Observatorio de DDHH y Conflictividades de Indepaz
Presentación y metodología
Este informe acompaña la serie gráfica “100 días en cifras” y describe los principales indicadores de violencia contra liderazgos sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, víctimas de masacres, desplazamiento forzado, afectaciones a integrantes de la fuerza pública, acciones militares y denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las categorías corresponden a fenómenos distintos y no deben sumarse como si representaran personas o hechos únicos.
El balance institucional de asesinatos de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y masacres tiene corte al 15 de noviembre de 2026, según la actualización del seguimiento de INDEPAZ para esta publicación. Las cifras presentadas corresponden a distintos hechos de violencia. No deben sumarse entre sí, porque algunas registran personas y otras registran hechos. Además, una misma víctima puede aparecer en más de un indicador.
El desplazamiento forzado se refiere únicamente a agosto y septiembre de 2026; los 339 hechos clasificados como terrorismo conservan el corte del 5 de noviembre. Las cifras externas se identifican junto a cada indicador.
1. Violencia contra la población civil 100 DÍAS · BALANCE DE DERECHOS HUMANOS | 7 DE AGOSTO AL 15 NOV 2026 INDEPAZ | OBSERVATORIO DE DD. HH. Y CONFLICTIVIDADES
1.1. Asesinatos de líderes sociales y personas defensoras INDEPAZ registra 45 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en los cien primeros días de la presidencia de Abelardo de la Espriella: 36 hombres y 9 mujeres. Durante el período de referencia, esto equivale aproximadamente a un asesinato cada 2,2 días. El dato registra homicidios de personas que ejercían funciones de liderazgo o defensa de derechos; no constituye por sí solo una conclusión judicial sobre el móvil de cada crimen. La pérdida de un liderazgo no se agota en la víctima individual. En muchos territorios implica el debilitamiento de juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, procesos indígenas y afrodescendientes, colectivos juveniles y redes de defensa de derechos. Puede generar temor, silenciamiento, desplazamiento de otras personas líderes y restricciones a la participación comunitaria. Líderes sociales asesinados por departamento Desde la presidencia de Abelardo de la Espriella Fuente: INDEPAZ · La afectación territorial se concentra en Cauca (11 casos) y Antioquia (8); siguen Putumayo (4), y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander (3 cada uno). Los liderazgos comunitarios y comunales reúnen 24 casos (13 y 11, respectivamente). 100 DÍAS · BALANCE DE DERECHOS HUMANOS | 7 DE AGOSTO AL 15 NOV 2026 INDEPAZ | OBSERVATORIO DE DD. HH. Y CONFLICTIVIDADES En 44 de los 45 casos el registro disponible no identifica al presunto autor. Esa ausencia de atribución verificable no equivale a inexistencia de investigaciones: señala el límite del monitoreo público y la necesidad de avances en esclarecimiento, identificación de autores materiales e intelectuales y garantías para las comunidades. Los liderazgos comunitarios (13) y comunales (11) suman 24 de los 45 casos: más de la mitad del registro. Este perfil es importante porque se trata de personas que gestionan necesidades cotidianas, interlocución con instituciones y resolución de conflictos locales. Los siete casos de liderazgos indígenas exigen además una lectura de afectaciones colectivas a las autoridades y formas propias de organización. La concentración en Cauca y Antioquia debe examinarse junto con disputas armadas, economías ilegales, pretensiones de control social por los actores armados y debilidad de garantías de protección por el Estado.
1.2. Asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz Se registran 8 firmantes asesinados, todos hombres. Nariño y Cauca reportan dos casos cada uno; Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo registran uno por departamento. Este indicador permite observar los riesgos persistentes para personas en proceso de reincorporación y requiere diferenciar la condición de firmante de otras modalidades de reintegración. INDEPAZ contrasta y comparte información sobre los casos de firmantes con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. El contraste permite revisar identidad, condición de firmante, fecha, lugar y circunstancias del hecho, así como corregir registros cuando aparece nueva información. No supone que las entidades utilicen idénticos criterios, fechas de actualización o cifras públicas. El asesinato de una persona firmante compromete mucho más que la seguridad individual: afecta la confianza en la reincorporación, altera proyectos productivos y familiares y puede incrementar el temor de otras personas excombatientes que permanecen en la legalidad. Por ello, el indicador debe leerse a la luz de las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final y de las condiciones concretas de los territorios de reincorporación.
