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Aprueban en primer debate proyecto que busca reducir gradualmente el impuesto del 4×1000 en Colombia

segundo debate en la plenaria de la Cámara de RepresentantesCon 19 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que propone la reducción gradual del impuesto del 4×1000, uno de los tributos más polémicos en Colombia desde su creación en 1998.

El proyecto, liderado por los representantes Christian Garcés, Katherine Miranda y Antonio Zabarain, propone un desmonte progresivo del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). La reducción comenzaría en 2027 con una disminución del 0,25 %, aumentaría a 0,5 % en 2029 y el impuesto desaparecería por completo en 2035.
En este sentido, en 2027 el 4×1.000 pasaría a 3,75×1.000 (0,375 %). A partir de entonces, disminuiría anualmente en 0,5×1.000 (0,05 puntos porcentuales): en 2028 sería de 3,5×1.000, en 2029 de 3×1.000, y así sucesivamente hasta alcanzar 0x1.000 en 2035.
Por ejemplo, por transferir un millón de pesos, que actualmente cuesta 4.000, en 2027 costaría 3.750 pesos, en 2028 3.500 pesos, y así sucesivamente hasta que el impuesto se elimine por completo.
“Una propuesta responsable para impulso de la reactivación económica, aliviar carga a empresas y emprendedores, fomentar la inclusión financiera y lo más importante: sin afectar las finanzas del país”, aseguró Garcés, representante del Centro Democrático, tras la votación en su cuenta de X.

¿Qué es el 4×1000?

El 4×1000, o Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), es un impuesto que cobra cuatro pesos por cada mil en transacciones bancarias como retiros, pagos o transferencias.

Fue creado en 1998, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, como una medida temporal para hacer frente a la crisis financiera que golpeó al país ese año, marcada por la quiebra de varios bancos y la recesión económica. En su origen, la tarifa era de 2×1000 y debía regir por solo un año.

Aunque inicialmente la medida tenía una vigencia temporal, en 1999, bajo la emergencia económica causada por el terremoto en la zona cafetera, el impuesto se prolongó por un año más, modificando además el destino de los recaudos hacia la atención del desastre.

Sin embargo, el gravamen fue prolongado por distintos gobiernos y en el año 2000 se amplió a 3×1000. Finalmente, en 2003, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, se incrementó al 4×1000 actual y se estableció como permanente en el Estatuto Tributario.

Desde entonces, ha sido una fuente constante de ingresos para el Estado (alrededor de $15 billones anuales, equivalentes al 5 % del recaudo total), pero también una de las más criticadas.

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