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El run run

Hoy es Sàbado 03 de Octubre de 2026. Aquì la frase para iniciar la sección de opinión: «La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada» — Confucio.

 

…  Ya son  77 dìas del secuestro de Don Luis Alfredo Hermosa y su esposa Luz Bolivia Guevara, quienes necesitan de su libertad. Sus hijos, nietos y demás familiares los esperan de regreso. Tambièn estamos haciendo el llamado para que dejen en libertad otras personas que siguen secuestradas en varios municipios del Cauca.

Ninguna causa puede justificar el sufrimiento que hoy afrontan estas familias.

 

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…  El secuestro regresa al Cauca con fuerza: una recompensa de 100 millones que refleja la desesperación de un departamento agotado

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, tomó una decisión que habla tanto de la gravedad de la situación como de la urgencia de los tiempos: ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y liberar a las personas secuestradas en Popayán, Timbío, López de Micay y otros municipios del departamento. Entre los casos que más conmueven está el de Duván Gómez Yela, un estudiante de bachillerato de la Institución Educativa Carlos M. Simmonds de Popayán que lleva privado de su libertad desde el 18 de septiembre, cuando fue plagiado en la vía La Rejoya en zona rural del municipio. A ese caso se suma el secuestro de Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara, una pareja de adultos mayores retenidos en el municipio de Timbío. Que el Cauca tenga hoy varios secuestrados activos, entre ellos un adolescente y unos abuelos, es una realidad que no debería ser posible en 2026 y que exige una respuesta del Estado proporcional a la magnitud del crimen.

El secuestro es uno de los delitos más atroces que puede cometer un ser humano contra otro, porque no solo priva de libertad a la víctima sino que condena a su familia a una angustia permanente e insoportable. Los familiares de Duván, de Luis Alfredo y de Luz Bolivia llevan semanas viviendo en la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos, en qué condiciones se encuentran y cuándo van a regresar. La solidaridad que el gobernador Guzmán expresó hacia estas familias es necesaria y bienvenida, pero lo que estas personas necesitan con urgencia no son palabras de consuelo sino resultados concretos: la liberación de sus familiares vivos y la captura de los responsables. La recompensa de 100 millones puede ser un incentivo valioso para que alguien con información decida hablar, y por eso es importante que la ciudadanía sepa que puede reportar de manera confidencial a través de la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional.

El Cauca no puede seguir acumulando secuestros, asesinatos de policías, ataques con drones y desplazamientos masivos como si fueran noticias normales de la cotidianidad. Hay un límite en la capacidad de resistencia de las comunidades y ese límite ya se está alcanzando. El gobernador Guzmán tiene razón en articular acciones con la Fuerza Pública y las autoridades judiciales para enfrentar el secuestro y la extorsión, pero esa articulación necesita el respaldo decidido y los recursos del Gobierno Nacional, que no puede seguir tratando al Cauca como un departamento de segunda categoría en materia de seguridad. A quienes tienen privadas de libertad a estas personas les pedimos que respeten sus vidas y las liberen de inmediato: un adolescente y una pareja de abuelos no son combatientes ni tienen nada que ver con los conflictos de quienes los retienen. Que el Cauca no tenga que llorar más muertes ni más secuestros. Que regresen a casa.

 

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… El Cauca político mueve sus fichas: Bastidas, Quilcué y Moncayo tejen una alianza que puede sorprender

En política, cuando los que saben se reúnen en silencio, algo importante está cocinándose. Y lo que se viene viendo en el Cauca político de los últimos días merece atención: el representante Jorge Bastidas Rosero, la representante Aída Quilcué y la representante Luz Miriam Moncayo han sido vistos en varias reuniones con dos pesos pesados de la política caucana, el ex congresista y ex gobernador Temístocles Ortega Narváez y el ex gobernador Elías Larrahondo Carabalí, dos figuras con experiencia, con redes territoriales y con un conocimiento profundo del mapa político del departamento. Que estos nombres estén sentados en la misma mesa no es casualidad: es la señal de que en el Cauca se está intentando construir una gran alianza que podría cambiar el panorama electoral para las próximas elecciones de alcaldías y gobernación, y que quienes la impulsan han decidido que el momento de actuar es ahora, antes de que otros definan el terreno.

Lo más interesante de este movimiento es la diversidad de los actores que lo componen. Bastidas, Quilcué y Moncayo representan corrientes políticas y sociales distintas, y el hecho de que estén conversando con voceros de organizaciones sociales y movimientos populares sugiere que la alianza que se está construyendo no pretende ser solo un acuerdo entre élites políticas sino una articulación más amplia que incluya a las bases organizadas del departamento. Si logran consolidar esa convergencia y sumar a Ortega Narváez y Larrahondo Carabalí con sus respectivas redes, estarían ante una fuerza política de considerable peso en el Cauca. El reto, como siempre en la política regional, será pasar de las reuniones a los acuerdos concretos, de los acuerdos a las candidaturas y de las candidaturas a los votos. El tablero apenas está tomando forma, pero las piezas ya empezaron a moverse.

