Este informe actualiza el análisis de Indepaz sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ampliando el enfoque más allá de las redes sociales para comprenderlo como un fenómeno multidimensional, vinculado al control territorial, las economías ilegales, las violencias estructurales y las falencias institucionales. Con especial énfasis en el departamento del Cauca, integra testimonios comunitarios y análisis territorial para ofrecer una comprensión integral que sitúa las voces de las comunidades en el centro del análisis.
Contextualización: los niños, niñas y adolescen- tes nunca fueron ni serán victimarios
“Parece que estuviésemos perdiendo la guerra porque hacemos cosas peores que los criminales” (El País, 2025), escribió Armando Benedetti en 2021, cuando, desde el Senado, promovía la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, tras el bombardeo en el Guaviare en el que murieron once menores de edad. Tres años después, ya como ministro del Interior, su postura contrasta con la afirmación del actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien, tras un nuevo bombardeo ocurrido el 13 de noviembre en el mismo departamento -en el que murieron siete menores1- aseguró que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí” (El Colombiano, 2025).
Estas dos afirmaciones, separadas en el tiempo pero ancladas en un mismo territorio y en un mismo tipo de operación militar, condensan una de las tensiones más profundas del tratamiento estatal del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los principios de distinción, proporcionalidad y exclusión de objetivos prohibidos establecen que los NNA no pierden su condición de víctimas por haber sido reclutados de manera forzada. Sin embargo, el retorno a los bombardeos, bajo narrativas de combate contra economías ilegales, expone una contradicción persistente: se niega la existencia del conflicto armado por parte del Gobierno mientras, al mismo tiempo, se invoca el DIH para justificar acciones que terminan debilitando las obligaciones reforzadas de protección, en un contexto donde el reclutamiento forzado continúa siendo una práctica estructural.
De acuerdo con cifras de Medicina Legal publicadas por la revista Cambio, 214 menores de edad han sido asesinados por la Fuerza Pública en los últimos diez años (Ver imagen 1), un dato que evidencia la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el país. Esta violencia institucional se suma a la presión ejercida por grupos armados y bandas delincuenciales, que han convertido a los NNA en instrumentos de guerra: los usan, los
1. Ver pronunciamiento de la Defensoría: https://www.elcolombiano.com/colombia/defensoria-del-pueblo-confirma-muerte-menores-combate-militar-guaviare-HI30921978 Mientras el reclutamiento crece, la infancia se reduce 3 exponen y, sobre todo, los reclutan de manera forzada mediante múltiples métodos y con fines cada vez más diversos. Esta confluencia de riesgos permite entender el reclutamiento no como un hecho aislado, sino como parte de un escenario estructural en el que los NNA continúan siendo víctimas centrales del conflicto armado.
Imagen 1. Presuntos homicidios de menores de edad Tomado de: Revista Cambio (2025)
Según datos presentados en la Cumbre de Gobernadores realizada en el Chocó en septiembre (2025) , en Colombia cada 48 horas
un niño, niña o adolescente es reclutado por grupos armados ilegales, lo que evidencia la persistencia y gravedad del fenómeno a nivel nacional. Esta afirmación se sustenta al revisar las cifras más recientes publicadas por la Defensoría del Pueblo (2025), que permiten dimensionar la magnitud y las características del reclutamiento en el país.
Hasta noviembre de 2025 se registraron 194 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA), de los cuales el 41% correspondió a niñas y adolescentes mujeres; el 43% a población indígena y el 8% a población afrocolombiana, lo que confirma el impacto diferenciado sobre grupos históricamente vulnerabilizados. En cuanto a los responsables, el Estado Mayor Central concentra el 44% de los casos, seguido por el ELN con el 14 %, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) con el 8%, el Estado Mayor de Bloques y Frentes con el 8% y la Segunda Marquetalia con el 4%. Un 22% de los hechos no pudo ser atribuido
con precisión a un actor armado específico, lo que refleja tanto la fragmentación del control armado como los persistentes vacíos de información y acceso institucional en los territorios (Defensoría del Pueblo, 2025).
Este panorama correspondiente a 2025 no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia sostenida de afectación grave a la niñez y la adolescencia en el marco del conflicto armado. Las cifras del año inmediatamente anterior permiten confirmar la continuidad y magnitud estructural del reclutamiento forzado en el país. En 2024, 637 NNA fueron reclutados, de los cuales el 38% eran niñas y adolescentes; 45% eran población indígena y el 6% afrocolombianos. El 41% de los casos de reclutamiento han sido cometidos por el Estado Mayor Central, el 5% por el ELN, 4 el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) el 3% al igual que la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor de Bloques y Frente, así como la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano el 1% cada uno. Sin embargo, hay unos actores que no logran ser identificados más que en la generalidad lo que compone el 47% del total de los casos entre grupos armados y crimen organizado (Defensoría del Pueblo, 2025).
Ahora bien, sostener que este panorama refleja de manera completa el fenómeno del reclutamiento en Colombia implicaría desconocer la profundidad real del problema, marcada por altos niveles de subregistro, que para la Defensoría del Pueblo estaría entre el 30% y 40% (Testimonio Anónimo, 2025) y por las limitaciones para contar con series de datos comparables en el tiempo, lo que dificulta identificar con precisión las variaciones territoriales y temporales del fenómeno. Una de las principales razones que explica este subregistro es que muchas de las denuncias que se presentan ante la Fiscalía son clasificadas inicialmente como desaparición forzada y no como reclutamiento, en parte debido a la transformación de las modalidades mediante las cuales operan los grupos armados. En la actualidad, el reclutamiento ya no se produce únicamente a través de la incursión violenta en los hogares, sino también mediante el uso de redes sociales, la infiltración en procesos comunitarios y organizativos, así como la vinculación en entornos como la escuela, lo que diluye las fronteras entre desaparición, vinculación forzada y reclutamiento, y hace más difícil su identificación oportuna.
El subregistro al que se ha hecho referencia se evidencia al contrastar estas cifras con los datos del Observatorio de Derechos Humanos del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que únicamente para esta subregión ha documentado un incremento sostenido de los casos de reclutamiento. Desde 2019, año en el que inició el seguimiento sistemático, las cifras muestran una tendencia al alza que da cuenta de la gravedad del fenómeno: en 2019 se registraron 10 casos; en 2020, la cifra ascendió a 110; en 2021 alcanzó los 272, en un contexto marcado por el periodo posterior a la pandemia de COVID-19; en 2022 se documentaron 250 casos; en 2023, 153; en 2024, 120; y en 2025, hasta el mes de octubre, ya se habían registrado 130 niñas, niños y adolescentes reclutados.
