Versiòn: Reporteros Sin Frontera.
Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas. La cobertura de temas relativos al medio ambiente, los conflictos armados, la corrupción o la connivencia entre políticos, empresas, grupos armados ilegales y mafias expone sistemáticamente a los periodistas al acoso, la intimidación y la violencia.
Panorama mediático
En Colombia, tres grandes conglomerados dominan la información, mientras que la producción local sigue siendo limitada, lo que deja al 60 % del país sin cobertura mediática de proximidad. La radio sigue siendo el medio más extendido en el país, pero las emisoras independientes tienen dificultades para sobrevivir ante las dificultades económicas. La red pública, que cuenta con 72 frecuencias, ha reforzado su presencia en los últimos años, al igual que los medios digitales y las redes sociales, especialmente TikTok y YouTube, que están ganando terreno gracias a influencers que se perciben como más cercanos al público. Si bien muchos medios tradicionales han migrado a lo digital, la desaparición de varios periódicos y la retirada de la financiación internacional debilitan especialmente a los medios independientes, lo que reduce aún más el pluralismo de la información.
Contexto político
En 2022, Colombia se dotó por primera vez en su historia de un gobierno de izquierdas con una coalición mayoritaria. Sin embargo, la ruptura de esta coalición en el Congreso y los malos resultados del partido en el poder en las elecciones locales de finales de 2023 reflejan una pérdida de apoyo político. El Gobierno intenta contrarrestar las críticas de la prensa tradicional en las redes sociales, y se ha señalado a altos funcionarios por estigmatizar a periodistas. El Ejecutivo ha puesto en marcha varias iniciativas relacionadas con el sector de la información, como medidas de protección para periodistas y de apoyo a medios alternativos, la creación de redes de “comunicación solidaria” para favorecer un periodismo más inclusivo y participativo, y propuestas para apoyar la gestión de los medios de comunicación.
Marco legal
La Constitución de 1991 garantiza la libertad de expresión y de información. Cada sector mediático (radio, televisión, prensa escrita) dispone de su propia jurisprudencia, pero es tal la multiplicidad de leyes, que solo generan confusión. Entre 2018 y 2022, el gobierno impulsó la reforma de leyes sobre la televisión y las tecnologías de la información en el Congreso, y trató de coartar la libertad de prensa en varias ocasiones. En cada período electoral, las autoridades limitan la difusión de informaciones sobre el “orden público” a las confirmadas por fuentes oficiales.
Contexto económico
Una gran parte de los medios regionales están controlados por fondos públicos o empresas locales, limitando así su capacidad crítica. Los medios comunitarios, independientes y alternativos cuentan con fuentes de financiación reducidas, mientras que en el ámbito digital, los ingresos publicitarios han aumentado considerablemente, y al menos dos medios independientes viven ya de la contribución económica de sus audiencias. Los portales de noticias de pago están en auge y los medios tradicionales recurren ahora al sistema de suscripción. Tras la pandemia, algunos periódicos reanudaron sus versiones impresas, pero la escasez de proveedores de papel y la devaluación han encarecido los suministros.
Contexto sociocultural
Diversos estudios advierten de la creciente desinformación y el desapego a la actualidad por parte del público, que considera tendenciosos a los periodistas. La expansión de la conectividad en el país sigue resintiéndose del escándalo de corrupción en el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación (Mintic). En las regiones, persisten los vínculos entre periodismo, política y negocios. Además, algunas personalidades influyentes, participan en la estigmatización de los periodistas críticos.
Seguridad
El periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo en Colombia. La cobertura de temas medioambientales, como la minería o la deforestación, los conflictos armados, la corrupción o los derechos comunitarios, expone a los periodistas a amenazas, estigmatización y violencia. La expansión de los grupos armados, presentes en 253 municipios, agrava la situación. El Clan del Golfo controla 60 zonas, mientras que disidencias del antiguo conflicto armado y otros grupos criminales operan en amplias regiones del país. A pesar del programa de protección de periodistas, las amenazas persisten.