Versiòn Infobae.
Fabiola Perea, que se desempeñaba como empleada doméstica para la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, presentó una demanda contra el Estado por los seguimientos, interceptaciones y pruebas arbitrarias que se le realizaron en su contra, por el escándalo de la desaparición de dinero en la vivienda de la actual diplomática colombiana en 2023.
En el documento, que fue admitido por el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá y revelado por Noticentro Uno, la demandante solicita una indemnización por lucro cesante equivalente a 24 salarios mínimos y por daño moral equivalente a 450 salarios mínimos, lo que suma aproximadamente 674 millones de pesos.
Además, Perea narra como fue asociada como una presunta integrante del Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en la que se le atribuyó el sobrenombre de “La Cocinera”.
“Se inventó falsamente que Fabiola Perea era alias ‘La Cocinera’, supuesta integrante del temible grupo criminal y terrorista conocido como el Clan del Golfo, con el fin de obtener autorización judicial para intervenir sus comunicaciones, asociándola a graves actividades delictivas”, se lee en la demanda revelada por el noticiero nacional.
Del mismo modo, la exempleada doméstica asegura que, por este escándalo, se ha visto afectada para su estabilidad económica y emocional, tanto ella como su familia.
“Pues este núcleo continúa padeciendo cuadros de ansiedad, zozobra, sentimientos de persecución, y congoja derivados de los señalamientos de los cuales fueron víctima al haber sido asociados a un reconocido y temido grupo delincuencial como el Clan del Golfo”, manifestó.
Adicional a ello, Fabiola Perea también solicitó un acto público de disculpas y desagravio por parte de las entidades responsables de las interceptaciones ilegales.
Cómo fue el escándalo de Laura Sarabia
El caso se remonta al 29 de enero de 2023, cuando se reportó la desaparición de una maleta con aproximadamente 4.000 dólares (alrededor de 16 millones de pesos) en la residencia de Sarabia, entonces jefa de despacho del presidente Gustavo Petro.
Al día siguiente, Marelbys Meza, otra de las exempleadas de la actual embajadora en Reino Unido, fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño. Posteriormente, el 3 de febrero, las comunicaciones de ambas mujeres fueron interceptadas de manera ilegal, tras ser identificadas con los alias La Madrina y La Cocinera.
La Fiscalía determinó que la Policía recurrió a la falsificación de identidades, presentando a las exempleadas como supuestas integrantes del Clan del Golfo para obtener autorización judicial y acceder a sus comunicaciones, con el objetivo de esclarecer el destino del dinero extraviado.
La investigación reveló que el aparato de seguridad estatal se movilizó de manera desproporcionada para esclarecer lo que parecía un simple hurto doméstico. Policías implicados admitieron posteriormente que recibieron la instrucción de recuperar el dinero “a como diera lugar” y señalaron al entonces jefe de seguridad de la Presidencia, coronel Carlos Feria, como el responsable de impartir esa orden, según la información consignada en la demanda.
Con ese mandato, se recurrió a los equipos de poligrafía de la oficina de anticipaciones de la Casa de Nariño, herramientas reservadas para tareas de seguridad de alto nivel, y se diseñó un entramado de maniobras engañosas para involucrar a la Dijín y la Sijín en procedimientos irregulares.
A través de reportes que distorsionaban los hechos, se avalaron interceptaciones telefónicas sin sustento legal y se desplegaron seguimientos encubiertos a las trabajadoras, quienes pasaron de ser empleadas domésticas a ser tratadas como sospechosas de delitos graves.
En julio de 2023, el coronel Óscar Dávila, miembro de la seguridad presidencial, falleció en circunstancias que aún generan interrogantes. En agosto de 2023, varios policías implicados en las interceptaciones fueron capturados y algunos ya han sido declarados culpables.