Gracias a la contundencia jurídica y a la gestión adelantada en los últimos meses por Adriana Quiñónez Castro, el Gobierno Nacional puso freno a la aspersión forzosa y abrió la puerta a un proceso de concertación con las comunidades del Cauca. Los requerimientos radicados desde noviembre de 2025 y el pasado 5 de enero de 2026 sustentaron que el Estado no puede desconocer el Acuerdo de Paz ni la falta de inversión social en los territorios, argumentos que fueron acogidos en la respuesta oficial emitida el 3 de febrero de 2026.
En dicha comunicación, el Gobierno reconoce a SURCA como eje articulador y coordinador de una mesa de diálogo e inversión social en el departamento, y exige el cumplimiento estricto del Punto 4 del Acuerdo de Paz, priorizando la sustitución voluntaria de cultivos y la protección de las comunidades frente a cualquier medida de control. El documento final será presentado ante los medios de comunicación. Con este avance, Adriana Quiñónez Castro se consolida como defensora de las familias cultivadoras, impulsando el tránsito del glifosato hacia una propuesta de desarrollo rural integral.