La vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina presidió s en Tumaco la Quinta Sesión de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el seguimiento a las medidas ordenadas en el Auto 620 de 2017 de la Corte Constitucional, que le exige al Estado la protección urgente de la población afrodescendiente e indígena en la Costa Pacífica nariñense debido al Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Esta comisión, liderada por la alta mandataria, tiene a cargo la articulación e implementación del denominado “Plan Urgente de Reacción y Contingencia (PURC)” para salvaguardar los derechos fundamentales de estas comunidades.
El espacio contó con la participación de delegados de los ministerios y otras entidades del Estado involucradas en esta tarea, así como de la Gobernación de Nariño, las alcaldías de los municipios del Pacífico nariñense y organizaciones étnicas de la región, entre ellas, la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales en Nariño (ASOCOETNAR), la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS), los Consejos Comunitarios de Magüí Payán, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño (ACIESNA) y la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico (ORIPAP).
“Tengo la tarea de la coordinación interinstitucional para hacerle seguimiento a la implementación de las órdenes del Auto 620 de 2017. Son tres años y medio de coordinación interinstitucional. Cuando llegamos no existía el plan de contingencia y atención a las emergencias de la población, tanto indígena como afrodescendiente del Pacífico nariñense, y lo primero que hicimos fue poner a todas las instituciones a definir las medidas concretas que fueron concertadas con los pueblos étnicos, con las comunidades y sus organizaciones”, expresó la vicepresidenta.
Durante la sesión, el Grupo de Seguimiento al Auto 620 de 2017 de la Vicepresidencia presentó el balance de la implementación de dicho Plan Urgente de Reacción y Contingencia (PURC), formulado para atender a estas comunidades, que hasta el momento ha establecido un total de 134 medidas o acuerdos, de las cuales, 97 ya fueron implementadas, con corte al 31 de octubre, con una inversión que asciende a $24.341 millones. El objetivo es que, al terminar este período de Gobierno, se hayan completado otras 108 acciones de impacto, con una inversión cercana a los $120.000 millones.
Dichas medidas, de carácter urgente y transitorio, tienen un enfoque de seguridad humana y van de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo para los pueblos étnicos de la región, al igual que en articulación con lo dispuesto en el Gobierno nacional para la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, la Política Pública de Víctimas y la Política Publica de Desarrollo Integral para el Pacifico, actualmente en su última fase de construcción y consolidación, incluyendo un documento CONPES.
Además de medidas urgentes y provisionales en materia de seguridad, protección y atención a emergencias humanitarias, el Plan concertado contiene acciones de sobre derechos y servicios básicos; reconversión económica y derecho colectivo al territorio; y ejercicio de derechos políticos y fortalecimiento organizativo. Cada medida cuenta con información de rutas de implementación, cronogramas, presupuestos e indicadores para la labor de coordinación de la implementación y su seguimiento, proceso que lidera el Grupo de Seguimiento al Auto 620 de la Vicepresidencia.
A la fecha, en la implementación se destaca el inicio de un protocolo para el desminado humanitario de territorios priorizados del pueblo Awá del Pacífico nariñense, incluyendo jornada de educación en riesgo de minas, al igual que la coordinación de acciones de prevención de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y la protección de las comunidades, líderes, lideresas y autoridades étnicas de la región.
El balance presentado por la Vicepresidencia reseña también, entre otros aspectos claves, la implementación de programas para la preservación cultural de las comunidades, como por ejemplo, la primera fase de la ruta de autodiagnóstico sociolingüístico del idioma Awapit con el Pueblo Awá, el haber puesto en funcionamiento la Escuela de Artes y Cultura Inkal Awál o la implementación de estrategias de recuperación y conservación de la identidad étnica y cultural de las comunidades de los Consejos Comunitarios de Magüí Payán.
Por otro lado, se logró el fortalecimiento de los proyectos educativos comunitarios Inkal Awá en torno a los ciclos de vida del pueblo; de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales (ASOCOETNAR), de la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS), del Pueblo Eperara Siapidara y de los Consejos Comunitarios de Magüí Payán. Además, se avanzó en la ampliación de la oferta educativa para los pueblos étnicos en las subregiones de Sanquianga y Telembí, a través de la estrategia Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (SIMES).
En materia de reconversión económica y derechos territoriales, junto al Ministerio de Agricultura se ha impulsado el fortalecimiento productivo de comunidades étnicas priorizadas del Pacífico nariñense, mediante la ejecución de cinco proyectos de producción primaria orientados a generar ingresos, mejorar las prácticas agrícolas y promover la sostenibilidad en los territorios, con una inversión aproximada de $17.000 millones. Con la Agencia de Renovación del Territorio se avanza en la consolidación de infraestructura productiva que mejore los procesos de transformación, almacenamiento y comercialización de los productos, a través de proyectos como la construcción de un trapiche panelero y una planta de transformación de plátano, con inversiones cercanas a los $6.000 millones.