El panorama podría leerse de otra manera si no se tratara de vidas humanas y, en particular, de niñas, niños y adolescentes entre los 10 y los 17 años que hoy se convierten en víctimas directas del reclutamiento. Más aún, sería distinto si el Estado actuara de manera decidida y los reconociera plenamente como víctimas, no solo de la presencia de los grupos armados, sino también de la histórica desatención de sus necesidades por parte de los gobiernos. Resulta estremecedor constatar que entre 2019 y 2025 al menos 1.045 NNA hayan sido reclutados solo en el Norte del Cauca, una cifra que equivale, en términos simbólicos, a una generación parcialmente arrebatada al futuro. De ahí que la protección integral de la niñez deba asumirse como una verdadera política de Estado y no como programas de gobierno transitorios, fragmentados e insostenibles.
Todo reclutamiento es forzado: caracterización del fenómeno Diferencias conceptuales:
reclutamiento, uso y utilización En el análisis del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el contexto del conflicto armado es fundamental diferenciar entre los conceptos de reclutamiento, uso y utilización, dado que cada uno describe formas específicas -aunque interrelacionadas- de vulneración de derechos. El reclutamiento forzado se refiere a la incorporación de NNA a grupos armados, ya sea como combatientes o como parte de su estructura, mediante coacción, engaño o presión socioeconómica, y no puede entenderse únicamente como una práctica militar, sino como parte de un sistema más amplio de control social orientado a someter a las comunidades y erosionar las formas propias de autoridad y organización local. Por su parte, el uso alude a aquellas situaciones en las que los grupos armados emplean a menores sin integrarlos formalmente a sus filas, asignándoles tareas como espionaje, mensajería, vigilancia, apoyo logístico o explotación laboral y doméstica, lo que constituye igualmente una violación grave de derechos, aun cuando no exista participación directa en hostilidades.
Finalmente, el concepto de utilización es el más amplio y engloba tanto el reclutamiento como el uso, abarcando todas las formas en que los NNA son empleados en beneficio directo o indirecto de actores armados, incluyendo actividades de carácter sexual, económico, operacional o simbólico; por esta razón, es el término utilizado por Naciones Unidas para el registro de violaciones graves contra la niñez en contextos de conflicto armado.
Marco jurídico nacional
El ordenamiento jurídico colombiano reconoce de manera expresa la protección integral y reforzada de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), particularmente en contextos de conflicto armado. El artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos de la niñez prevalecen sobre los derechos de los demás, lo que impone al Estado la obligación de adoptar medidas especiales de prevención, protección y restablecimiento frente a cualquier forma de violencia, incluido el reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados.
En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) tipifica el reclutamiento y la utilización de NNA en hostilidades como una de las peores formas de violencia, reconociendo a las víctimas como sujetos de especial protección y estableciendo obligaciones claras para las autoridades en materia de prevención, atención y restablecimiento de derechos. De manera complementaria, el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su artículo 162, y la Ley 1719 de 2014, que fortalece la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, establecen sanciones específicas para quienes incurran en el reclutamiento forzado de menores de edad.
La Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia que consolida este marco de protección. En la Sentencia T-025 de
2004, el Tribunal reconoció el estado de cosas inconstitucional en relación con la población desplazada, incluyendo a los NNA reclutados o en riesgo de reclutamiento. Posteriormente, en la Sentencia C-203 de 2005 y en la Sentencia SU-020 de 2022, la Corte reiteró la obligación del Estado de garantizar medidas de protección diferencial, así como el seguimiento efectivo al cumplimiento de los derechos de la niñez en escenarios de violencia armada. De manera específica, el Auto 620 de 2017 reconoció la situación de los niños, niñas y adolescentes indígenas del Cauca como víctimas de reclutamiento forzado y ordenó la adopción de acciones colectivas de protección, atendiendo a las afectaciones diferenciadas sobre los pueblos indígenas y sus formas propias de
organización y gobierno.
Marco Jurídico internacional
El reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado constituye una violación grave del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A nivel internacional, existe un marco normativo robusto que reconoce a los NNA como sujetos de protección reforzada y prohíbe de manera expresa su vinculación a hostilidades, independientemente de la forma que esta adopte.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas posibles para proteger a los menores de los efectos de los conflictos armados. Esta protección fue reforzada con el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000), que prohíbe el reclutamiento forzado y la participación directa de menores de 18 años en hostilidades, y obliga a los Estados a prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas, así como a garantizar procesos de rehabilitación y reintegración. 8 Desde el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra de
1949 y sus Protocolos Adicionales reconocen a los niños como personas especialmente protegidas, y establecen la prohibición de
su reclutamiento y utilización por parte de fuerzas o grupos armados. Estas normas son aplicables tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales, como es el caso colombiano.
De manera complementaria, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crimen de guerra el reclutamiento, alistamiento o utilización de niños menores de 15 años para participar activamente en hostilidades, lo que implica responsabilidad penal individual para los responsables, incluso cuando los hechos sean cometidos por actores no estatales. En el ámbito de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad —particularmente la Resolución 1612 (2005) y las subsiguientes resoluciones 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012) y 2427 (2018)— establecieron el Mecanismo de Monitoreo y Presentación de Informes (MRM), que documenta seis violaciones graves contra la niñez en conflictos armados, entre ellas el reclutamiento y la utilización. Este enfoque amplio reconoce que la vinculación de NNA no se limita al combate, sino que incluye funciones logísticas, sexuales, económicas y simbólicas, en coherencia con el concepto de “utilización”.
Patrones y estrategias de reclutamiento
El reclutamiento no responde a una única modalidad, sino a un conjunto de estrategias combinadas. Si bien las redes sociales siguen siendo una vía activa de contacto, hoy se comprenden más como una extensión de dinámicas presenciales preexistentes y no como el único mecanismo de captación. En numerosos casos, el contacto digital acelera procesos que ya estaban en curso en los territorios. En este sentido, a través de entrevistas y diálogos con diversos actores, se identificaron distintas modalidades de reclutamiento que se entrelazan con el uso de nuevas tecnologías.
a. Reclutamiento por medio de la coacción emocional
Las relaciones afectivas con integrantes de grupos armados continúan siendo un mecanismo de captación relevante y no representan una novedad en el escenario actual. En los territorios se identifica una instrumentalización de los vínculos emocionales, especialmente en el caso de niñas y adolescentes, quienes son incorporadas a través de relaciones de pareja construidas sobre promesas de cuidado, protección, estatus o bienestar material.