 

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… El Pacto Histórico en Popayán: muchos nombres, poca claridad y un reloj que no se detiene

El Pacto Histórico en Popayán enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos de cara a las próximas elecciones locales: la ausencia de una figura clara, unificada y con peso político suficiente para disputar la Alcaldía de la Ciudad Blanca con posibilidades reales de ganar. Los nombres que circulan en los corrillos políticos del petrismo payanés son varios, pero ninguno ha logrado hasta ahora generar el entusiasmo ni el consenso interno que una candidatura competitiva requiere. Se habla de Víctor Fuly Guevara, Amadeo Cerón Chicangana, Oscar Ospina Quintero y César Andrés Uzuriaga, entre otros, como posibles aspirantes por esta corriente política, pero por ahora son más los rumores que las definiciones. A eso se suma la incomodidad que generan los comentarios sobre asistentes del representante Jorge Bastidas que también sueñan con la Alcaldía, uno de los cuales carga con señalamientos por presunto acoso que, de confirmarse, serían un lastre insostenible para cualquier candidatura en los tiempos que corren.

Lo cierto es que por el Pacto Histórico para la Alcaldía de Popayán, por ahora no pasa nada, y eso es exactamente el tipo de inmovilismo que las elecciones no perdonan. Mientras otros sectores políticos avanzan en la construcción de sus candidaturas y en el trabajo territorial con las comunidades, el petrismo payanés sigue enredado en conversaciones internas que no terminan de producir resultados. La lista para el Concejo Municipal tampoco tiene nada consolidado, lo que complica aún más la perspectiva electoral de una fuerza que en el Cauca sigue teniendo simpatizantes pero que no logra traducir esa simpatía en organización efectiva. Claro que puede surgir un nombre con mayor peso político que cambie el panorama de manera súbita, como suele pasar en la política regional. Pero el tiempo no espera, y quien no empiece a construir desde ahora llegará tarde al partido.

 

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… César Cristian Gómez Castro: el que se mueve sin hacer ruido puede ser el que más sorprende

En la política caucana hay una máxima que los veteranos conocen bien: el que anuncia demasiado pronto quema su candidatura, y el que trabaja en silencio con las comunidades y los líderes construye lo que ningún anuncio mediático puede fabricar. César Cristian Gómez Castro parece haber entendido esa lección mejor que nadie. El ex alcalde de Popayán y ex representante a la Cámara viene despertando simpatías crecientes en el sonajero político caucano, y quienes lo conocen dicen que su trabajo de construcción política para la Gobernación del Cauca es sólido, metódico y con una vocación territorial que lo diferencia de los aspirantes que se mueven únicamente en los círculos del poder central. Sus recorridos por el norte del Cauca en Santander de Quilichao y por la zona centro en Popayán, reuniéndose con líderes y militantes liberales, son la evidencia de que Gómez Castro no está esperando que las elecciones lleguen sino que está construyendo desde ahora el terreno donde quiere pararse.

Lo que más llama la atención de su partido político liberal es la amplitud de los interlocutores con quienes ha venido conversando. Verlo dialogando con dirigentes de varios partidos políticos y con figuras tan experimentadas como los ex gobernadores Temístocles Ortega Narváez y Elías Larrahondo Carabalí dice que Gómez Castro está pensando en algo más grande que una candidatura liberal: está pensando en una convergencia política que trascienda los límites partidistas y que pueda competir con fuerza real en las próximas elecciones regionales. Algo se trae Gómez Castro, y ese algo cada vez suena más a una aspiración seria a la Gobernación del Cauca. El tiempo dirá si las conversaciones se convierten en acuerdos y los acuerdos en votos, pero por ahora es uno de los nombres que más crece en las proyecciones políticas del departamento.

 

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Editorial:  El Cauca entre elecciones y violencia: la política no puede ignorar la crisis de seguridad

El calendario político colombiano ya comenzó a moverse con miras a las elecciones de octubre para alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales y gobernaciones, y el Cauca no es ajeno a ese movimiento. Organizaciones sociales, comunitarias y políticas de distintos sectores vienen reuniéndose para definir candidatos y estrategias de cara a un proceso electoral que se perfila competido y complejo en el departamento. Sin embargo, hay una realidad que ningún candidato puede ignorar si quiere ser tomado en serio por los caucanos: el deterioro del orden público sigue siendo la preocupación más urgente y más sentida de las comunidades, y cualquier propuesta política que no tenga una respuesta clara frente a la seguridad llegará coja a la contienda electoral.

El Gobierno Nacional ha intensificado sus operaciones de seguridad en Cali, el Valle del Cauca y Santa Marta, con resultados que las comunidades de esas regiones están empezando a sentir. Pero el Cauca sigue esperando una intervención de la misma contundencia, y esa espera se hace cada vez más difícil de justificar ante un departamento que encabeza las estadísticas de ataques con drones, que tiene secuestrados activos en Popayán y Timbío, que llora el asesinato de policías y que ve cómo los grupos armados ilegales operan con una audacia que el Estado no ha logrado frenar. Que la intervención del Cauca no tarde tanto tiempo no es solo un deseo ciudadano: es una exigencia constitucional del Estado hacia sus propios habitantes.

