En las últimas horas, se conocieron las primeras imágenes de los nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca que permanecen secuestrados por las disidencias de las Farc, pertenecientes al autodenominado ‘Estado Mayor Central del Bloque Occidental’. El secuestro ocurrió el pasado jueves 17 de julio en el municipio de López de Micay, cuando el grupo realizaba una misión institucional de carácter social y humanitario. En el video, divulgado por los captores, se observa a siete mujeres y dos hombres en aparente buen estado de salud, sentados en una estructura de madera en zona selvática.
El grupo armado se atribuyó el secuestro y lo justificó alegando que los funcionarios estarían entregando equipos militares al Ejército Nacional, específicamente inhibidores de drones que —según su versión— afectarían la conectividad de comunidades en los 42 municipios del Cauca. En el mismo comunicado, responsabilizaron al gobernador Octavio Guzmán de supuestamente usar recursos públicos con fines bélicos y de exponer a su personal institucional a hostilidades. Sin embargo, la Gobernación rechazó categóricamente esta versión, reiterando que la misión tenía fines estrictamente civiles, enfocada en el fortalecimiento de la participación comunitaria y la promoción de programas sociales.
Hasta ahora, los esfuerzos humanitarios y las solicitudes de acompañamiento por parte de organismos de derechos humanos no han logrado la liberación de los secuestrados, identificados como Eivar Alonso Guerrero, Sergio López, Angélica Barona, Paola Maca, Mónica Bambague, Leydi Guengue, Manuela Caicedo, Elizabeth Yangana y María López. A través de un comunicado y de pronunciamientos en redes sociales, el gobernador y otras autoridades locales reiteraron su llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario y a la protección de los servidores públicos. La exigencia sigue siendo la misma: libertad inmediata para quienes hoy permanecen en poder de un grupo armado ilegal.