1.3. Masacres y víctimas El Observatorio registra 26 masacres con 87 víctimas, entre ellas 5 menores de edad. Las 87 víctimas no equivalen a 87 hechos: son personas afectadas dentro de los 26 eventos. Valle del Cauca concentra 6 masacres; Antioquia y Tolima, 3 cada uno; Huila, 2. Por número de víctimas sobresalen Valle del Cauca (18), Tolima (12), Huila (10) y Antioquia (9). La información no debe mezclarse automáticamente con la de asesinatos de líderes o firmantes, pues podría haber coincidencias entre categorías. Las masacres generan temor colectivo y pueden alterar la movilidad, la vida comunitaria y la permanencia en el territorio. Para interpretar sus causas se requiere analizar, caso por caso, disputas armadas, estructuras criminales, posibles retaliaciones y contextos locales; no es riguroso atribuir de forma generalizada los 26 hechos a una misma organización ni concluir que todos obedecen a una sola dinámica.
La distribución de las masacres y de sus víctimas no es idéntica: Valle del Cauca registra seis hechos y 18 víctimas; Tolima, 12 víctimas; Huila, 10; y Antioquia, nueve. Un departamento puede concentrar más víctimas por la magnitud de uno o varios episodios, sin ser necesariamente el que tiene más eventos.
El caso de Suaza, Huila, con siete víctimas, ilustra por qué es necesario observar ambos indicadores. Para este seguimiento, una masacre es el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, por un mismo autor y en circunstancias comunes de modo, tiempo y lugar. La definición permite comparar eventos, pero no sustituye la investigación penal de cada hecho.
La cifra de 87 víctimas expresa la dimensión humana de los 26 episodios y exige atención diferenciada cuando hay niños, niñas y adolescentes.
2. Desplazamiento forzado Para agosto y septiembre de 2026 se reportan 17 eventos de desplazamiento que afectaron a 6.667 personas; 13 eventos fueron masivos. Cauca encabeza el registro con 3.474 personas (52,1% del total), seguido de Chocó (1.609), Antioquia (739) y Bolívar (424).
La información señala que 63,7% de las personas desplazadas estuvieron afectadas por combates entre grupos armados. El indicador expresa expulsión forzada del territorio y ruptura de la vida comunitaria, pero no representa un acumulado completo de los primeros 100 días.
Cauca concentra poco más de la mitad de las personas desplazadas durante el período observado. Esta situación está relacionada, entre otros hechos, con la grave emergencia humanitaria registrada en agosto en Cajibío, especialmente en los corregimientos de Ortega y Chaux, donde los enfrentamientos armados, los ataques con drones y los riesgos para la población civil obligaron a numerosas familias a abandonar sus hogares y dejaron a otras comunidades confinadas. La cifra evidencia una afectación territorial particularmente intensa, pero no representa el acumulado nacional de los cien días: es el registro disponible para dos meses.
Trece de los diecisiete eventos se clasificaron como desplazamientos masivos. La referencia al 63,7 % de personas desplazadas por combates entre grupos armados apunta a una causa registrada para ese subconjunto, no a la explicación única de todos los desplazamientos.
3. Confrontación armada y acciones militares
3.1. Integrantes de la fuerza pública asesinados y heridos La presentación recoge 43 uniformados asesinados y 219 heridos, atribuidos a balances del Ministerio de Defensa divulgados por medios de comunicación. Son indicadores de afectación a la fuerza pública y no deben interpretarse como una medida directa de afectación civil ni como una evaluación aislada de la eficacia de las operaciones militares. Los homicidios y las lesiones de integrantes de la fuerza pública muestran la persistencia de la confrontación y la capacidad de daño de los actores armados. Su análisis requiere distinguir ataques en operaciones, emboscadas y otros hechos, además de verificar autoría, contexto y afectaciones indirectas a comunidades cercanas. No se trata de indicadores equivalentes a los homicidios de civiles y no deben agregarse como si fueran una sola categoría.
