En una grave escalada del conflicto armado en el departamento del Cauca, se confirmó el secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación por parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en zona rural del municipio de López de Micay, costa pacífica caucana. Los hechos ocurrieron cuando el grupo de trabajadores se dirigía a poner en funcionamiento equipos tecnológicos, presuntamente en una base militar ubicada en ese sector.
Las primeras versiones indican que los funcionarios fueron interceptados por miembros de los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera, estructuras armadas que tienen presencia en esa región del litoral. Según información de inteligencia compartida por integrantes de la Policía y el Ejército, se conocía previamente de la retención masiva, la cual fue confirmada la noche del jueves 17 de julio mediante un comunicado divulgado por los mismos disidentes.
En dicho comunicado, las disidencias no solo reconocieron el secuestro, sino que también dieron a conocer los nombres de las personas en su poder, así como los dispositivos tecnológicos que portaban y que, según argumentan, motivaron la retención. Los secuestrados son Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
Las autoridades han informado que se encuentra en preparación una comisión humanitaria que se desplazará al municipio de López de Micay con el objetivo de establecer un canal de diálogo que permita la liberación de los funcionarios. Mientras tanto, organismos defensores de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la comunidad internacional han sido alertados sobre este nuevo hecho que vulnera el Derecho Internacional Humanitario y los compromisos del cese al fuego en el marco del proceso de paz.