El Congreso de la República se prepara para reanudar hoy sus labores legislativas con el inicio de la discusión del Presupuesto General de la Nación más alto de la historia, que asciende a $557 billones, cifra nunca antes propuesta, en medio de presiones por la disciplina fiscal y tensiones políticas. La primera sesión oficial para abordar el proyecto está programada a las 9:00 de la mañana en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, luego de los días de duelo y honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El presupuesto presentado por el Gobierno contempla un monto de $557 billones, lo que representa un aumento del 6,5 % frente a los $523 billones aprobados para 2025. El proyecto depende de una ley de financiamiento pendiente, que estima recaudar $26,3 billones, requisito para que las cuentas cierren. Además, la distribución plantea un incremento de $29,7 billones en funcionamiento y de $5,7 billones en inversión, mientras el rubro de servicio a la deuda proyecta una caída de $15,3 billones. La cifra definitiva deberá ser definida por las comisiones el 15 de septiembre y el debate en plenaria está previsto hasta el 20 de octubre. Si en esa fecha no existe acuerdo, la ley faculta al Ejecutivo para expedir el presupuesto por decreto.
La discusión tiene lugar tras la suspensión de sesiones por la cámara ardiente y homenajes al senador Uribe Turbay. Los plazos legales obligan a acelerar la deliberación: el trámite debía iniciar antes del 15 de agosto, pero la cita fue reprogramada para hoy, lo que comprime los tiempos y exige celeridad en los debates y en la presentación de propuestas de ajuste.
Diversos sectores han alertado sobre la viabilidad fiscal del proyecto. El presupuesto está condicionado a una futura reforma tributaria que, según se plantea, busca recaudar más de $26 billones adicionales y aún no ha sido presentada. Además, se reporta un faltante de otros $12 billones cuya fuente de financiación no se ha especificado. Ante este panorama, la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido, señaló: “Tenemos hasta el 15 de septiembre para darle el debate al presupuesto, pero el Gobierno tiene que sincerar el debate y ajustarlo a lo que tiene, porque en este momento, además de la reforma tributaria que está por 26 billones, faltan otros 12 que no se sabe de dónde los van a sacar”.
La incertidumbre en torno a la fuente real de recursos ha llevado a que representantes como Katherine Miranda adviertan sobre la posibilidad de buscar una reducción del monto propuesto para 2026. Miranda expresó que no respaldarán una reforma tributaria con un recaudo tan amplio ni permitirán la eliminación del régimen simple, medida que afectaría a las pequeñas empresas.
El ambiente también se ve marcado por el antecedente del año anterior, cuando las comisiones económicas devolvieron el proyecto oficial y el Gobierno terminó expidiendo el presupuesto por decreto. El senador conservador Efraín Cepeda afirmó que “no podemos dar el papayazo de dejar que ellos saquen el presupuesto”, pues eso permitiría al Ejecutivo definir partidas clave para la Registraduría y, según los críticos, influir en la organización de las elecciones de 2026.
Desde la bancada del Centro Democrático, el representante Christian Garcés pidió que la coyuntura actual no derive en un “segundo año consecutivo de dictadura fiscal”. Según su postura, el Gobierno habría presentado un presupuesto inflado y con riesgos para la sostenibilidad, ya que sus estimaciones esperaban ingresos superiores a los realmente probables y priorizaban el gasto burocrático.
Mientras tanto, el Congreso también abordará otros temas de control político a lo largo de la semana. Este martes, en la comisión segunda del Senado, se elegirá la nueva mesa directiva, quedando pendiente dicho trámite. En la séptima comisión, los ministros Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y Germán Ávila (Hacienda) están citados para un debate sobre la reforma a la salud. En la comisión segunda de la Cámara, el ministro de Defensa Pedro Sánchez fue convocado para analizar el impacto del presupuesto de 2026 en su cartera, y la ministra de Transporte María Fernanda Rojas deberá responder sobre los avances y retrasos en las obras civiles del departamento de Risaralda.
El desarrollo de esta agenda parlamentaria determinará si el presupuesto general de la nación para 2026 logra consensos políticos y fiscales suficientes para su aprobación en el Congreso, en un contexto de déficit elevado, vigilancia internacional y expectativas de ajuste frente a la sostenibilidad de las finanzas públicas.