3.2. Hechos reportados como terrorismo De acuerdo con el balance del Ministerio de Defensa difundido por medios de comunicación, entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026 se registraron 339 hechos clasificados como terrorismo. Esta cifra refleja la persistencia de distintas modalidades de violencia armada en el país, incluidos ataques con explosivos, hostigamientos y otras acciones que ponen en riesgo tanto a integrantes de la fuerza pública como a la población civil. Uno de los aspectos más preocupantes es el uso creciente de drones adaptados para transportar y lanzar explosivos por parte de grupos armados ilegales. Esta modalidad ha transformado las dinámicas de confrontación en varios territorios, particularmente en el Cauca y el Catatumbo, donde se han denunciado ataques en inmediaciones de viviendas, escuelas y otros espacios comunitarios. Los drones permiten realizar ataques a distancia y dificultan que las comunidades identifiquen oportunamente el peligro. Sus efectos no se limitan a las víctimas directas: también generan miedo, restringen la movilidad, interrumpen las actividades educativas y productivas y pueden provocar desplazamientos forzados y confinamientos. En territorios como el norte del Cauca, las comunidades han tenido que buscar refugio ante explosiones y enfrentamientos ocurridos cerca de sus lugares de residencia. Esta situación evidencia que las consecuencias de la confrontación armada van más allá de las bajas militares o los daños materiales. La población civil termina expuesta a nuevas formas de violencia, incluso cuando los ataques tienen como objetivo declarado a integrantes de la fuerza pública. Es importante precisar que los 339 hechos corresponden a una categoría de registro utilizada por el Ministerio de Defensa. No significa que se hayan presentado 339 ataques con drones, ni que todos los hechos hayan ocasionado víctimas civiles o puedan atribuirse a un mismo grupo armado.
3.3. Bombardeos Durante los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella se documentaron 8 bombardeos. Los bombardeos contra objetivos militares pueden estar permitidos por el derecho internacional humanitario (DIH), pero su legalidad no es automática. Toda operación debe cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, orientados a proteger a la población civil y evitar daños indiscriminados o excesivos. Una preocupación especial es la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en los campamentos que se pretende bombardear. El reclutamiento de menores de 18 años por grupos armados está prohibido y constituye una grave vulneración de sus derechos. Estos menores son víctimas del reclutamiento, incluso cuando han sido incorporados a estructuras armadas o sometidos a entrenamiento militar. Por esta razón, antes de ordenar un bombardeo es indispensable evaluar cuidadosamente la información disponible sobre la presencia de menores reclutados, su situación concreta y los riesgos que enfrentarían. La existencia de un objetivo militar no elimina la obligación de proteger a los menores ni autoriza ataques indiscriminados. Deben adoptarse todas las precauciones factibles para verificar el objetivo, reducir los daños y suspender o cancelar la operación cuando las circunstancias así lo exijan. Desde una perspectiva de derechos humanos, la prioridad debe ser evitar que los niños, niñas y adolescentes reclutados terminen siendo víctimas de las operaciones militares dirigidas contra los grupos que los reclutaron. Esto exige fortalecer la inteligencia, la verificación previa, las alternativas operacionales menos lesivas cuando sean factibles y los mecanismos de recuperación, desvinculación y protección de menores. Finalmente, el número de bombardeos no permite establecer por sí solo sus resultados militares ni sus consecuencias humanitarias. Para determinar posibles afectaciones a civiles o menores de edad es necesario contar con información verificable sobre cada operación, las víctimas, las precauciones adoptadas y las investigaciones correspondientes. Por ello, este informe no incorpora cifras de personas muertas o heridas que no hayan podido ser confirmadas.
4. Presuntas ejecuciones extrajudiciales El seguimiento de INDEPAZ identifica al menos seis denuncias que deben presentarse como presuntas ejecuciones extrajudiciales, sin anticipar conclusiones judiciales. La calificación definitiva de los hechos, la atribución individual de responsabilidad y el estado procesal de cada caso requieren corroboración documental. En el examen de cada denuncia interesa establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar; presencia y actuación de agentes estatales; testimonios; información forense; actuaciones de Fiscalía y Procuraduría; y medidas de protección para familiares o testigos. La expresión “presunta ejecución extrajudicial” debe mantenerse hasta que las investigaciones permitan precisar los hechos y las responsabilidades. Los seis casos consignados son: Donovan Balanta Paz (Bogotá, 20 de septiembre); Ricardo Andrés Rodríguez Martínez (Santa Marta, Magdalena, septiembre); Luis Carlos Mojica Guzmán (La Macarena, Meta, 22 de septiembre); Luis Alfredo Chocó Echeverry (Villa Rica, Cauca, 27 de septiembre); Keiner Banguera Mancilla (El Charco, Nariño, 2 de octubre); y Jhesmy Yasmín Rodríguez Calzada (Meta, 17 de octubre).
