Ante la falta de un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro, las comunidades de la región del Cañòn del Micay en los municipios de Argelia y El Tambo, se declararon en asamblea permanente y anuncian nuevas movilizaciones para exigir ser escuchados. En un comunicado hecho público sostienen que “vemos con preocupación lo que viene sucediendo en nuestros territorios y comunidades a costa de la guerra y la propuesta de construcción de una represa vulnerando la consulta comunitaria, la interlocución y reconocimiento como sujetos de derechos y de especial protección como manda la Constitución Política de Colombia de 1991; afrontando las consecuencias de las acciones gubernamentales sin ser escuchados y sin establecerse garantías de los derechos comunitarios”. Reiteran que no están de acuerdo con el proyecto de la construcción de la hidroeléctrica Arrieros de Micay y que no comparten la militarización de esa región. Exigen al mismo tiempo que sea derogados y anulados los títulos mineros y adjudicar tierra para los campesinos.
Al declararse en asamblea permanente, las comunidades de la región del Cañòn del Micay entre los municipios de Argelia y El Tambo emitieron un comunicado al gobierno tanto locales como departamental y nacional. Ese comunicado expresa: “Las comunidades y poblaciones culturales campesinas del cañón del Micay habitantes legítimos desde hace más de 70 años de los municipios de El Tambo y Argelia; vemos con preocupación lo que viene sucediendo en nuestros territorios y comunidades a costa de la guerra y la propuesta de construcción de una represa vulnerando la consulta comunitaria, la interlocución y reconocimiento como sujetos de derechos y de especial protección como manda la Constitución Política de Colombia de 1991; afrontando las consecuencias de las acciones gubernamentales sin ser escuchados y sin establecerse garantías de los derechos comunitarios. Después de varios meses pidiendo espacios de diálogo, concertación y construcción colectiva, nos declaramos en asamblea permanente y exigimos a la administración municipal, departamental y nacional los siguientes puntos:
- Desistir de la construcción de la hidroeléctrica arrieros del Micay.
- Avanzar en la materialización de la política de reconocimiento del campesinado como poblaciones culturales sujetos de derechos de especial protección constitucional garantizando su permanencia en el territorio y de no discriminación.
- Adjudicar la tierra y el reconocimiento del territorio colectivo a los campesinos.
- Derogar y anular los títulos mineros concedidos a multinacionales y que afectarían nuestros territorios.
- Rechazamos la militarización de los territorios pues la salida al conflicto armado no es con militares violando el Derecho Internacional Humanitario DIH.
- Se solicita a los organismos de veeduría y derechos humanos que sean garantes en la mesa de interlocución y dialogo entre comunidades y entidades gubernamentales.
Finalmente indican que “Continuaremos en nuestras acciones de movilización hasta que nuestras exigencias sean escuchadas y avancemos en la construcción colectiva de soluciones que garanticen la justicia social y ambiental”.