Posteriormente, estas niñas y adolescentes son forzadas a participar en la captación de 2. Se prefiere hablar de coacción en lugar de enamoramiento porque este último implica la existencia de consentimiento y libertad para decidir estar en una relación afectiva. En contextos de conflicto o violencia, muchas relaciones supuestamente “amorosas” se construyen bajo dinámicas de poder
asimétricas, donde la víctima—generalmente mujeres—es forzada o presionada para cumplir con los deseos o necesidades de los grupos armados. Estas relaciones no surgen de una elección libre, sino de coacción, lo que refleja claramente la falta de libertad y consentimiento de la persona involucrada.
Patrones y estrategias de reclutamiento Mientras el reclutamiento crece, la infancia se reduce 9 otros niños y jóvenes, como parte de una cadena de reclutamiento que reproduce relaciones de poder, coacción y control.
Como lo expresan algunos testimonios, “las niñas son obligadas a vincular a otros chicos y también a otras niñas, trasladando a ellas una práctica que históricamente había sido ejercida por los hombres, pero que hoy se feminiza como parte de una estrategia deliberada de los grupos armados” (ACIN 003, 2025).
Otro de los mecanismos identificados opera a través de espacios de baile y circulación de contenidos audiovisuales. Como se señala
en uno de los testimonios: “La tecnocumbia está muy de moda, son niñas que bailan y esos videos se viralizan; aparecen con sus uniformes y sus armas, y esto genera un nivel de atracción”. Este tipo de estrategias combina la exposición en redes, la estética armada y la búsqueda de reconocimiento social como formas de normalizar y volver deseable la vinculación a los grupos armados.
b. Reclutamiento mediante beneficios estéticos y de cuidado personal: Este método opera de manera más invisibilizada, pero se ha identificado con fuerza el uso de procedimientos como la ortodoncia, el arreglo de cejas, pestañas y otros tratamientos estéticos como mecanismos de captación. Estos ofrecimientos funcionan como incentivos simbólicos y en varios casos se señala que dichos procedimientos son garantizados directamente por personas vinculadas a los grupos armados. Como se recoge en uno
de los testimonios: “La ortodoncia ha funcionado particularmente como mecanismo de captación, e incluso —aunque no sabemos
exactamente cómo— varios niños afirman que dentro del grupo hay personas que se encargan de ponerla. Cuando una niña o un niño rompe una relación de noviazgo con alguien del grupo, este tipo de beneficios también se usa para convencerlos y volver a atraerlos” (ACIN 001, 2025)
c. Reclutamiento a través de ofertas económicas y materiales: Los grupos armados identifican con rapidez las carencias económicas de las familias y aprovechan estos vacíos para formular ofertas de dinero y bienes materiales como parte de las estrategias de captación. En varios territorios, los ofrecimientos monetarios oscilan entre los $700.000 y $1.000.000. Como señala
un testimonio: “Tal vez aquello que papá y mamá no pueden cubrir lo identifica rápidamente el grupo armado, que capta esa necesidad. Sobre los pagos que ofrecen (…). La intención de que los niños se enamoren, podría decirse así, esa moto, ese carro, ese celular” (ACIN 001, 2025).
Esta lógica se refuerza con promesas de estabilidad económica que rara vez se cumplen, como lo relata un joven que fue vinculado siendo menor de edad: “Me iban a ayudar con casa, me iban a ayudar con plata y todo eso, con un salario según ellos. Ella me
ofrecía un millón y medio en ese tiempo. Era muchísima plata para mí… pero nunca conocí un peso de ellos. Nos daban plata solo para peluquearnos y ellos mismos nos compraban las cosas, botas y todo eso. Entonces no… no conocí nada de lo que me prometieron” (Testimonio Niño Reclutado 002, 2025).10
d. Reclutamiento a través del financiamiento en escenarios deportivos y escolares:
Niños con habilidades deportivas destacadas son patrocinados en torneos, campeonatos y eventos. Los grupos cubren transporte,
implementación deportiva, alimentación y participación en competencias, incluidas apuestas. A través de este acompañamiento se construyen vínculos de dependencia que posteriormente derivan en traslados forzados a otros territorios. “Un tercer escenario, que además hemos terminado por normalizar, es el patrocinio en espacios deportivos. Hay niños muy talentosos cuyos padres,
por la falta de recursos, no pueden costear guayos, uniformes u otros elementos básicos.
Los grupos armados llegan a esos espacios, los patrocinan y los inscriben en campeonatos o torneos apostados; poco a poco los van involucrando, los hacen sentir necesarios y luego se los llevan a otros territorios o veredas porque cumplen con el “perfil”: talento, carencias económicas y necesidades insatisfechas que el grupo aprovecha para atraerlos” (ACIN 001, 2025)
e. Reclutamiento por vulnerabilidad asociada a orientación sexual e identidad:
Se ha identificado que niños, niñas y adolescentes con orientaciones sexuales diversas enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad, asociadas a la falta de acompañamiento familiar, el acoso en entornos escolares y la estigmatización en sus comunidades. Estas fracturas afectivas y sociales son instrumentalizadas por los grupos armados, que ofrecen falsas promesas de pertenencia, protección y reconocimiento. Como se recoge en uno de los testimonios: “Actualmente uno de los motivos por los que los niños se ven inducidos, permeados o coaccionados a incorporarse tiene que ver con su orientación sexual. Muchos sienten falta de acompañamiento en su familia y, además, sufren bullying en las instituciones educativas. Todo esto ha incrementado su vulnerabilidad frente a los grupos armados” (ACIN 001, 2025).
f. Reclutamiento digital:
Las redes sociales continúan siendo utilizadas por los grupos armados debido a la facilidad que ofrecen para acceder a cualquier zona geográfica sin necesidad de una presencia física permanente, así como por la reducción de costos y la baja trazabilidad de estas acciones.
A través de estas plataformas se difunden narrativas de poder, control y éxito rápido, que resultan altamente atractivas para
niños, niñas y adolescentes. Como señala uno de los testimonios: “TikTok, las redes sociales, por ejemplo, donde muestran el
poder que tiene uno allá: tener armas, tener control, tener carros, motos, conseguir las cosas que quieren o que les ha hecho falta en un corto tiempo; eso es como lo que yo he visto” (ACIN 003, 2025).