Preocupa que, en el afán de mostrar resultados operacionales en la lucha contra los grupos armados, puedan presentarse graves abusos por parte de integrantes de la fuerza pública, como las presuntas ejecuciones extrajudiciales que hoy se denuncian. Colombia ya vivió las consecuencias de esta lógica con los llamados falsos positivos, cuando civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate. Esa historia no puede repetirse. La presión por obtener resultados militares nunca puede estar por encima del respeto a la vida y los derechos humanos.
Por ello, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control para que investiguen de manera pronta, rigurosa e independiente cada uno de estos casos, esclarezcan las circunstancias de los hechos, determinen las posibles responsabilidades y garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias. Ninguna denuncia de esta gravedad puede quedar en la impunidad. 5. Lectura final: la población civil sigue pagando el costo de la violencia Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un panorama preocupante en materia de derechos humanos y conflicto armado.
Los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, las masacres, los desplazamientos forzados y las afectaciones a las comunidades muestran que la violencia continúa teniendo graves consecuencias sobre la población civil, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto. Estas cifras no representan solamente hechos aislados. Detrás de cada asesinato hay familias, comunidades y organizaciones afectadas. La muerte de un líder social debilita procesos comunitarios, afecta la participación y genera temor entre quienes defienden los derechos humanos y el territorio. El asesinato de un firmante de paz golpea las garantías de reincorporación y la confianza en el Acuerdo de Paz. Cada masacre deja profundas heridas en las comunidades, mientras que los desplazamientos forzados significan la pérdida del hogar, de los medios de vida y de las relaciones construidas durante años. Preocupa también la persistencia de las confrontaciones armadas, el uso de drones con explosivos y los riesgos asociados a las operaciones militares, especialmente cuando pueden encontrarse niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.
A esto se suman las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que deben ser investigadas de manera pronta, rigurosa e independiente.
Colombia ya vivió las graves consecuencias de los llamados falsos positivos y no puede permitir que la presión por mostrar resultados militares dé lugar a nuevas violaciones de los derechos humanos. La seguridad no puede medirse únicamente por el número de operaciones militares, capturas, bombardeos o bajas en combate. También debe evaluarse por la capacidad del Estado para proteger la vida, prevenir el desplazamiento, garantizar los derechos de las comunidades y evitar que los territorios sigan sometidos a la violencia de los grupos armados. Los hechos registrados durante este período no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del actual gobierno, pues responden también a dinámicas territoriales y conflictos que vienen de años atrás. Sin embargo, al Estado le corresponde prevenir estas violencias, proteger a la población y responder de manera efectiva ante los riesgos identificados. La responsabilidad de garantizar los derechos humanos y proteger a las comunidades no puede quedar subordinada a la búsqueda de resultados militares.
El desafío no consiste solamente en enfrentar militarmente a los grupos armados, sino en recuperar las condiciones de seguridad y convivencia en los territorios, fortalecer las instituciones civiles, garantizar la implementación del Acuerdo de Paz y evitar que las comunidades continúen pagando el costo de la confrontación. Para ello, es indispensable atender las causas sociales, económicas y territoriales que alimentan la violencia, fortalecer las capacidades de las comunidades y garantizar la presencia integral del Estado. Desde INDEPAZ seguiremos insistiendo en que el diálogo y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado son el mejor camino para poner fin a la violencia y evitar que se sigan perdiendo vidas humanas.
La respuesta militar, por sí sola, no resolverá las causas profundas de la violencia ni garantizará una paz duradera. Es necesario mantener abiertos los caminos del diálogo, buscar acuerdos que permitan reducir las confrontaciones, proteger a la población civil y avanzar en transformaciones que respondan a las necesidades de las comunidades. Esta convicción tiene también un fundamento constitucional.
El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia establece que «La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». Por tanto, la búsqueda de la paz no puede entenderse únicamente como una opción política de los gobiernos, sino como un compromiso del Estado y de toda la sociedad. Este mandato debe orientar las decisiones públicas y recordar que la protección de la vida y la construcción de una paz estable y duradera son responsabilidades que no pueden abandonarse. Insistir en la paz no significa desconocer la gravedad de la violencia, justificar las acciones de los grupos armados ni renunciar a la justicia. Significa reconocer que Colombia necesita superar la guerra, proteger a quienes habitan los territorios y construir soluciones que permitan que las nuevas generaciones no sigan viviendo bajo el miedo y la amenaza de las armas. La verdadera medida de una política de seguridad debe ser la protección de la vida.