La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, demandó información de las alcaldías sobre el cumplimiento de la Ley 2492 de 2025, la cual contempla el fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la paz territorial.
El seguimiento del ente de control busca además que la Ley, que también obliga al cambio de denominación de los Inspectores de Policía por Inspectores de Convivencia y Paz y a la adopción de ajustes institucionales que mejoren la organización y el funcionamiento de estas dependencias, no quede en el limbo y sea implementada por los entes territoriales.
En ese propósito, en el marco de sus acciones preventivas, el despacho de esta delegada requirió a las alcaldías información sobre las tareas asumidas para actualizar la denominación de cargos y dependencias, la reorganización institucional de las inspecciones y la conformación o adecuación de equipos interdisciplinarios de apoyo, dentro del plazo de seis meses previsto por el legislador.
La Procuraduría General de la Nación reiteró que esta actuación se desarrolla en el marco de la función preventiva, sin que implique coadministración, prejuzgamiento o el ejercicio de control disciplinario, y busca acompañar a las entidades territoriales en la adecuada implementación de una norma que impacta directamente la convivencia y la paz en los municipios.