El departamento del Cauca se consolida como uno de los territorios más afectados por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el conflicto armado, de acuerdo con el más reciente informe de Indepaz (2025). La persistencia y reconfiguración de actores armados, la disputa por el control territorial y la expansión de economías ilícitas han convertido a la región en un escenario crítico, con impactos diferenciados sobre comunidades indígenas y afrodescendientes. El informe conocido por www.ovidiohoyos.com advierte que el Cauca se ha transformado en un “exportador” de menores hacia la guerra, lo que explica la presencia de niños y niñas muertos en combates en otros departamentos, así como casos de captura, rescate o afectación en medio de operaciones armadas.
Municipios como Argelia, en el sur, y Corinto, Toribío, Caldono y Miranda, en el norte, concentran buena parte de los hechos, en un contexto donde la confrontación se desplaza y abre nuevos frentes de violencia. Las comunidades señalan una intensificación de acciones armadas en territorios con fuerte composición étnica, como Tacueyó, Cerro Tijeras y López de Micay. Según autoridades indígenas, el reclutamiento no solo constituye una violación de derechos individuales, sino un mecanismo de dominación que busca fracturar el tejido comunitario, debilitar las autoridades tradicionales e imponer formas de control social en tensión con la autonomía y el gobierno propio. En el sur del Cauca, particularmente en Argelia y corregimientos como El Plateado y El Mango, se han documentado graves violaciones a los derechos humanos asociadas al accionar del Frente Carlos Patiño y otros grupos armados, que incluyen la presencia en zonas cercanas a escuelas, el control de la población civil y prácticas que facilitan la captación de menores.
En el norte, estructuras del Estado Mayor Central han consolidado corredores de movilidad que favorecen el traslado de combatientes y de NNA reclutados, en medio de economías ilícitas como el narcotráfico. Los registros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) indican que la mayoría de las víctimas son niños y adolescentes indígenas, especialmente del pueblo Nasa. En el caso de niñas y adolescentes, se ha identificado una utilización diferenciada, con riesgos adicionales de violencia basada en género. El informe también alerta sobre el uso creciente de redes sociales y otras tecnologías para atraer y vigilar a menores. Frente a este panorama, las comunidades han desarrollado respuestas propias de protección. La Guardia Indígena cumple un papel central en la prevención y el rescate de menores, aunque sus integrantes enfrentan amenazas constantes.
Iniciativas como “Recomponer el camino de vuelta a casa”, impulsada por la ACIN desde 2007, articulan acciones de prevención, atención y seguimiento con un enfoque psicocultural que integra el acompañamiento profesional y el saber ancestral, fortaleciendo la identidad, la espiritualidad y los proyectos de vida comunitarios. Indepaz subraya que cualquier respuesta institucional debe incorporar un enfoque étnico y territorial robusto, en coherencia con el Convenio 169 de la OIT y el derecho a la autodeterminación. Las comunidades insisten en que el Estado reconozca y fortalezca los mecanismos propios de justicia y protección, complemente la acción pública con educación pertinente, salud, infraestructura y alternativas económicas, y asuma la protección de la niñez como una responsabilidad colectiva. “Proteger a los niños es garantizar el futuro de la comunidad”, señalan líderes indígenas del norte del Cauca.
Trascendiò que en medio de la persistencia del conflicto, las comunidades continúan defendiendo la vida y reconstruyendo sus tejidos sociales, reafirmando que la paz territorial pasa por cuidar a la niñez y devolver la armonía a los territorios golpeados por la guerra.