El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que propone un recorte del 50 % en la ayuda no militar destinada a Colombia. Esta iniciativa, que representa una reducción de 208 millones 775 mil dólares, avanza ahora a la plenaria de la Cámara de Representantes y, posteriormente, al Senado de la República.
La medida fue respaldada con 35 votos a favor y 27 en contra dentro del Comité, y es impulsada principalmente por el representante republicano Mario Díaz-Balart, quien ocupa la vicepresidencia de dicho comité.
El congresista Mario Díaz-Balart ha justificado la propuesta argumentando que el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro no ha utilizado la ayuda estadounidense «de manera eficaz». En un informe que acompaña el proyecto de ley para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2026, Díaz-Balart critica a la administración Petro por «políticas perjudiciales, comportamiento errático y relaciones malignas».
Entre las preocupaciones específicas mencionadas en el informe se incluyen:
- Un aumento en el uso de drogas, incluso «en los niveles más altos del gobierno».
- El «deterioro» de la seguridad en el país.
- La «creciente volatilidad política», evidenciada por el «reciente intento de asesinato del senador de oposición y candidato presidencial Miguel Uribe» en junio.
- La preocupación de que «los actores armados y las organizaciones criminales recuperan territorio perdido».
- Críticas a las «irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe».
Díaz-Balart expresó que el presidente Petro «parece insistir que quiere relaciones con todos los enemigos de la democracia, con grupos narcotraficantes, con grupos antisemitas y no quiere la relación especial con los Estados Unidos».
El congresista afirmó que este proyecto de ley «deja muy claro que los días de una política exterior estadounidense débil han terminado», y que se recortan fondos a países que «ya no promueven intereses comunes, como Colombia, debido a los fallos objetivos de la administración Petro en la prevención de la violencia política, lo que genera deterioro económico y envalentona a la delincuencia transnacional».
La propuesta del Comité de Asignaciones sintoniza con la agenda del presidente republicano Donald Trump, quien mantiene una relación tensa con el izquierdista Petro. Es importante señalar que, a pesar de este recorte en la ayuda no militar, los fondos destinados a los servicios de seguridad en Colombia se mantienen.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, se encuentra activamente en el Congreso estadounidense realizando reuniones con congresistas. García Peña ha declarado que este recorte es «parte de un proceso que apenas empieza», y que situaciones similares ocurrieron el año pasado y antepasado. Su objetivo es enviar el mensaje de que la relación bilateral entre ambos países debe mantenerse sólida.
Sin embargo, voces desde el Partido Demócrata y organizaciones expertas han expresado su preocupación. El congresista demócrata James P. McGovern alertó sobre el impacto de estos recortes, manifestando que lo que más le preocupa es que Estados Unidos se haya «alejado de nuestro papel de liderazgo en el apoyo e inversión en la consolidación de la paz en Colombia».
Gimena Sánchez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), coincide con McGovern, señalando un riesgo significativo: «Si Estados Unidos se distancia de países como Colombia en la región y solo se involucra con ellos dentro de una visión estrecha de seguridad, corre el riesgo de que (…) formen alianzas» con Estados considerados «competidores» por Washington.
La situación en Colombia fue recientemente examinada en una sesión informativa de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos. El destino final de este proyecto de ley dependerá de los debates y votaciones en la plenaria de la Cámara de Representantes y, posteriormente, en el Senado.