Versiòn diario El Tiempo.
El trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso, banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue impulsado por los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla a través del ofrecimiento y la entrega ilegal, en algunos casos, de millonarios contratos en la UNGRD y en Invías.
Eso fue lo que sostuvo el lunes la fiscalía de Luz Adriana Camargo en la audiencia en la que imputó tres cargos contra los antiguos alfiles del Presidente y pidió que sean enviados a casa por cárcel. El veredicto del Tribunal de Bogotá de si los priva de su libertad se dará el 18 de diciembre, tres días después de que los abogados defensores expongan por qué sus clientes deben defenderse sin restricción alguna.
La Fiscalía los sindica de haber cometido tres delitos por los que, de ser vencidos en juicio, podrían pagar hasta 10 años de prisión: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Bonilla, un reconocido académico económico que fue el segundo ministro de Hacienda de esta administración, y Velasco, un curtido político de origen liberal que fue el segundo ministro del Interior, se declararon inocentes.
Con ambos ya son seis los altos funcionarios nombrados por el Presidente judicializados por el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Dos de ellos, Carlos Ramón González y César Manrique, están hoy prófugos de la justicia.
Según la investigación, los dos exministros fueron cabezas de una estrategia criminal encaminada a asegurar la aprobación de las llamadas reformas sociales y de los empréstitos internacionales que le interesaban al Ministerio de Hacienda.
“En desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso desarrollar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en Invías o en la UNGRD a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones del Congreso a las que pertenecían”, dijo la fiscal María Cristina Patiño en la audiencia del lunes.
Como investigadora sostiene que la ‘empresa criminal’ en el caso de Bonilla y Velasco tuvo tres capítulos marcados por la corrupción: la repartija de contratos en Invías, los proyectos con recursos de Gestión del Riesgo y la entrega de un convenio en Sahagún (Córdoba) que, dice la Fiscalía, en realidad era una dádiva para el senador colaboracionista de ‘la U’ Julio Elías Chagüi.
En estos capítulos se habla de 79 proyectos (74 en Invías y cinco en la UNGRD) direccionados a dedo en Senado y Cámara, por un monto de 612.237 millones de pesos, los cuales no alcanzaron a desembolsarse en su totalidad, ya que solo siete convenios se firmaron.
Tanto para los que no se suscribieron como para los que sí, la Fiscalía afirma que desde mayo de 2023 los dos exministros supuestamente encabezaron la organización criminal para impulsarlos: “Se alteró deliberadamente la independencia del Congreso, se pervirtió la función administrativa y se afectó el patrimonio público. No fue un diálogo entre ramas del poder, fue un acuerdo delictivo que lesionó intereses jurídicos esenciales que configuran los delitos imputados y demuestran la planificación conjunta y permanente (…). Se evidencian unos intereses políticos sin límite que obviamente Velasco y Bonilla articulaban a través de terceros, tratando de no ser detectados en sus actos de corrupción”.
Tanto para los que no se suscribieron como para los que sí, la Fiscalía afirma que desde mayo de 2023 los dos exministros supuestamente encabezaron la organización criminal para impulsarlos.
maría cristina patiñoFiscal delegada
En ese entramado, la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta habría actuado como bisagra entre el Ejecutivo y los congresistas que buscaban estos contratos. Esa función de enlaces también la confesaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, así como la exasesora María A. Benavides, hoy testigo clave contra los exministros.
Los contratos de Velasco
Frente al otrora jefe de la cartera del Interior, la Fiscalía indicó que en junio de 2023 le habría ordenado a Olmedo López apoyar la reforma pensional, “para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías (…). Allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno, salud y pensiones”, resaltó la fiscal.
En junio de 2023, Olmedo López se habría puesto a disposición de la senadora Peralta Epieyú, quien estaba liderando el debate de la pensional en el Congreso. La Fiscalía también mencionó como supuesta partícipe a la congresista Berenice Bedoya, de la ASI.
En ese capítulo de supuesta corrupción para mover la reforma pensional se habrían direccionado cuatro contratos amañados en los municipios de Puerto Concordia (Meta); Aguazul (Casanare) y Mistrató (Risaralda). Un cuarto proyecto se habría direccionado en favor de Isaac Riscala en La Guajira. En total, se habla de 12.395 millones de pesos desviados en ese episodio.
Este tipo de presuntas alianzas, para la Fiscalía, son de suma gravedad al tratarse de altos dignatarios del Estado. “Quienes detentan la función de garantizar la seguridad pública, especialmente por tratarse de recursos de los colombianos dirigidos a la población en circunstancias de mayor vulnerabilidad por calamidades o desastres, a quienes se les confió dirigir nuestro país, se interesaron únicamente en sacar adelante los planes del Gobierno”, subrayó Patiño.
Las asesoras
La fiscal también hizo énfasis en Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, exasesoras del Ministerio de Hacienda que trabajaron de la mano de Bonilla. Las dos son claves, según las investigaciones, en el esquema que supuestamente se montó desde el Minhacienda para asegurar el curso de los proyectos en el Congreso.
El listado de parlamentarios por favorecer estaba en un documento que Ramírez le habría dado a Benavides con 71 proyectos por amañar. La Corte Suprema investiga por este capítulo a los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, y al exrepresentante Juan Diego Muñoz.
El caso de Chagüi
El tercer capítulo lleva a Invías, también con la participación de la exasesora Benavides, a quien, siguiendo instrucciones de Velasco, le habrían ordenado reunirse con el senador Julio Elías Chagüi. Según el expediente, el congresista le dijo a la exasesora que estaba interesado en tres proyectos: uno en Lorica por 8.500 millones; otro en Los Córdobas, por 4.500 millones, y el de Tierralta, por 2.700 millones: sumaban 15.700 millones de pesos.
Chagüi también le habría dicho a Benavides en la reunión que representaba a nueve senadores de la Comisión Primera, y que por eso estaba pendiente de 15 ‘cupos indicativos’, dirigidos a garantizar la gobernabilidad en esa célula legislativa.
La Fiscalía sostiene, basada en la versión de Benavides, que el senador reconoció que “en Invías tenía tres proyectos”, y que tenía otras negociaciones que estaba discutiendo con el exministro Velasco.
Carlos López y Sara Quevedo – Justicia – justicia@eltiempo.com