Primeras denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía por presuntas presiones políticas contra empleados y contratistas del gobierno departamental del Cauca y de varias Empresas Sociales del Estado, segùn dejaron entrever hoy aquì lìderes inconformes con esas pràcticas.
Particular preocupación genera una de las quejas provenientes del oriente del departamento, relacionada con la ESE Popayán —unidad de salud de Totoró—, donde, según la denuncia, una funcionaria habría advertido de manera directa y reiterada que quienes no apoyen a ciertos aspirantes al Congreso podrían enfrentar la pérdida de su empleo o represalias contractuales. Se informa que de comprobarse, estos hechos podrían configurar faltas disciplinarias e incluso conductas de carácter penal, por lo que la respuesta de los órganos de control debe ser pronta, rigurosa y transparente.
Se conociò que ante los organismos de control fueron puestos en conocimiento una serie de hechos que comprometerían a una funcionaria de la ESE Popayán, sede Hospital de Totoró, por supuestas presiones políticas indebidas ejercidas sobre trabajadores de la institución. De acuerdo con la denuncia, Yesenia Astaiza habría utilizado su posición dentro de la entidad y su cercanía con directivos para influir en el comportamiento electoral de empleados y contratistas en el actual contexto preelectoral.
Según el documento radicado, de manera directa, reiterada y sistemática se habrían emitido mensajes por WhatsApp, publicaciones en redes sociales y expresiones verbales en las que se advertía que quienes no votaran por determinados candidatos al Congreso podrían perder su empleo, no ser renovados contractualmente o enfrentar represalias laborales. Estas situaciones, señalan los denunciantes, habrían generado temor, presión psicológica y afectaciones al ambiente de trabajo, además de comprometer la libertad política y el derecho al voto libre de los funcionarios.
La denuncia sostiene que los hechos se presentarían dentro de una entidad pública, donde la participación en política está prohibida por la Constitución y la ley, lo que podría constituir faltas disciplinarias y eventuales responsabilidades penales por el uso indebido de la influencia institucional para favorecer intereses particulares. Como soporte, se mencionan capturas de pantalla de mensajes, publicaciones en redes sociales, audios y testimonios de trabajadores, solicitándose además la reserva de identidad de denunciantes y testigos por posibles represalias. Se espera el pronunciamiento de la Procuraduría y la Fiscalía frente a estas acusaciones.
Por ahora no se conoce el estado de esa denuncia que fue instaurada ante la fiscalìa general de la naciòn. El silencio institucional o la demora en las investigaciones solo profundizan la percepción de impunidad. Por ello, la ciudadanía espera decisiones firmes que protejan a los trabajadores, sancionen cualquier abuso de poder y envíen un mensaje claro: en democracia, el voto no puede ser objeto de presión ni de amenaza.