La Procuraduría General de la Nación adelanta seguimiento a una serie de denuncias formuladas desde el municipio de Bolívar, Cauca, relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución de contratos públicos. Entre los hechos señalados se encuentra el contrato suscrito el 31 de diciembre de 2024 por la alcaldesa Sandra Liliana Rodríguez Dorado con el Consorcio DS Cauca Ambiental 2024, representado por Jonathan Esteban Sárate Enríquez, cuyo objeto era la implementación de acciones de rehabilitación ecológica en áreas de importancia ambiental del departamento.
El convenio tenía un valor superior a $10.572 millones y un plazo de ejecución de 12 meses, contados a partir del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales. Sin embargo, según las denuncias conocidas por el Ministerio Público, el contrato no se habría ejecutado conforme a lo establecido, lo que genera preocupación por el destino de los recursos y el impacto ambiental que el proyecto buscaba atender.
De manera paralela, se conoció la intención de adelantar un nuevo proceso contractual de características similares, esta vez por una suma cercana a los $30.000 millones, situación que ha motivado solicitudes de intervención preventiva por parte de los organismos de control. La comunidad espera que las autoridades competentes esclarezcan lo ocurrido, determinen eventuales responsabilidades y garanticen transparencia en futuras contrataciones relacionadas con la protección ambiental del Cauca.