A partir de los testimonios y del análisis del contexto territorial, es posible afirmar que el reclutamiento no se produce como un hecho inmediato ni homogéneo, sino como un proceso gradual que se despliega en distintas etapas. Estas fases, que en apariencia pueden parecer desconectadas entre sí, responden a una lógica progresiva de acercamiento, legitimación y control. En un primer momento, los grupos armados implementan estrategias de “endulzamiento”, “los grupos armados en temporadas decembrinas apadrinan un territoPatrones y estrategias de reclutamiento Mientras el reclutamiento crece, la infancia se reduce 11
rio o un bloque veredal y entregan regalos, se acercan, llegan con camionetas y dan regalos a todo el mundo y comida. Los padres y madres van y reciben, pero no, no son conscientes del trasfondo de esa acción” (ACIN 003, 2025).
Estas acciones de los grupos armados están orientadas a construir vínculos de confianza y dependencia, mediante la entrega de kits escolares, regalos, pequeñas sumas de dinero, el préstamo de motos o el apadrinamiento de Figura 1. Etapas del reclutamiento
niños y adolescentes. Estas acciones cumplen una doble función: por un lado, suplen carencias materiales no atendidas por el Estado; y por otro, normalizan la presencia del grupo armado en la vida cotidiana, diluyendo las fronteras entre ayuda, protección y coacción. Con el tiempo, estas dinámicas generan relaciones de reciprocidad y lealtad que facilitan etapas posteriores de captación, reducen la percepción de riesgo y limitan las posibilidades de ruptura, resistencia o denuncia por parte de las víctimas y sus familias.
Elaborado por Indepaz (2025)
Factores estructurales que facilitan el reclutamiento
El reclutamiento se sostiene sobre condiciones estructurales persistentes: pobreza multidimensional, ausencia de oportunidades educativas y laborales, control territorial armado, economías ilegales, ruptura del tejido familiar, violencias basadas en género y orientación sexual, falta de apoyo psicosocial; y una presencia estatal fragmentada. La combinación de estos factores configura un entorno de riesgo permanente para la niñez y adolescencia del que siempre se habla pero nunca se atiende.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2024) señaló, por ejemplo, que la débil o inexistente presencia del Estado en regiones donde predominan pueblos indígenas “profundiza la exposición de niños, niñas y adolescentes a la cooptación por grupos armados ilegales” (p. 11).
En Colombia las comunidades hablan de los Gobiernos en papeles de “observadores” y no desde un rol activo para la prevención, de hecho la acción termina siendo reactiva y efímera, con lo cual se hace más complejo hacer sostenible la transformación del fenómeno.
De hecho tampoco se comprende del todo el contexto en el que se producen los hechos y muchas veces lo sienten ajeno y distante de las prácticas que ya realizan las comunidades en el territorio. “Las instituciones podrían llegar a las formas y gobierno propio que tienen las organizaciones o las comunidades porque no pueden venir a imponer y decir que como nosotros resolvimos acá en la ciudad resolveremos en la montaña las comunidades. En el Caquetá no es la misma situación de acá o en Toribío no es la
misma de Corinto todas tienen una dinámica diferente. Necesitamos algo que sí resuelva desde la raíz” (ACIN 003, 2025). La queja continua es sobre la limitada presencia de instituciones en veredas y territorios apartados, la discontinuidad de políticas públicas y la falta de rutas efectivas de protección infantil debilitan las capacidades de prevención. Esta ausencia permite que los grupos armados ocupen funciones de regulación social, provisión de recursos y resolución de conflictos.
La familia también es considerado uno de losespacios que están atravesados por la pobreza, la violencia estructural, el esplazamiento forzado, la muerte o desaparición de cuidadores, y la sobrecarga de responsabilidades. Estas condiciones erosionan las capacidades de protección y acompañamiento, aumentando la exposición de niños, niñas y adolescentes a actores armados. No se trata de una falla familiar, sino de una expresión de la precarización social.
“Existe una preocupación persistente entre niños, niñas y jóvenes en torno a la situación económica de sus hogares. En
distintos testimonios se evidencia que muchos expresan el deseo de ayudar a sus madres, abuelas u otros cuidadores, lo que se traduce en la priorización del trabajo sobre la continuidad educativa. La necesidad de generar ingresos para contribuir al sostenimiento del hogar — poder comprar alimentos, mejorar la vivienda o cubrir necesidades básicas— se convierte en un factor
determinante en sus decisiones. En este contexto, la vinculación a un grupo armado aparece para algunos como una alternativa cercana, inmediata y de fácil acceso frente a la ausencia de opciones económicas y educativas reales en los territorios.
(ACIN 003, 2025)” De igual modo, Indepaz (2025) subraya que las estrategias de control social de los grupos armados buscan “romper las estructuras familiares, erosionar la autoridad tradicional y consolidar la obediencia mediante la vinculación de
los más jóvenes” (p. 7), afectando de manera directa las formas de organización, cohesión y reproducción social de las comunidades. Esto como ya se dijo está mediado por el uso de las redes sociales, los videojuegos en línea y claramente el reclutamiento como ya se describió anteriormente. La presencia prolongada de actores armados en los territorios ha naturalizado la guerra como un horizonte posible de vida, debilitando referentes alternativos y legitimando el uso de la violencia como forma de
ascenso social, protección o reconocimiento.
Lo grupos armados han conseguido instrumentalizar las vulnerabilidades de los menores de edad, entonces toman partido y reproducen la sexualización temprana, la violencia simbólica y la estigmatización de niñas, adolescentes y jóvenes con orientaciones sexuales diversas al interior de las estructuras, por ello utilizan a las niñas como protagonistas de sus vídeos publicados en redes sociales, generan estéticas armadas roles de género y narrativas de poder que buscan generar atracción, reconocimiento y normalización de la violencia. Hacen lo mismo con las luchas y demandas de reconocimiento del movimiento LGBTIQ+,
apropiándose de discursos de inclusión o protección para presentarse como espacios de aceptación frente al rechazo social, ocultando prácticas de control, violencia y sometimiento que reproducen patrones de dominación y disciplinamiento de género.
