El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, consideró que la reforma aprobada al Sistema General de Participaciones (SGP) constituye un avance hacia la corrección del histórico centralismo que ha dominado el país, pero el éxito de su implementación
dependerá de que la Ley Orgánica de Competencias que apruebe el Congreso distribuya y armonice las funciones que la Nación dejará de ejecutar y que asumirán los departamentos, distritos y municipios con los nuevos recursos que les serán transferidos.
El nivel de concentración que vive Colombia se observa en el hecho de que Bogotá recauda el 40% del producido total del impuesto predial y el PIB de la capital representa actualmente un 26% del PIB Nacional En esa misma línea, el desarrollo industrial se ha concentrado en la región central donde se genera el 81% del producto bruto industrial, mientras en la periferia de Colombia se genera el 19 %, recalcó el Contralor.
El resultado de esa situación es la persistencia de enormes brechas sociales entre el centro del país y las regiones. Según el DANE, para el año 2022 se tenía que 106 municipios tenían un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) mayores al 75%, todos ellos situados en la periferia geográfica de Colombia, y en algunos casos ese índice estaba por encima del 90%.
La reforma en curso busca compensar en parte las brechas en los sectores priorizados calculadas en $122 billones en Salud para la atención primaria, en $123 billones las de acueductos y gestión comunitaria del agua y en $110 billones las de educación, destacó el Contralor Rodríguez Becerra en el acto de lanzamiento de la edición 376 de revista Economía Colombiana, en el Auditorio Camilo Torres de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP.
Esta nueva edición de la emblemática publicación de la Contraloría General de la República recoge diverso análisis sobre la reciente reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) y la construcción de la nueva Ley de Competencias que la reglamenta.
Escriben, entre otros, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo (“La autonomía territorial es el futuro político y económico de Colombia”), el exministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega (“El enorme desafío: la descentralización fiscal”); el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (“No más centralismo, es hora de pensar en la verdadera autonomía territorial”); el Alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Alejandro Eder Garcés (“Colombia se desarrolla desde los territorios”); el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo (“Recomendaciones para garantizar descentralización con equidad”); el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera Amado (“Hacia un nuevo modelo de estado: descentralización, autonomía y competencias”); y el Contralor Distrital de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz (“Más recursos, más riesgos: la descentralización exige control
y capacidad”).
Traslado de recursos para corregir viejas desigualdades
Para el Contralor General, “La aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones, es la más profunda reforma a las relaciones presupuestales entre el gobierno central y los gobiernos territoriales, desde la promulgación de la Constitución de 1991”. Y, dado que su entrada en vigencia está condicionada a la aprobación de la Ley de Competencias, la atención se centrará en la discusión sobre la reasignación de responsabilidades en los
distintos niveles del gobierno.
En el editorial de la revista, el Contralor Rodríguez Becerra advierte sobre posibles conflictos normativos en el futuro: “Un caso ilustrativo es el de la reforma al sistema de salud, que establece que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) gestionará los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a salud, pese a que estos pertenecen a las entidades territoriales. Surge entonces una pregunta clave: ¿Cómo se conciliará esta centralización en la administración de los recursos con el fortalecimiento de la
autonomía territorial que promueve la reciente reforma constitucional del SGP?”.
Recuerda luego que algunos analistas han advertido que un aumento del SGP podría generar una presión fiscal insostenible, incrementando el déficit y la deuda.
“Sin embargo, precisa, esta preocupación parte del supuesto de que crecerá el gasto total, cuando en realidad se trata de trasladar recursos del nivel central a los territorios, conforme a las competencias ya descentralizadas”.
En uno de los artículos de esta edición de Economía Colombiana, la Contraloría considera que “el aumento de las transferencias hacia los entes territoriales promete corregir viejas desigualdades, pero si no se acompaña de controles, reglas claras y capacidad institucional, el remedio podría agravar el problema”.
Encrucijada histórica
Para el Contralor Rodríguez Becerra, “Colombia está ante una encrucijada histórica: persistir en un modelo de concentración que reproduce desigualdades o construir, con decisión y coraje institucional, un nuevo pacto territorial basado en justicia fiscal, autonomía local y responsabilidad compartida”.