Durante lo corrido del 2025, la Procuraduría General de la Nación realizó 853 intervenciones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y diversas autoridades estatales para garantizar los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos. El 22% de esas intervenciones correspondió a casos de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, reflejando la prioridad institucional por atender los riesgos diferenciados que enfrentan.
En este marco, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ha emitido Directivas estructurales que formalizan sus estrategias de vigilancia preventiva y control de gestión ante la UNP y otras autoridades, orientadas al fortalecimiento de los sistemas de prevención y protección en su favor.
Las mujeres lideresas y defensoras enfrentan múltiples riesgos y afectaciones que se entrecruzan con las violencias basadas en género, los estigmas, las cargas desproporcionadas y la persistencia de contextos de inseguridad en sus comunidades.
A pesar de ello, continúan impulsando transformaciones sociales profundas: promueven la paz y la reconciliación en zonas rurales, fortalecen procesos organizativos, abren espacios de participación democrática, garantizan la voz de las mujeres y niñas defienden la vida, el territorio y el medio ambiente. Su historia y su labor representan un aporte invaluable para la construcción de un país más justo, igualitario y respetuoso de los derechos humanos.
En este sentido, la Procuraduría envía un mensaje claro de protección, acompañamiento y no estigmatización. Las mujeres lideresas y defensoras no están solas. El ministerio público reconoce su fuerza, su visión transformadora y su contribución esencial a la democracia; reafirma su misión constitucional de vigilar que las entidades del Estado garanticen su seguridad, la implementación de medidas adecuadas de prevención y protección, así como el pleno respeto por su labor.