En cuanto a la protección de la propiedad colectiva territorial, se han logrado avances concretos para dotar de seguridad jurídica a estos territorios, a partir de la constitución de cuatro nuevos resguardos, la ampliación de otros cuatro y la adquisición de varios predios, a través de la expedición de al menos ocho actos administrativos de formalización de territorios colectivos entre 2023 y 2025, asegurando la titulación de más de 2.000l hectáreas de tierra a favor de los pueblos étnicos.
En la tarea de articulación liderada por la Vicepresidencia, se reseña la aprobación de recursos para la implementación de un proyecto de electrificación para las comunidades indígenas en Tumaco, con una inversión de $21.000 millones, y la estructuración y gestión de recursos de un proyecto de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía para usuarios indígenas en zonas rurales de Tumaco y Barbacoas, por $14.000 millones, cuya ejecución se prevé que inicien en la siguiente vigencia.
En lo relacionado con el derecho a la salud, se está próxima a iniciar la operación de siete equipos básicos de salud diferenciales y se está impulsando la conformación intercultural de equipos en toda la región, lo cual permitirá garantizar la atención directa a las familias étnicas. Esto con una inversión de $1.700 millones y una proyección de $5.000 millones más al termina el Gobierno.
Con la Unidad para las Víctimas, se logró la protocolización de los planes de los consejos comunitarios Rio Rosario, Rescate Las Varas, Alto Mira y Frontera, y Manos Amigas del municipio de Magüí Payán. En articulación con esta entidad, también se avanzó en la protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva, alcanzado con esta acción a 445 familias del Consejo Comunitario Rio Tablón Dulce (San Andrés de Tumaco) y la protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva orientado a 347 familias del Consejo Comunitario Río Tablón Salado.
A su vez, con el Ministerio del Interior, se avanzó en el cumplimiento de las medidas de protección colectivas en siete consejos comunitarios del Distrito de San Andrés de Tumaco (Unión Río Rosario, Rescate Las Varas, Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y Frontera, la Nupa del Rio Caunapi, Río Chagüí y Veredas Unidas). Y a través de gestiones con el Instituto Departamental de Salud de Nariño y la Unidad Nacional de Protección (UNP), se capacitaron 30 guardias indígenas y autoridades étnico-territoriales en primeros auxilios y autoprotección.
Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se logró que se pusiera en práctica la modalidad “Tejiendo Interculturalidad” para fortalecer las capacidades de las familias y comunidades y generar entornos protectores que permitan el buen vivir de los niños, niñas y adolescentes.
En articulación con el Sector Defensa, se han adelantado varias acciones, como la estrategia de relacionamiento con la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa para intervenciones seguras y respetuosas en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, acción con la se ha llegado a 30 resguardos del Pueblo Awá y 33 consejos comunitarios de los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara de Iscuandé; 22 consejos comunitarios asociados a RECOMPAS ubicados en Tumaco y cuatro de Magüí Payán.
En esta Quinta Sesión de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el seguimiento a las medidas ordenadas en el Auto 620, se presentó ante las comunidades el Mecanismo de Certificación Periódica, formulado para determinar el grado de contribución de las entidades del Gobierno nacional a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en el Pacífico nariñense, instrumento pensado para establecer, con base en criterios objetivos, cómo la implementación de las medidas del Plan Urgente de Reacción y Contingencia (PURC) contribuye a la garantía de derechos de los pueblos étnicos de esta región.
El Mecanismo fue aprobado por los comisionados y su puesta en funcionamiento y expedición de certificados estará a cargo de la Vicepresidencia de la República.
“No solamente nos hemos quedado con lo del Auto 620, porque son unas órdenes muy específicas, sino que hemos convocado a otras instituciones del Estado, más allá de lo establecido por la Corte Constitucional, para decirles que estos territorios necesitan transformaciones más estructurales y por tanto necesitan de su compromiso. Hay unas que tienen buena voluntad y otras que no, lo reconozco. Pero con todo esto nos toca avanzar y hay un compromiso firme del presidente de que avancemos en la región del Pacífico y en este territorio, por la paz y la dignidad de estas comunidades. De eso no tengan dudas y mi llamado es que juntos podemos ir más lejos. Aquí no se trata de quitarle los derechos a unos para dárselos a otros, aquí se trata de que todo este pueblo ha sido víctima de la violencia y la exclusión, y tenemos que trabajar unidos”, concluyó la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina.