La Procuraduría General de la Nación reiteró el llamado de urgencia a garantizar la protección integral, diferenciada y colectiva de los pueblos indígenas de Cauca, debido al escalamiento de las agresiones y el deterioro de la seguridad, particularmente en Caldono, Inzá, Páez, Silvia y Toribío.
El pronunciamiento se basó en el informe trimestral de afectaciones a la vida y el territorio elaborado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, correspondiente al período enero- marzo de 2025, en el que reportaron 83 víctimas de diferentes formas de violencia, que incluyen 17 asesinatos, 18 casos de reclutamiento forzado y 14 desapariciones.
Los hechos motivaron que la Delegada para Asuntos Étnicos solicitara al Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) considerar la adopción de medidas culturalmente adecuadas y colectivas, más allá de los esquemas individuales, así como fortalecer los mecanismos de articulación con las autoridades indígenas, permitiendo así la construcción de rutas efectivas de protección territorial, espiritual y organizativa.
Asimismo, el ente de control requirió a la Fiscalía General de la Nación información actualizada sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los crímenes de William Pavi Ramos, Edgar Tumiñá Gembuel y Lorenzo Muse, entre otros.