La perspectiva de género de un fenómeno que va en aumento
El reclutamiento está atravesado por relaciones desiguales de poder, control del cuerpo y violencias específicas contra las niñas y adolescentes. En los contextos de conflicto armado, las niñas enfrentan riesgos diferenciados que incluyen la sexualización temprana, la imposición de roles de cuidado y servidumbre, la coerción afectiva y la violencia sexual, prácticas que buscan disciplinar sus cuerpos y subjetividades, al tiempo que reproducen patrones patriarcales de dominación. Estas violencias
suelen permanecer invisibilizadas, tanto por el miedo y el estigma como por narrativas que priorizan el combatiente masculino y minimizan las afectaciones sobre las niñas. “Nos repartían las tareas: ranchar, guardiar, levantarnos de madrugada. Si me tocaba rancha tenía que levantarme a las cuatro de la mañana para que el desayuno estuviera listo a las seis, el almuerzo a las dos. Todo tenía que ser puntual” (Testimonio Niña Reclutada 004, 2025)
En este contexto muchas niñas son utilizadas no solo para tareas logísticas o domésticas, sino también como instrumentos simbólicos de control social, a través de relaciones forzadas, explotación sexual o su instrumentalización en entornos escolares y comunitarios para atraer a otros menores. En varios territorios, las niñas son sometidas a una doble violencia: por un lado, la ejercida por los grupos armados, y por otro, la que emerge tras el retorno o rescate, marcada por el señalamiento comunitario, la
culpabilización y la ruptura de sus proyectos de vida. Esta carga de estigmatización limita su acceso a procesos de atención, educación y reparación, profundizando las desigualdades de género preexistentes.
Abordar el reclutamiento desde una perspectiva de género implica, además, reconocer los impactos específicos en la salud mental, la maternidad forzada, el silenciamiento del dolor y la afectación de los vínculos familiares, donde las niñas suelen asumir responsabilidades adultas de manera temprana. Por ello, las estrategias de prevención, atención y seguimiento deben
incorporar enfoques diferenciales que garanticen espacios seguros, confidenciales y culturalmente pertinentes, integrando el acompañamiento psicosocial y psicocultural, la justicia propia y el fortalecimiento de las redes de cuidado comunitarias. En el caso de contextos étnicos, este enfoque debe articularse con la cosmovisión y los saberes ancestrales, reconociendo a las niñas no solo como víctimas, sino como sujetas de derechos y actoras clave en la reconstrucción del tejido social y comunitario.
Distribución territorial y focos críticos
Las regiones más afectadas por el reclutamiento en Colombia suelen coincidir con territorios en disputa entre distintas facciones armadas; sin embargo, el fenómeno no se limita exclusivamente a estas zonas. Diversos testimonios señalan que niños, niñas y adolescentes son reclutados en determinados departamentos y posteriormente trasladados a otros territorios con el propósito de romper sus vínculos familiares y comunitarios. Esta práctica se encuentra estrechamente relacionada con las dinámicas de confrontación activa entre grupos armados, que demandan un mayor número de integrantes y recurren a la movilidad forzada
de menores para fortalecer su control territorial, sostener sus estructuras armadas y apoyar funciones asociadas al uso de nuevas tecnologías, como drones y plataformas digitales. El departamento del Cauca figura como una de las zonas de mayor incidencia, con presencia de los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Frente 57, entre otros (Indepaz, 2025). Estas estructuras, las dos primeras pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas y la segunda con actuaciones autónomas hasta el momento se disputan corredores estratégicos hacia el Pacífico y las zonas cocaleras del norte y sur del departamento. Así mismo, hay afectaciones en la zona del Catatumbo, dónde durante más de dos años hemos visto cómo se mantienen los enfrentamientos entre el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio del hoy Estado Mayor de Bloques y Frente (EMByF). Hacia Antioquia también con una presencia de bandas delincuenciales locales, también de grupos POST FARC y narcoparamilitares como el Clan del Golfo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) que hacen uso de menores para diversas labores, entre ellas el sicariato y
distribución de drogas.
De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), entre 2022 y 2025 fueron reclutados 750 niños, niñas y adolescentes indígenas3 en el departamento del Cauca. El año 2024 ha sido identificado como el más crítico para esta región, concentrando el 64 % de los casos de reclutamiento a nivel nacional. Dentro del departamento, la zona más afectada corresponde al norte del Cauca, particularmente en los municipios de Caldono, Toribío, Páez, Corinto, Suárez y Caloto.
En otros departamentos como el Huila las cifras también vienen en aumento, de acuerdo una intervención del MinDefensa en octubre de 2025, en esta zona el reclutamiento de menores ha aumentado en un 41%; las denuncias superan las 40 sin contar el subregistro que se mantiene. El departamento del Huila cuenta con el Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento Forzado para la protección a la niñez vulnerable, se señala que ha permitido el rescate de al menos 15 menores (Díaz, 2025). La zona más afectada es el occidente, particularmente los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Iquira.
En su informe más reciente, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, 2025) advierte que la movilidad forzada de niños, niñas y adolescentes reclutados en este departamento sigue patrones definidos a través de las principales vías de comunicación nacionales e interdepartamentales. Estas rutas conectan el Cauca con departamentos como Huila, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá, siendo la Vía Panamericana uno de los corredores más utilizados para el traslado hacia el suroccidente y el sur del país. Asimismo, se identifican conexiones interdepartamentales estratégicas, como el corredor Cauca–Huila a través de la vía El Libertador y el eje Puracé–La Plata. En casos de desplazamientos hacia destinos más lejanos, los traslados incluyen etapas intermedias que atraviesan ciudades como Neiva, Ibagué, Bogotá y Villavicencio, hasta llegar a la región de los Llanos, lo que evidencia un uso sistemático de la infraestructura vial para fragmentar los vínculos territoriales y familiares de las víctimas.
En entrevistas realizadas en el departamento del Cauca también se señaló una situación poco documentada en la costa pacífica, que
afecta principalmente a comunidades negras en la subregión de El Naya; de hecho, no existe un reconocimiento cercano del contexto de reclutamiento en esta zona, pese a estar fuertemente impactada por la presencia de diversos grupos armados y bandas delincuenciales.
La Alerta Temprana 030-2024 de la Defensoría del Pueblo advierte que el reclutamiento es parte de la estrategia de control territorial y social, donde los menores son usados como informantes, vigilantes o enlaces (Defensoría del Pueblo, 2024).
Focalización en el departamento del Cauca: una mirada étnica
Desafortunadamente, en el Cauca confluyen múltiples escenarios que han terminado por convertir al departamento en una especie de “exportador” de niños y niñas para la guerra.
Por ello, no resulta extraño que se registren casos de menores de edad muertos en combates en otros departamentos, así como niños y niñas capturados, rescatados o incluso afectados por bombardeos, lo que evidencia la magnitud y la gravedad del fenómeno (Capaz, 2025).