En Popayán, la situación merece atención especial. Los casos de sicariato que se han registrado en la ciudad y los secuestros activos de un estudiante de bachillerato y una pareja de adultos mayores en Timbío han generado una percepción de inseguridad que se traduce en miedo y temor cotidiano entre la ciudadanía. La capital caucana no puede seguir siendo vista como una ciudad donde la criminalidad avanza sin encontrar una respuesta efectiva del Estado. Los candidatos que aspiren a la Alcaldía de Popayán tienen la obligación de poner la seguridad ciudadana en el centro de sus propuestas, con planes concretos, creíbles y financiables, y no con discursos que suenen bien en los debates pero que no cambien la realidad de las calles.

El Cauca llega a este proceso electoral con heridas abiertas y con una ciudadanía que exige más que promesas. La política regional tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de estar a la altura de ese momento. Los candidatos que entiendan que gobernar el Cauca hoy significa enfrentar la crisis de seguridad con determinación, gestionar recursos para el desarrollo con eficiencia y construir confianza con las comunidades desde la honestidad, serán los que merezcan el voto de los caucanos. Los que lleguen solo a ocupar un cargo sin asumir el peso de lo que ese cargo implica en un departamento tan complejo como este, ya sabemos cómo terminan esas historias.

 

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Tomado del diario El Tiempo. El Estado en desacato

Por Francisco Barbosa.
La cita anual de la justicia constitucional tuvo lugar la semana pasada en Bucaramanga. Bajo el liderazgo de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, se adelantó el XXI encuentro de esa corporación. Los debates fueron apasionantes: derechos sociales, democracia, salud, pensiones y el papel de las instituciones en la defensa de la Constitución. Una cuestión atravesó las discusiones: la tensión entre el reconocimiento de los derechos y los recursos necesarios para hacerlos efectivos.
En materia de tutela, las cifras muestran la dimensión del problema. Entre enero y agosto de este año se recibieron 781.484 acciones, un 26 % más que en el mismo periodo de 2025. El año pasado se radicaron más de 1,2 millones en los despachos judiciales. El derecho a la salud ocupa un lugar central en este panorama: cerca de 315.000 tutelas correspondieron a ese sector, un 18 % más que en 2024, y el 78 % se falló a favor del paciente.
La protección del derecho a la salud enfrenta, además, el problema del cumplimiento. Se ha señalado que cerca del 60 % de estas tutelas terminan en desacato. La orden judicial se obtiene, pero no se cumple: a la falla administrativa se suma el incumplimiento de la decisión que debía corregirla. Obtener una sentencia y tener que reclamar después su ejecución convierte la protección constitucional en un recorrido interminable. El paciente no necesita coleccionar decisiones favorables: necesita el medicamento, el tratamiento o la cirugía. La eficacia de un derecho se mide en la vida del ciudadano.
El nuevo gobierno debe concentrarse en recuperar el funcionamiento de los sectores que determinan esa vida: educación, salud, energía, seguridad y pensiones. Su éxito deberá reflejarse en que menos personas necesiten una tutela para acceder a servicios esenciales. La situación fiscal obliga, además, a hablar con claridad.
También llegará el momento de discutir una reforma de la tutela. La primera tarea consiste en fortalecer la capacidad de la Corte para concentrarse en los asuntos de mayor relevancia constitucional. Colombia ya tiene revisión eventual y criterios de selección. El debate debe centrarse en su eficacia, tomando elementos del certiorari estadounidense para priorizar casos que permitan unificar jurisprudencia o enfrentar vulneraciones graves y extendidas.
Otra experiencia que merece estudiarse es la cuestión prioritaria de constitucionalidad francesa. Durante un proceso, una persona puede cuestionar una disposición legal que considere contraria a los derechos y las libertades constitucionales. Mediante filtros judiciales, el asunto puede llegar al Consejo Constitucional. Su objeto es examinar la norma aplicable al litigio. Es una referencia para pensar cómo resolver oportunamente problemas constitucionales dentro de los procesos.
La segunda discusión concierne a las tutelas contra sentencias de las altas cortes. Propongo que cualquier control excepcional quede reservado a otra alta corporación, con competencias expresas y causales estrictas. Las decisiones de cierre necesitan estabilidad; su revisión constitucional debe responder a una vulneración grave y acreditada. Una reforma de esta naturaleza debe debatirse en el plano constitucional, preservando tanto los derechos fundamentales como la seguridad jurídica.
Un Estado no puede esconder los derechos detrás de sus dificultades fiscales ni creer que las acciones judiciales reemplazan su eficacia. La tutela debe conservar su fuerza, pero su existencia no releva al Gobierno de cumplir sus obligaciones. Gobernar exige convertir las promesas en servicios que funcionen. Una democracia no puede resignarse a que conseguir un medicamento, una pensión o un cupo escolar dependa de una orden judicial. Cuando el ciudadano tiene que litigar para vivir con dignidad, el Estado ha incumplido su razón de ser.
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