Versión Infobae.
En medio del polémico evento desarrollado en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín, que contó con la presencia de jefes de organizaciones criminales de la ciudad, el presidente Gustavo Petro envió una petición a la Fiscalía General de la Nación para que visite las cárceles y revise los beneficios otorgados a los presos ha generado debate en el ámbito judicial colombiano.
Así mismo, el medio citado detalló que existe una alternativa para abordar los delitos que continúan cometiendo desde cárceles del país, como es el caso de las estructuras criminales de Medellín.
El ente acusador reconoció que podría abrirse un espacio para explorar negociaciones en estos casos, aunque subrayó que no se trataría de un acuerdo de paz, sino de un proceso de sometimiento a la justicia conforme a la ley. Bajo este esquema, los beneficios disponibles para los implicados resultan considerablemente más limitados.
Sin embargo, el principal obstáculo para efectuar la petición presidencial, según mencionó El Tiempo, radica en la ausencia de una ruta definida sobre qué incentivos pueden ofrecerse a los criminales para que cesen sus actividades ilícitas.
Esto se debe a que en el momento no se ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que establezca el marco jurídico necesario para el sometimiento de los líderes de bandas delincuenciales como los del Valle de Aburrá o de otras regiones donde se desarrollan mesas de diálogo, como en las ciudades de Buenaventura y Quibdó, respectivamente.
En ese sentido, mientras no exista un marco legal que garantice la viabilidad de las futuras conversaciones con los grupos delincuenciales, la Fiscalía vería restringido su papel a la simple gestión de órdenes de captura, especialmente en el caso de organizaciones con mayor peso político, como las disidencias de las Farc o el ELN.
El evento en Medellín, que reunió a autoridades y miembros de organizaciones criminales, ha sido objeto de críticas y análisis en distintos sectores del país, especialmente por la presencia de nueve cabecillas de las organizaciones delincuenciales que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí.
La decisión del presidente de dialogar directamente con los líderes de las bandas ha sido interpretada por algunos como un intento de buscar soluciones alternativas a la crisis de seguridad, mientras que otros lo ven como una legitimación de actores ilegales.
Frente a ello, el presidente Gustavo Petro defendió la presencia de los jefes criminales en La Alpujarra, al catalogarlos como “personas en rehabilitación” y no exintegrantes de grupos al margen de la ley.
“Los presos son personas en rehabilitación. ¡Personas! Ninguno puede perder esa característica de ser un ser, un individuo de la humanidad que tiene derechos. El de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, pero aquí lo volvemos más criminal de cómo entra», afirmó el mandatario nacional durante el Consejo de Ministros realizado el martes 24 de junio de 2025.
Adicional a ello, el jefe de Estado aseguró que lo ocurrido en la capital antioqueña no revictimiza a las víctimas del conflicto, sino que fue una oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita la finalización de la violencia en la ciudad colombiana.
“Los hemos hecho en Buenaventura, Quibdó, Medellín, y quiero abrir uno en Barranquilla. Claro, atacan los procesos por eso, porque las bandas saben la verdad: quiénes hablaron y negociaron con ellos. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, al contrario, fue con los delincuentes que hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra”, manifestó.