El departamento del Cauca se ha consolidado como uno de los territorios más afectados por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el contexto del conflicto armado, en un escenario marcado por la persistencia y reconfiguración de múltiples actores armados, la disputa por el control territorial y “la expansión de las economías ilícitas de unos territorios a otros —en este caso, del norte del Cauca hacia la zona de Tierradentro y parte del sur del departamento— que se articula con los
flujos propios de la guerra. Lo que ocurre en municipios como Argelia, donde la confrontación armada se ha intensificado, ha desencadenado la apertura de nuevos flancos de acción en otras zonas. La dinámica armada tiende a desplazarse y a buscar nuevos escenarios de confrontación, y eso es precisamente lo que estamos observando” (Capaz, 2025).
Las comunidades señalan la intensificación de las acciones armadas en zonas como Toribío, Tacueyó, Miranda, Corinto, Cerro Tijeras
y López, territorios históricamente marcados por la presencia de distintos actores armados y, al mismo tiempo, por una fuerte composición indígena y afrodescendiente (ACIN 001, 2025).
En este sentido, el análisis de la situación del Cauca no puede desligarse de sus realidades étnicas y socioterritoriales, pues estas comunidades enfrentan un riesgo diferencial de reclutamiento y utilización asociado tanto a su ubicación estratégica como a la histórica disputa por el control de sus territorios. Los grupos armados buscan imponer formas de autoridad y control social que entran en tensión directa con los sistemas propios de gobierno, la autonomía y los procesos organizativos. Así, el reclutamiento opera no solo como una práctica armada, sino como un mecanismo de dominación orientado a fracturar el tejido comunitario
y a debilitar las autoridades tradicionales y las formas colectivas de organización.
Ante esta realidad, las comunidades indígenas, especialmente las articuladas en torno al CRIC y la ACIN, han desarrollado múltiples acciones de protección. La Guardia Indígena desempeña un papel central, no solo en la prevención sino también en el rescate de menores. En varios casos, los guardias han interceptado jóvenes en riesgo o han logrado recuperar a aquellos que ya habían sido reclutados, mediante la negociación directa o la presión comunitaria.
Sin embargo, estos procesos conllevan un alto riesgo para los miembros de la Guardia, quienes se enfrentan a amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos por parte de los actores armados. La respuesta comunitaria también incluye la activación de los llamados “tejidos de vida”, estructuras colectivas que combinan el acompañamiento psicosocial, el fortalecimiento cultural y la educación en derechos humanos. Estos tejidos permiten que los jóvenes se reconecten con su identidad, su lengua y su
Mientras el reclutamiento crece, la infancia se reduce 17 sentido de pertenencia al territorio, como estrategia para contrarrestar la influencia de los grupos ilegales.
Por ello, cualquier análisis y respuesta institucional frente al reclutamiento en el Cauca debe incorporar un enfoque étnico y territorial robusto, que reconozca los principios del Convenio 169 de la OIT, el derecho a la autodeterminación y al gobierno propio, así como el papel de la justicia propia como garantía de protección colectiva. Estas consideraciones resultan fundamentales para comprender las dinámicas nacionales del reclutamiento y su expresión diferenciada en el Cauca, y para avanzar hacia medidas de prevención y protección que no reproduzcan lógicas externas, sino que fortalezcan las capacidades comunitarias y las formas propias de cuidado y defensa del territorio.
Se requiere que el Estado reconozca la legitimidad y eficacia de los mecanismos propios de justicia y protección indígena, no como sustitutos, sino como complementos esenciales de la acción pública. Las comunidades han propuesto fortalecer los programas educativos con pertinencia cultural, mejorar la infraestructura escolar, garantizar el acceso a la tecnología con fines pedagógicos y promover proyectos productivos que ofrezcan alternativas económicas a las familias. Las reflexiones finales de los líderes entrevistados convergen en un llamado a la sensibilización colectiva. La protección de la niñez no es solo una tarea de las
comunidades indígenas, sino una responsabilidad compartida de toda la sociedad. El reclutamiento infantil es una expresión de la crisis estructural del país, que combina la pobreza, la inequidad, la exclusión y la persistencia del conflicto armado. Superarlo implica transformar las condiciones materiales y simbólicas que lo hacen posible.
Mapa 2. Focalización del reclutamiento forzado de NNA en Cauca Tomado informe CRIC (2025)
A pesar de la situación de riesgo para quienes defienden los derechos, las comunidades del norte del Cauca, con sus procesos de resistencia, han demostrado que la defensa de la vida no es únicamente una consigna política, sino una práctica cotidiana de dignidad. A pesar de las adversidades, los pueblos indígenas continúan reconstruyendo sus tejidos sociales, reafirmando su autonomía y exigiendo la presencia de un Estado que no llegue con armas, sino con educación, salud y oportunidades.
En su visión, proteger a los niños es garantizar el futuro de la comunidad y la continuidad de la vida misma, un principio que trasciende las fronteras del conflicto y se convierte en una apuesta ética y colectiva por la paz territorial.
Una de las iniciativas la ha desarrollado la ACIN desde 2007, cuando surge la iniciativa ‘Recomponer el camino de vuelta a casa’, “como una respuesta a la necesidad de atención integral en los territorios. Desde las comunidades se plantea la importancia de brindar un acompañamiento psicosocial que incorpore la dimensión espiritual, a partir del saber ancestral, orientado
a la armonización de la familia y del niño o la niña.
En este proceso, el proyecto de vida se reconfigura en torno al fortalecimiento comunitario, especialmente a través de iniciativas como las huertas, entendidas no sólo como una alternativa económica, sino como un espacio de arraigo, sanación y reconstrucción del vínculo familiar y territorial. El trabajo se desarrolla principalmente en el territorio, con la comunidad y junto a las familias, como base para la protección y la prevención del reclutamiento” (ACIN 001, 2025).
Figura 2. Etapas del reclutamiento Elaborado por Indepaz (2025) La estrategia de recomponer el camino de vuelta a casa se estructura en tres líneas fundamentales: prevención, atención y seguimiento. Desde la línea de prevención se desarrolla
un trabajo sostenido a través de los semilleros Kiwe Thegnas (Guardia Indígena), que, desde la mirada y los objetivos comunitarios, se han consolidado como una de las apuestas más fuertes y efectivas para apartar a niños y niñas de la guerra. Esta estrategia se centra en el fortalecimiento de la niñez dentro del proceso organizativo, promoviendo una formación política acorde con su edad, así como el reconocimiento y desarrollo de sus dones y habilidades mediante expresiones culturales y artísticas como la danza, el teatro y las artesanías, entendidas como herramientas de protección, identidad y construcción de proyecto de vida colectivo.
