La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de Santander de Quilichao, Cauca, por aparentemente no adoptar las medidas necesarias para cancelar los servicios públicos prestados al municipio desde 2010, y por la presunta apropiación de los recursos destinados para el pago de la deuda adquirida por ese concepto, la cual asciende a 73.700 millones de pesos.
El órgano de control señaló que varios de los rubros adeudados ya cuentan con fallo judicial en contra de la administración municipal, lo que estaría generando presuntamente una mora, y con ello causación de intereses, además de poner en riesgo la prestación del servicio domiciliario de energía.
Entre otras pruebas, la Procuraduría requirió a la alcaldía de Santander de Quilichao un informe detallado donde se relacionen todas las actividades administrativas y financieras adelantadas por el municipio para solventar la deuda adquirida con la empresa prestadora del servicio, incluyendo las correspondientes incorporaciones en el presupuesto municipal y el pago de las sentencias judiciales que se tengan por ese concepto.