundamente la valentía que han demostrado nuestros seguidores al mantenerse firmes a pesar de esta persecución. A ellos les digo: mantengan la paz, la paciencia y sigan creyendo en la democracia. Ningún régimen que gobierna mediante el miedo y la represión puede perdurar eternamente. Bangladés pertenece a su pueblo, no a extremistas que han tomado el poder temporalmente.
P: ¿Bajo qué condiciones, si las hubiera, estaría usted dispuesta a regresar a Bangladés?
R: Bangladés debe restaurar primero el orden constitucional y el Estado de derecho. Esto implica levantar la prohibición ilegal sobre la Awami League, liberar a los presos políticos detenidos bajo cargos fabricados y celebrar elecciones verdaderamente libres, justas y participativas en las que todos los partidos políticos puedan competir. Estas no son demandas sin sentido. Son los requisitos básicos de cualquier democracia funcional.
El clima actual imposibilita mi regreso porque no existen las condiciones para una participación política significativa. La libertad de expresión ha sido destruida y cualquiera que critique al gobierno se arriesga a prisión, intimidación o muerte. Se han incendiado oficinas de prensa por informar la verdad. Los diplomáticos han sido blanco de multitudes violentas.
Un tribunal amañado sin la menor pretensión de imparcialidad me ha condenado a muerte.
Una vez que se restablezca la democracia, cuando nuestra gente ya no sea perseguida por sus creencias, cuando el Estado de derecho vuelva a imperar y cuando un gobierno legítimo gobierne con el consentimiento del pueblo, entonces podré regresar. EFE