El foco de la estrategia también está puesto en la atención, la cual se desarrolla al interior de la organización, desde la Asociación de Cabildos Indígenas, a través de una estrategia propia de enfoque diferencial, reconocida como única en el país. Su principal valor agregado es el acompañamiento psicocultural, una apuesta que se diferencia del enfoque psicosocial convencional, al integrar de manera central la orientación del mayor o sabedor ancestral. Mientras el acompañamiento profesional aporta a los procesos cognitivos y emocionales de niños y niñas, la dimensión espiritual orienta el camino, define las rutas a seguir y da sentido al proceso
de sanación. Esta articulación es considerada fundamental para garantizar un adecuado desarrollo integral y construir una ruta pertinente para el restablecimiento de derechos de las “semillas”, en coherencia con la cosmovisión y el gobierno propio.
“Para nosotros, la semilla son los niños y niñas, y son fundamentales.
Por eso es clave armonizar el proceso de acompañamiento, porque muchas veces vienen de situaciones de desarmonía y de
conflicto. Lo que nos permite la dimensión espiritual es precisamente armonizar a la familia y armonizar a esa semilla, para
que tenga una buena apertura de camino frente a todo el proceso que se pretende adelantar, ya sea mediante una medida institucional o una medida propia, en el mismo territorio y en la misma región” (ACIN 001, 2025) En conjunto, estas experiencias muestran que las respuestas comunitarias al reclutamiento trascienden la lógica de contención del riesgo y se orientan a la reconstrucción de horizontes de futuro en contextos profundamente atravesados por la guerra. El énfasis en procesos
continuos, arraigados en el territorio y sostenidos por las propias organizaciones, permite disputar el control que ejercen los actores armados sobre la niñez y reafirmar la capacidad de las comunidades para protegerla. De estemodo, el cierre del ciclo de prevención, atención y seguimiento no solo busca evitar nuevas vinculaciones, sino consolidar condiciones sociales, culturales y simbólicas que hagan inviable la repetición del reclutamiento y fortalezcan la permanencia de niños y niñas en sus entornos familiares y comunitarios.
En el sur del Cauca, particularmente en municipios como Argelia, se han documentado graves violaciones a los derechos humanos
que inciden directamente en el reclutamiento.
En el corregimiento de El Plateado, el Frente Carlos Patiño fue señalado en 2023 por el reclutamiento de al menos 25 menores de edad, en un contexto marcado por el uso de minas antipersonales, la instalación de campamentos en zonas cercanas a fuentes de agua, el empleo de viviendas civiles para el lanzamiento de artefactos explosivos y la ocupación de infraestructuras comunitarias. Estas prácticas se replican en otros corregimientos como El Mango, donde la presencia armada se ha concentrado en subestaciones de energía eléctrica, profundizando el control sobre la población civil y aumentando los riesgos para niños y adolescentes.
En esta misma subregión, el corregimiento de Puerto Rico ha sido escenario de confrontaciones con el ELN, lo que ha derivado en mecanismos de control social más estrictos por parte del Frente Carlos Patiño, como la carnetización obligatoria de la población civil, con renovaciones periódicas y pagos exigidos. Este tipo de medidas no solo restringe derechos fundamentales, sino que facilita la vigilancia, identificación y posterior captación de niños, niñas y adolescentes, al someterlos a sistemas de control permanente.
Hacia el norte del Cauca, municipios como Corinto, Buenos Aires, Toribío, Caldono y Santander de Quilichao enfrentan una situación
igualmente crítica asociada al accionar del Frente Dagoberto Ramos y otras estructuras del Estado Mayor Central. En esta región se ha consolidado un corredor de movilidad entre Miranda, Corinto, Caloto y Jambaló, que facilita tanto el desplazamiento de combatientes como el traslado de menores reclutados. Se han reportado retenes armados, presencia en entornos escolares y denuncias reiteradas de reclutamiento forzado, en un contexto atravesado por la regulación armada de economías ilícitas, particularmente la marihuana.
De manera transversal en el departamento, también operan estructuras como la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que disputan rutas hacia la costa Pacífica, zonas de cultivos ilícitos y territorios estratégicos. El informe de Indepaz (2025) identifica estos corredores como focos críticos de reclutamiento y utilización de NNA, asociados a la fragmentación territorial, la persistencia del conflicto armado y la limitada capacidad institucional para garantizar protección integral.
Los registros del CRIC (2024) y la ACIN (2024) muestran que la mayoría de las víctimas en el Cauca son niños y adolescentes indígenas, particularmente del pueblo Nasa. En el caso de las niñas y adolescentes, se ha documentado una utilización diferenciada que incluye tareas de apoyo logístico, trabajo doméstico forzado y situaciones de violencia sexual. Asimismo, se ha identificado el uso creciente de nuevas tecnologías, como redes sociales y dispositivos aéreos no tripulados, así como la instrumentalización de menores para infiltrarse en entornos escolares y atraer a otros niños y niñas, lo que evidencia una profundización y sofisticación de las estrategias de reclutamiento en el departamento.
El reclutamiento en el Cauca presenta patrones diferenciados según territorio y grupo armado:
Tabla 3. Tabla de síntesis – patrones de reclutamiento Eje Territorial Municipios críticos Actores predominantes Características del
reclutamiento Norte del Cauca Caloto, Toribío, Corinto, Miranda Frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez (EMC), Frente 57
Captación comunitaria, digital y coerción económica.
Sur del Cauca Argelia, Balboa, El Tambo Frentes Carlos Patiño y Andrés Patiño (EMC) y ELN Reclutamiento por economías
ilícitas y coerción armada.
Costa Pacífica López de Micay, Timbiquí, Guapi Estructuras del EMC y GAO locales Utilización en rutas fluviales y control marítimo.
Elaborado por Indepaz (2025)
Daños culturales, espirituales y comunitarios del reclutamiento En los pueblos indígenas Nasa, Misak y Eperara Siapidara, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes no es comprendido únicamente como una violación individual de
derechos, sino como una ruptura profunda del equilibrio espiritual, cultural y territorial. El CRIC (2024) ha señalado que cada niño arrancado del territorio representa “una semilla que no germina donde debería”, una pérdida que trasciende a la familia y afecta al conjunto del pueblo. Esta comprensión se expresa con claridad en la palabra de un mayor espiritual del resguardo de Tacueyó: “Cuando se llevan a un niño, no solo se lo llevan a él. Se llevan su palabra, su lengua y el hilo que nos une a la tierra” (CRIC, 2024). El daño espiritual derivado del reclutamiento se manifiesta en el desequilibrio comunitario, la interrupción de la transmisión
intergeneracional de saberes y la erosión de la lengua y la memoria colectiva.
Frente a estas afectaciones, la ACIN (2024) ha documentado la realización de rituales de armonización posteriores a episodios de reclutamiento, orientados a “cerrar los caminos abiertos por la violencia” y limpiar el territorio del miedo. Sin embargo, estas prácticas de sanación enfrentan límites estructurales derivados de la continuidad del conflicto armado y de la falta de reconocimiento estatal del daño espiritual como una forma legítima de victimización, lo que restringe las posibilidades de reparación integral.
En el plano social y comunitario, el reclutamiento altera de manera significativa el orden colectivo, debilita la cohesión social y transforma las relaciones entre jóvenes y autoridades tradicionales. En varios resguardos del norte del Cauca, los grupos armados han interferido en los espacios de educación propia y han intentado suplantar la autoridad de los cabildos, generando una ruptura en los referentes de liderazgo comunitario. Un comunero del resguardo de López Adentro lo expresó de manera contundente: “Ya no se respeta la palabra del taita o la autoridad del cabildo; los jóvenes escuchan más al que tiene un arma o un celular
con dinero”. Según Indepaz (2025), el reclutamiento cumple así una función estratégica de control social, orientada a debilitar la capacidad de resistencia comunitaria, especialmente en territorios donde la Guardia Indígena sostiene una postura de defensa civil y no armada.
Desde la perspectiva del Tejido de Defensa de la Vida de la ACIN (2024), el reclutamiento constituye una “colonización violenta del
pensamiento joven”, en la que se imponen valores asociados al dinero, la dominación y el poder armado, en contraposición a los principios de comunidad, respeto y equilibrio que sostienen la vida colectiva. Esta imposición no sólo redefine los proyectos de vida individuales, sino las aspiraciones y expectativas de toda una generación.
Estos daños se entrelazan, además, con transformaciones territoriales y ambientales profundas. En el Cauca, las zonas con mayor incidencia de reclutamiento coinciden con territorios atravesados por economías ilícitas, minería ilegal y corredores del narcotráfico, procesos que generan deforestación, contaminación de fuentes hídricas y desplazamientos forzados.
Como lo señaló una lideresa del resguardo de Huellas, en Caloto: “El reclutamiento es parte de una guerra por el territorio. Nos quitan la tierra y también a los hijos que la defienden”.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, 2024) ha identificado que en el norte y sur del Cauca los impactos humanitarios del conflicto armado —incluido el reclutamiento— se superponen con crisis socioambientales, profundizando la vulnerabilidad estructural de las comunidades.
Finalmente, aunque el Estado colombiano ha desarrollado programas de atención y restitución, persisten retos significativos en materia de reparación integral. La limitada articulación entre el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el ICBF y las autoridades étnicas restringe el alcance de las medidas, especialmente cuando se trata de daños colectivos y espirituales (Defensoría del Pueblo, 2024). Indepaz (2025) insiste en que los procesos de reparación simbólica deben incorporar actos de sanación comunitaria, el fortalecimiento de la Guardia Indígena y la restitución del equilibrio territorial. Como lo sintetizó una lideresa Nasa durante un encuentro en Corinto: “No se trata solo de devolver a los niños, sino de devolver la armonía que
se llevaron”.
Conclusiones
✳ El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia es un fenómeno estructural de control territorial y social, no un hecho aislado ni una práctica residual del conflicto. Las distintas modalidades identificadas -coerción directa, incentivos económicos, vínculos afectivos, uso de redes sociales, explotación de desigualdades de género y discriminación por orientación sexual- evidencian que el reclutamiento opera como una estrategia integral para asegurar la reproducción armada, debilitar el tejido comunitario y disputar territorios. Este carácter estructural explica el alto subregistro, la normalización progresiva del fenómeno y la persistencia del riesgo incluso en escenarios de negociación o disminución de hostilidades, reafirmando que los NNA
continúan siendo tratados como recursos de guerra y no como sujetos plenos de derechos.
✳ La respuesta estatal sigue siendo insuficiente porque privilegia enfoques reactivos e institucionales, mientras que las xperiencias comunitarias demuestran que la prevención efectiva es territorial, cultural y colectiva. A pesar de los avances normativos y de coordinación interinstitucional, las políticas públicas no han logrado transformar las condiciones que facilitan el reclutamiento
ni articularse de manera efectiva con los sistemas propios de protección comunitaria y étnica.
En contraste, las guardias, las autoridades tradicionales, la educación propia y los procesos de sanación colectiva han mostrado mayor capacidad para anticipar el riesgo, proteger a la niñez y reconstruir proyectos de vida. Persistir en un enfoque que desconoce el daño espiritual, cultural y territorial no solo limita la reparación integral, sino que debilita las garantías de no repetición.
Recomendaciones generales
✳ La erradicación del reclutamiento y la utilización de NNA en Colombia exige un cambio estructural en el enfoque de prevención
y protección, que supere la lógica de programas aislados y respuestas institucionales fragmentadas. Es necesario avanzar hacia
un sistema integral de protección territorial, basado en derechos humanos, enfoque diferencial, corresponsabilidad comunitaria y
transformación de las condiciones que hacen posible el reclutamiento.
✳ En este sentido, se recomienda fortalecer el CIPRUNNA como una instancia territorializada, con capacidad operativa real, dotada
de presupuesto propio, mecanismos de seguimiento público e indicadores de impacto verificables. La prevención debe dejar de
ser un componente accesorio de la política de niñez para convertirse en un eje transversal que articule educación, salud mental,
empleo juvenil, conectividad, cultura y protección territorial.
✳ Resulta prioritario reconocer e integrar los sistemas comunitarios y étnicos de protección —guardias, autoridades tradicionales,
procesos de educación propia y comunicación comunitaria— como actores legítimos y vinculantes dentro de la política pública.
Esto implica garantizar su participación efectiva, su protección colectiva y el respeto por sus enfoques de sanación espiritual,
armonización y gobierno propio.
✳ Asimismo, se recomienda avanzar en el reconocimiento del daño colectivo, cultural y espiritual como parte de la victimización
por reclutamiento, incorporando medidas de reparación simbólica y comunitaria, más allá del enfoque individual y administrativo.
La reparación debe contribuir a restituir el equilibrio social y territorial afectado por la violencia.
✳ La prevención del reclutamiento debe abordarse como una política de futuro, orientada a garantizar proyectos de vida dignos para la niñez y la juventud. Esto implica invertir de manera prioritaria en educación pertinente, alternativas económicas lícitas,
espacios culturales, acompañamiento psicosocial y participación juvenil, especialmente en territorios históricamente marginados.